El impulso abolicionista que el PSOE ha decidido colocar en el centro del nuevo curso político, con la proposición de ley que presentará este mes para prohibir la prostitución, responde más a una maniobra de oportunismo que a una convicción de política social.

Así lo perciben también los ciudadanos. Según la encuesta de SocioMétrica que publica hoy EL ESPAÑOL, casi siete de cada diez españoles creen que el movimiento no está motivado por una preocupación genuina por salvaguardar la dignidad de la mujer, sino que se trata de una cortina de humo para salir del paso de las conductas misóginas que han salpicado al partido.

Las andanzas de Koldo, Ábalos y Cerdán, o las conexiones familiares de la esposa del presidente con negocios ligados al sector de la prostitución, explican esa lectura generalizada de que Pedro Sánchez no actúa por convicción, sino por cálculo.

Este es el terreno en el que el presidente se ha ganado su descrédito. Cada vez que abraza una causa, la desprestigia. Los datos lo corroboran: según SocioMétrica, más del 70% de los ciudadanos apoya permitir, legalizar y regular el ejercicio de la prostitución.

Es revelador, en este sentido, comparar esa cifra con la encuesta del CIS de 2023, que situaba la oposición a la persecución de la prostitución diez puntos por debajo.

Y lo cierto es que el apoyo de la vía regulacionista responde a una visión más realista.

En ella concurren la posición liberal, que defiende el derecho de quien decide ejercer el trabajo sexual sin coacción, y la de una izquierda como la que representa Sumar, que rechaza criminalizar plataformas como OnlyFans o la tercería locativa porque considera que ello agravaría la precariedad de las mujeres.

Y es verdad que no es de recibo prohibir de un plumazo la prostitución sin haber desplegado durante años programas para facilitar la inserción social y laboral de estas mujeres que perderían su única fuente de ingresos, así como combatir de manera mucho más eficaz las redes de trata.

La trata, indudablemente, debe ser perseguida sin cuartel. Pero confundirla con la prostitución en general es un error de bulto y un ejercicio de demagogia. Porque lo sencillo es prohibir, mientras que lo complejo es acabar con las mafias.

El terreno digital acentúa todavía más la inviabilidad de la estrategia abolicionista. Buena parte del negocio ha migrado a internet, donde las fronteras son difusas y el control casi imposible.

Pretender que plataformas como OnlyFans constituyen "violencia contra la mujer" es discutible desde un punto de vista moral. Pero es, sobre todo, estéril desde el práctico.

Perseguir el proxenetismo digital requeriría cerrar un ecosistema entero que va desde la pornografía hasta la creación erótica amateur. El propio Gobierno ya comprobó sus límites cuando amagó con restringir el acceso de los menores al porno: la iniciativa se abandonó pronto por dificultades técnicas insalvables.

Ante esta realidad, lo más prudente es reconocer que la prostitución seguirá existiendo mientras haya oferta y demanda. Negarlo sólo desplaza el negocio hacia la clandestinidad, donde las mujeres quedarían aún más desprotegidas.

Regular, en cambio, significaría dotar al trabajo sexual de un marco jurídico que lo saque del vacío legal actual y lo acerque a los derechos que tienen otros trabajadores: protección social, seguridad laboral y acceso a la justicia.

Es de justicia admitir que el abolicionismo cuenta con defensores serios y argumentos sólidos en su favor. Pero el caso de Sánchez no encaja ahí. Lo suyo es más bien una impostura.

El PSOE ha resuelto, tras el estallido del caso Cerdán, expulsar a los afiliados que consuman prostitución, mientras el presidente convivió durante años con colaboradores relacionados con prácticas similares.

Sánchez quiere prohibir la tercería locativa al mismo tiempo que parece desconocer de dónde procedían los ingresos con los que se pagaban los pisos en los que vivió con su mujer. Y que habrían sido punibles bajo la figura delictiva que el Ministerio de Igualdad quiere ahora recuperar.

El resultado de estas incoherencias es el efecto bumerán que se observa también con la prostitución.

Y el rechazo que suscita un Sánchez convertido en paladín de cualquier causa, siendo contraproducente para el PSOE, resulta beneficioso para la única salida viable y justa a este problema social. Irónicamente, el mejor aliado de la regularización del trabajo sexual es que el presidente se empeñe en prohibirlo.