Como informamos hoy en este periódico, los españoles han pagado una media de 8,70 euros por test de antígenos en las farmacias durante las fiestas de Navidad, cuando se disparó su venta por motivos naturales. Esto significa que han pagado unas tres veces más de lo que costarán a partir de este sábado, después de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos haya fijado el precio máximo para estas pruebas en 2,94 euros.
La estrategia, que reedita la seguida con las mascarillas en noviembre de 2020, atiende de esta manera la demanda de numerosos colectivos sanitarios, como el Consejo General de Enfermería, que criticó la disparidad de precios que se podían encontrar en las farmacias. Esas diferencias han llegado al 200% en algunos casos.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo ayer que el objetivo es que el coste de los test sea “lo más asequible posible” sin romper “el equilibrio para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico”. Es decir, que sea asequible sin que por ello su comercialización sea ruinosa para el vendedor. Pero muchos farmacéuticos temen que este delicado equilibrio termine resolviéndose en su contra, lo que podría provocar incluso desabastecimiento por la negativa a vender a pérdidas.
Llama la atención que la decisión del Gobierno llegue tan tarde, después de unas fiestas navideñas en las que millones de españoles se han desplazado en trenes y aviones y se han reunido con sus familias en cenas y festejos.
Infradiagnóstico
Si bien en las dos semanas previas a la Navidad se vendieron más de la mitad de las pruebas comercializadas desde su autorización en julio, miles de españoles fueron víctimas de una oferta sobrepasada por la demanda.
La falta de aprovisionamiento de test, al no prever adecuadamente la explosividad de ómicron, propició su escasez y disparó como resultado los precios. Cientos de miles de personas se quedaron sin poder realizarse la prueba, favoreciendo el infradiagnóstico de positivos y, por tanto, el aumento de los contagios.
La estrategia de regulación de los precios no llevará a que sean inmediatamente más baratos que en Francia, Alemania o Portugal, donde rondan los dos euros. Tampoco sigue el plan establecido por otros países, donde se dan gratis (con limitaciones) con la tarjeta sanitaria o se venden en supermercados.
Pero dado que todas las familias del país están obligadas a recurrir a este producto por una cuestión excepcional de emergencia sanitaria, y dado que hay también consenso entre los principales partidos, habrá que dar por buena la medida. El tiempo dirá si ha funcionado.