El Gobierno lanzó ayer lunes, con medio país en día festivo, un torpedo a la línea de flotación de las instituciones con un anuncio que no puede digerirse a la ligera. El presidente del Gobierno y la ministra de Defensa fueron víctimas del afamado programa de espionaje Pegasus, hasta donde han revelado los análisis del Centro Criptológico Nacional, entre mayo y junio de 2021.

Y si bien Moncloa añadió que el caso ya está en manos de los tribunales, EL ESPAÑOL informa hoy de que la Audiencia Nacional le encuentra un “escaso recorrido” a la investigación. En gran medida, por la complejidad de rastrear el origen de la agresión presumiblemente “externa” o extranjera, aunque el Gobierno no ha querido confirmar el segundo extremo.

Los episodios revelados son extraordinariamente graves. Comprometen, según Moncloa, casi tres gigas de información de Pedro Sánchez y varios megas de Margarita Robles, conjuntamente equivalentes a 15.000 documentos. A buen seguro incluyen datos comprometedores para la seguridad nacional que están en manos hostiles. ¿Qué información quedó al descubierto? ¿Tomaron los dirigentes las cautelas necesarias, acordes a sus responsabilidades políticas? ¿Cómo afectarán los robos, si es que no han afectado ya, a los intereses de España? 

Sospechosos habituales

Con las cartas sobre la mesa y en el contexto del anuncio, difícilmente disociable de la campaña independentista del Catalangate, cabe preguntarse por los dos qui prodest que rumian de fondo. ¿A quién benefició el espionaje y a quién beneficia contarlo?

Basta con un ejercicio poco exigente de memoria para enmarcar temporalmente el hackeo de los teléfonos móviles de Sánchez y Robles en la crisis con Marruecos. Aquella que comenzó con la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de coronavirus, y que continuó con un ataque migratorio con 10.000 personas, muchos de ellos menores, en Ceuta y Melilla.

No sería la primera vez que Rabat ordena espiar a un gobernante extranjero. Lo mismo hizo en 2019 con Emmanuel Macron. Pero está lejos de ser la única fuerza sospechosa.

No queda lejos el espionaje a ministros del anterior equipo de Sánchez o el gravísimo ataque que sufrió el SEPE ese mismo año y que, sin certezas, se atribuyó a Rusia en fechas cercanas a una tensa visita de Josep Borrell a Moscú. A nadie se le escapa el significado de bloquear el servicio de empleo en un país con tres millones de desempleados. Tampoco se pueden descartar potencias cibernéticas como China o el interés del propio secesionismo catalán para obtener información sensible.

Una debilidad deshonrosa

Hay un segundo plano en el que indagar. Partiendo de que todo sea cierto, resulta preocupante la tranquilidad con que se ha dado publicidad a las vulnerabilidades del Estado. Ya sea para rebajar los ánimos airados de los extremistas y vestirse con el mismo ropaje de víctima, y de hacerlo muy probablemente pensando en el sacrificio de una servidora pública como la directora del CNI; ya sea para contrarrestar los actos de unidad y celebración del nuevo Partido Popular o por la sola vocación informativa, se trata de un movimiento absolutamente desproporcionado.

Lo que hizo ayer el Gobierno es anunciar a bombo y platillo que España es un país franqueable en uno de los espacios más importantes de las guerras modernas. Es cierto que los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido fueron recientemente presas de los hackers. Pero ¿cuántos de ellos hicieron espectáculo de un motivo para la inseguridad nacional o, como mínimo, de una muestra deshonrosa de debilidad? ¿No lo hace más sonrojante reconocerlo el año en que Madrid es sede de la cumbre de la OTAN?

¿Acaso es tan profunda la inmadurez en materia de ciberseguridad en España, como delata su incorregible falta de formación e inversión en la misma, a pesar de ser el país que más ciberataques recibe de Europa y el peor preparado de la Alianza, que no se reparó en las consecuencias para el Estado de un anuncio como este?

¿Sería excesivo inferir que Sánchez está dispuesto a intercambiar una victoria particular por un daño incalculable para el Estado?

Más fácil que responder a la pregunta de quién sale beneficiado de la acción y la comunicación del espionaje es concluir quiénes salen, en cualquier caso, perjudicados: los españoles.