Pedro Sánchez ha lanzado este martes una ofensiva regulatoria contra las redes sociales que, bajo la retórica de la protección de la infancia, esconde una preocupante pulsión intervencionista.

La medida estrella, prohibir el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años, no sólo nace viciada por la ineficacia técnica, sino que supone una clara intromisión del Estado en la esfera de la patria potestad.

Psicólogos, pediatras y tecnólogos han advertido de que estamos ante un intento de "matar moscas a cañonazos".

Porque la experiencia de las prohibiciones digitales demuestra que estas rara vez logran su objetivo. Lo que sí que consiguen, en cambio, es dotar a lo vedado de un mayor atractivo.

Convertir el acceso a la red en una fruta prohibida para los adolescentes no evitará que estos encuentren los resquicios técnicos para saltarse el muro.

Y, por eso, la vía de la pedagogía, el acompañamiento y el control parental es la que los expertos defienden como la única opción realista para una digitalización sana.

El opuesto enfoque punitivista no es una novedad en el historial del actual Ejecutivo.

Forma parte de una deriva paternalista que ya hemos visto en iniciativas como el "pasaporte digital" para la pornografía, las restricciones al azúcar en máquinas expendedoras o la pretensión de prohibir fumar en vehículos privados.

Bajo la coartada de la garantía de la salud, el Gobierno extiende peligrosamente su ámbito de acción, permitiendo que el Estado entre en los hogares para dictar comportamientos que pertenecen estrictamente al ámbito de la responsabilidad individual y familiar.

El riesgo es evidente: nos deslizamos por una pendiente resbaladiza hacia la censura. Máxime habida cuenta de que el Ejecutivo de Sánchez ha acreditado su obsesión con controlar el flujo de información cuando esta le resulta comprometedora.

Es innegable que las redes sociales albergan muchas veces contenidos inapropiados o incluso amparan conductas delictivas, desde la pornografía infantil hasta la incitación al odio y la violencia. Es un problema real que requiere de un abordaje normativo.

Pero el foco no debe ponerse en el usuario, sino en el control público de las plataformas. El objetivo no debería ser impedir que un menor entre en el local digital, sino garantizar que en ese local no operen criminales ni se difundan materiales ilegales.

La solución pasa por regular lo que pueden o no pueden hacer los operadores, dejando a los padres la libertad de supervisar a sus hijos.

El foco debe ponerse, por tanto, en el emisor y no en el usuario. No se trata de que un pedófilo pueda llegar hasta nuestros hijos, sino de que un pedófilo no pueda, bajo ningún concepto, operar en una red social.

Para ello, es imperativo someter a las plataformas al mismo régimen de responsabilidad que los medios de comunicación tradicionales.

Si un periódico publica una calumnia o una incitación al delito, responde ante la Justicia. De manera análoga, las redes sociales habrían de estar sometidas a esa misma responsabilidad en cascada y sujetas a eventuales sanciones.

Hoy existen mecanismos tecnológicos suficientes para supervisar el acceso sin vulnerar la privacidad. Desde la estimación de edad por biometría facial hasta la cartera digital europea (EUDI) con divulgación selectiva, la técnica permite verificar la identidad y la edad de forma certera.

El papel del Estado debe ser obligar a las plataformas a suministrar a los progenitores mecanismos de control parental realmente efectivos, dotándoles de herramientas técnicas para decidir, de forma autónoma, qué consumen sus hijos.

Todo lo que se salga de este enfoque será una medida en todo caso efectista, pero de efectividad muy limitada.

Resulta revelador en este sentido que Sánchez haya señalado explícitamente a Elon Musk como la personificación de todo lo que debe ser restringido.

A tenor del litigio que vienen manteniendo en la red social X (alimentado ciertamente por los comentarios insultantes y desaforados de Musk), resulta evidente que el presidente se está sirviendo del problema de las redes sociales como estandarte para su campaña de antagonismo contra la "internacional ultra".

No en vano, que el Gobierno meta en el mismo saco la protección de los menores y el inquietante rastreo de la "huella de odio y polarización" apunta directamente a que Sánchez está más interesado en monitorizar el discurso crítico y promocionarse como némesis de la "internacional ultra" que en diseñar una regulación eficaz de las plataformas digitales.