Como ya ocurrió con los toques de queda que algunas comunidades quisieron imponer durante la cuarta ola, de nuevo los tribunales superiores de justicia de varias autonomías han dictado resoluciones contradictorias respecto a un mismo asunto frente a la ausencia de una normativa única que establezca parámetros claros que amparen las medidas para combatir la expansión del virus.
En este caso, las discrepancias han surgido en relación con el pasaporte Covid, el documento que acredita que un ciudadano ha sido vacunado y que algunas comunidades pretenden exigir para poder entrar en determinados espacios. Principalmente locales de ocio, bares y restaurantes. El pasaporte Covid se exige ya (o va a ser exigido en breve) en Italia, Grecia, Francia, Irlanda, Portugal, Croacia, Bélgica y Reino Unido.
En España, los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y de Cantabria han negado este viernes la posibilidad de que el pasaporte Covid sea exigido a la entrada de bares y restaurantes. La decisión coincide con la que adoptó el pasado 29 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias frente a una medida similar que pretendía implantar el presidente socialista Ángel Víctor Torres.
En Galicia, sin embargo, la Justicia sí ha avalado el pasaporte Covid. Algo que confirma que España es el único país de la Unión Europea que se enfrenta al virus con 17 estrategias sanitarias diferentes y a merced de 17 órganos judiciales que aplican 17 criterios jurídicos divergentes.
El caos generado no merece mayor comentario. Si el pasaporte Covid debe ser prohibido, que lo sea en toda España. Pero si debe ser aprobado, que lo sea con efectos generales en todo el país.
La alternativa es ver cómo Europa acaba implantando el pasaporte Covid de forma mayoritaria mientras España cae en un caos regionalista más propio de una nación fallida que de un Estado de derecho de la Unión Europea (UE).
Delegar la responsabilidad
"Estamos muy contentos, estamos de enhorabuena y vamos a ver si somos capaces de que nos dejen trabajar. Ya que no nos indemnizan, al menos que no nos vuelvan locos este verano" ha dicho Ángel Cuevas, el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.
No le falta parte de razón a Cuevas en las circunstancias actuales. Si en otras comunidades con una incidencia muy similar se permite a los ciudadanos acceder libremente a los locales de restauración y ocio, ¿por qué debe perjudicarse a los empresarios cántabros imponiéndoles una restricción añadida a la ya vigente del aforo?
Pero lo que genera un agravio no es la existencia del pasaporte Covid, sino el hecho de que este sea considerado ilegal en algunas comunidades y no en otras. Ese es el punto clave y el que debería ser resuelto de inmediato por el Gobierno elaborando un marco normativo que permita exigir el pasaporte Covid, en función de la incidencia del virus, sin delegar la responsabilidad de la decisión en los tribunales de justicia.
Es el Gobierno el que debe asumir esa responsabilidad decidiendo si el pasaporte Covid merece amparo legal en España o no. Y si la respuesta a esa pregunta es "sí", entonces es de nuevo el Gobierno el que debe poner las condiciones legales para que este sea exigido por todas aquellas comunidades que lo deseen sin miedo a un revolcón de la justicia.
Una herramienta útil
El Consejo Interterritorial de Salud ha rechazado, por el momento, la posibilidad de implantar de forma generalizada el pasaporte Covid. El objetivo es estudiar la medida con más detenimiento.
Si la mayoría de los países europeos implantan el pasaporte Covid, el Gobierno tendrá más argumentos para justificar su exigencia en España. Y si este se queda en un globo sonda por las protestas en Francia o en otros países de los partidos nacionalistas y de extrema derecha (los principales opositores al pasaporte Covid), España debe permanecer firme frente a las presiones.
Hasta la decisión de este viernes del TSJA, Andalucía se mantenía a la espera en vista de las amenazas de Vox de llevar el asunto a los tribunales. Madrid y Castilla y León no descartan implantarlo en un futuro cercano, pero permanecen de momento a la espera. No es la situación ideal: la salud de los españoles no puede depender de los intereses propagandísticos de Vox ni estar al albur de la interpretación que hagan los jueces de la legalidad de una medida dictada en el más absoluto vacío jurídico.
La postura de EL ESPAÑOL es clara. Los ciudadanos son libres de no vacunarse, pero deben aceptar que esa decisión, que perjudica al conjunto de la sociedad en el contexto concreto de una epidemia que hoy sigue sin estar controlada, puede comportar consecuencias como la de que se limite su acceso a determinados espacios considerados de riesgo. Y la herramienta que permite ese control es el pasaporte Covid.