El funeral de Estado celebrado este jueves en Huelva no ha sido sólo un acto de reconocimiento y duelo nacional por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Ha sido, ante todo, un clamor por la justicia.

El sentir unánime de las familias lo ha resumido la hija de una de las fallecidas: "Somos 45 familias que lucharán por saber la verdad y que no haya otro tren".

Quienes lo han perdido todo en una tragedia como esta no pueden hallar consuelo en la retórica institucional, sino en la transparencia absoluta por parte de un Estado que les debe no sólo reparación, sino también unas explicaciones claras sobre lo sucedido.

La dignidad de las víctimas plasmada en el funeral debe ser el único estímulo que guíe la investigación.

Su recuerdo debería bastar para sustraerse a toda tentación de recurrir a piruetas verbales para desviar la atribución de responsabilidades, las cuales sólo sirven para alimentar la desconfianza ciudadana cuando las autoridades deberían procurar todo lo contrario.

Hasta ahora, el Gobierno ha optado más bien por una estrategia de comunicación que, en lugar de arrojar luz, parece empeñada en lanzar cortinas de humo.

Óscar Puente se ha prodigado en sede parlamentaria y en los medios de comunicación. Pero todo para trasladar, en definitiva, un relato de la excepcionalidad de las circunstancias que rodearon al descarrilamiento que no aporta nada al esclarecimiento de la verdad que han exigido las víctimas.

Lo ocurrido en Adamuz no tiene nada de paranormal. Los metales no se quiebran por azar ni por fenómenos inexplicables, sino por leyes físicas que el mantenimiento debe prever.

La realidad que empieza a desgranar la investigación técnica apunta, de hecho, a una soldadura deficiente en una vía "híbrida" donde convivían raíles de 1989 con otros de 2023.

Parece razonable entonces que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) haya mostrado su sorpresa ante la constatación de que la renovación de la línea Madrid-Sevilla no fue "integral", como quiso hacer ver Puente.

Y este pronunciamiento no debería ser merecedor del reproche que le ha dirigido el ministro de Transportes al presidente de la CIAF, como tampoco el mero hecho de reclamar la documentación sobre las soldaduras.

Porque, a tenor de los últimos desarrollos de la investigación, un fallo en el soldado de los dos tramos aparece como la hipótesis más plausible.

En una situación como esta, lo último que puede hacer el Ministerio de Transportes es entrar a polemizar con los organismos de control.

El papel de un ministro en un Estado de derecho sometido a la obligación de rendir cuentas no es tutelar ni amonestar a los investigadores, sino facilitarles cada expediente, cada registro de auscultación y cada contrato sin poner trabas.

Es decir, lo opuesto a lo que ha hecho Puente al negarse a publicar el certificado de la soldadura que falló en Adamuz, afirmando que lo sacarán "cuando toque".

La tragedia humana que ha supuesto este accidente hace inadmisible el recurso a las maniobras dilatorias con que el Gobierno ha intentado eludir responsabilidades en anteriores crisis, como la del apagón general.

Retrasar las explicaciones con la esperanza de que el paso del tiempo adormezca la indignación social sería una falta de respeto a la memoria de los fallecidos. Porque, como ha advertido una de sus familiares, "el sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso"

La seguridad ferroviaria en España ha quedado inevitablemente en entredicho. Y cualquier sombra sobre su mantenimiento, o sobre la posibilidad de que una tragedia como esta se repita en el futuro, debe ser disipada con información certera. No con diatribas políticas contra la oposición, los medios de comunicación o los propios técnicos.

La deuda que este país ha contraído con las víctimas de Adamuz es inmensa. Y sólo podrá saldarse avanzando en una investigación rigurosa, independiente y sin reservas de ningún tipo.

Cualquier otro camino que no sea la búsqueda de la verdad científica debida a las víctimas será un agravio a la dignidad de quienes hoy lloran a sus muertos.