El Gobierno de Pedro Sánchez consumó ayer martes un indecente ejercicio de cinismo al intentar vincular forzosamente la revalorización de las pensiones con la prórroga de un escudo social que protege penalmente a los okupas de viviendas.

El rechazo del decreto ómnibus por el Congreso de los Diputados (con 178 votos en contra frente a 171 a favor) no es un triunfo de la irresponsabilidad política, como pretende hacer creer la izquierda, sino un acto de cordura democrática ante un chantaje de dimensiones sin precedentes.

Porque eso es lo que el Gobierno ha perpetrado: un chantaje.

Pedro Sánchez ha mezclado deliberadamente dos cuestiones incompatibles. Un derecho social legítimo, la revalorización de las pensiones, con una medida que convierte el respeto a la propiedad privada en un lujo para ricos.

Al hacerlo, Sánchez ha obligado a los diputados de la oposición a elegir entre traicionar a los jubilados o bendecir la okupación delictiva de viviendas.

Los socialistas sostendrán que son capaces de hacer ambas cosas. Que sus medidas protegen a familias vulnerables sin alterar el orden legal.

Pero la realidad es tozuda. Según datos de las propias administraciones públicas, la okupación ha crecido de forma exponencial desde la aprobación del primer escudo social en 2020, espoleada por la protección dispensada por el Gobierno a los delincuentes.

No se trata de un problema marginal. Representa decenas de miles de viviendas usurpadas, con propietarios legítimos que no pueden recuperar su patrimonio tras años de procedimientos judiciales interminables.

Lo verdaderamente inmoral es que el Gobierno haya confeccionado este decreto sabiendo perfectamente que entre sus víctimas se encuentran jubilados. Muchos de ellos pensionistas que durante décadas cotizaron para tener una vivienda en propiedad, que la compraron con esfuerzo, y que ahora ven cómo la okupación les roba no sólo su patrimonio, sino también su paz.

¿No es acaso una crueldad especialmente refinada intentar comprar el silencio de estos jubilados con la promesa de una miserable revalorización, mientras se les confisca la protección legal sobre sus casas, de un valor mucho mayor?

El PP ha demostrado sobriedad al rechazar esta trampa. Alberto Núñez Feijóo tuvo el acierto de señalar lo evidente. Que el Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su hogar.

La respuesta popular fue tajante: tienen derecho a ambas cosas.

Y el PP tiene razón. Porque la revalorización de las pensiones no debería ser un bien de lujo, una mercancía legislativa con la que el Ejecutivo pueda comerciar a cambio de impunidad para los delincuentes que usurpan viviendas.

La proposición de ley que el PP registró el pasado noviembre, que garantiza la actualización automática de las pensiones incluso en situación de prórroga presupuestaria, demuestra que existe una vía clara y honesta para resolver esta cuestión.

El Gobierno podría presentar hoy miércoles un decreto exclusivo con la revalorización. Nada lo impide. Pero no lo hará, porque su objetivo no es garantizar las pensiones: es blindar la okupación.

Quienes defienden el decreto arguyen que la okupación ilegal es insignificante comparada con el problema de acceso a la vivienda. Es radicalmente falso. Porque la okupación es, precisamente, uno de los factores con mayor peso en la destrucción del mercado inmobiliario en España.

Pero ni siquiera si eso fuera verdad estaría autorizado el Gobierno a proteger penalmente a quienes cometen delitos.

Si hay un problema de vivienda, entonces propónganse soluciones útiles: vivienda pública, rebajas fiscales a la vivienda, protección legal de los propietarios, expulsión inmediata de okupas, incentivación de la construcción, liberación de suelo, liberalización del mercado.

Pero no la impunidad encubierta. No el delito. No el chantaje: pensiones a cambio de criminalidad.

La izquierda ha demostrado además una vez más su gusto por la teatralidad histriónica, en realidad una pantomima orquestada, aplaudiendo desde sus escaños a una activista de la okupación que gritaba consignas simplonas desde la tribuna de invitados.

Pero sus aplausos suenan vacíos cuando se descubre que el Gobierno está dispuesto a sacrificar los derechos reales de miles de pensionistas a cambio de una medida que beneficia únicamente a quien okupa ilegalmente.

El Congreso ha actuado con responsabilidad. Ha rechazado un chantaje.

Ahora le toca al Gobierno elegir. O presenta un decreto con sólo la revalorización de las pensiones, o sigue buscando mayorías de circunstancias.

Pero ya no podrá usar a los jubilados como moneda de cambio.