La escalada de Pedro Sánchez contra los directivos de las plataformas digitales, iniciada el martes con el rifirrafe con Elon Musk y extendida el miércoles al fundador de Telegram, transparenta la última estrategia narrativa diseñada en el Palacio de la Moncloa.

La propuesta del Ejecutivo para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, y la exigencia de responsabilidad penal para los administradores de los algoritmos, le ha permitido al presidente posicionarse como la diana de los magnates tecnológicos.

Y es sintomático que Sánchez se haya ocupado personalmente de avivar esta confrontación.

El presidente se dirigió a Musk tras los exabruptos que este le dedicó en X a propósito de su regularización de inmigrantes. Y, aprovechando que Pavel Durov le ha acusado de crear un "Estado policial", Sánchez ha tuiteado:

"Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos hacia una democracia digital segura."

Es palmaria la intención de instigar un antagonismo con los directivos de las redes sociales. Y así representar una dicotomía entre el poder tecnológico transnacional y el poder democrático soberano, personificando en su figura la resistencia frente a los intereses de Silicon Valley.

La eficacia de esta táctica reside en la reacción airada de aquellos cuya atención ha querido llamar Sánchez. Al entrar al trapo de las provocaciones gubernamentales, los tecnobillonarios le han permitido erigirse en su némesis.

Pero no cabe soslayar que el despliegue de esta polémica coincide cronológicamente con debates que el Gobierno ha mostrado interés en eludir: la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes, merecedora de un amplio rechazo por su deficiente diseño, y las propuestas de regulación de las redes sociales, cuestionadas por su ineficacia y su aroma censor.

Al fin y al cabo, la lucha contra los "tecnoligarcas" que ahora abandera Sánchez no deja de ser una reedición del viejo enfrentamiento entre el poder político y los antiguos "barones de la prensa" a principios del siglo XX.

El fenómeno del sensacionalismo de la yellow press de Hearst y Pulitzer, o después la influencia desmedida de magnates como Rupert Murdoch, inquietaron por su capacidad para condicionar la acción de los gobiernos. Lo cual provocó ya entonces llamados a meter en vereda ese "poder sin responsabilidad".

Sin embargo, mientras que en el pasado estos choques buscaban proteger la autonomía del Parlamento, la actual ofensiva gubernamental parece orientada a generar un ruido mediático que ensordezca la fiscalización de su propia gestión.

El recurso al adversario externo no es ni mucho menos nuevo en el sanchismo.

Se trata de una extensión de la lógica aplicada en el plano nacional, donde el Ejecutivo ha ido sucesivamente fabricando enemigos según su conveniencia, ya sean periodistas, jueces, los "señores con puro", los "poderosos", el "lobby de las energéticas" o los billonarios de Marte.

Empezó señalando a la "ultraderecha". Luego, cuando el escrutinio se volvió incómodo, inventando el término de la "fachosfera". Y, cuando las investigaciones sobre su entorno familiar llegaron a los juzgados, desplegando la teoría de los "pseudomedios", los "bulos" y la "máquina del fango".

Los "tecnoligarcas" son sólo el último señuelo alumbrado por los spin doctors de Moncloa, y responden a la misma necesidad de eludir debates incómodos mediante la polarización.

Es incontestable que plataformas como las de Musk o Dúrov presentan problemas serios de desinformación y seguridad que requieren una respuesta normativa a nivel europeo.

Pero el patrón de conducta de Sánchez en los últimos años invita a cuestionar que su litigio con la cúpula tecnológica mundial sea una mera colisión colateral, fruto de una búsqueda sincera de una esfera digital más segura y una opinión pública más sana.