La Generalidad catalana consiguió ayer presentar su candidatura al título de administración más irresponsable del Estado español cuando anunció que retrasará la vacunación de los mayores de 70 años para cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la obliga a vacunar a policías y guardias civiles.

Parecía difícil superar el sectarismo y el cainismo que han mostrado algunos líderes y partidos políticos durante la campaña electoral madrileña, pero la Generalidad ha logrado superarlo con creces, demostrando que el procés no está tan muerto como se pensaba. 

Fue el secretario de Salud Pública de la Generalidad, Josep Maria Argimon, el que insinuó, con muy mejorables formas, que cumplir con el criterio del TSJC es incompatible con la vacunación de los mayores de 70 años. "Ahí lo dejo" exclamó frente a la prensa sin ocultar en lo más mínimo su resentimiento por verse obligado a vacunar a aquellos a los que la misma Generalidad había marginado previamente de forma injustificable. 

En realidad, en Cataluña apenas hay 7.300 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. De ellos, sólo un 15% han sido vacunados, lo que contrasta llamativamente con ese porcentaje de un 70% de agentes de los Mossos d'Esquadra vacunados hasta el momento. 

Dicho de otra manera. Quedan 6205 agentes por vacunar. Para alcanzar la proporción de un 70% de vacunados en diez días que estipula el TSJC, la Generalidad debería vacunar a 620 agentes al día.

Una cifra ridícula que no supone el más mínimo problema logístico o de suministro para una administración como la autonómica catalana, que maneja un presupuesto de más de 27.000 millones de euros anuales y que puede permitirse el lujo de derrocharlos en embajadas y embriones de NASA catalanas. 

Pero lo realmente grave no es tanto el embuste con el que la Generalidad ha justificado su decisión de no vacunar a los agentes como el hecho de que haya tenido que mediar una decisión judicial para que los líderes políticos catalanes hagan lo que deberían haber hecho desde un principio. 

Porque la Generalidad ha especulado con vidas ajenas y ha considerado que unas, las de sus policías, son merecedoras de menor protección que las otras, las de los policías españoles. Una tesis que España ya ha oído en el pasado, en boca de otros nacionalistas como ellos, y que no ha conducido a ningún lugar moralmente sano. 

Ancianos como cobayas

La amenaza de dejar de vacunar a los mayores de 70 años no es más que un recurso abominable con el que la Generalidad pretende generar un clima de rencor en la sociedad catalana contra policías y guardias civiles. Utilizando además como cobayas a los ancianos que aún no han sido vacunados.

Si alguien creía, en resumen, que la constatación de que el procés es un callejón sin salida político, económico y social iba a devolver a los separatistas a la sensatez, este chusco episodio debería acabar con cualquier esperanza. Porque el odio y la xenofobia que motivaron el procés continúan vivos en las mentes de los líderes nacionalistas catalanes. 

No han quedado ahí las bravatas de la Generalidad. El mismo Argimon ha anunciado que "cumplirá" con la orden del TSJC (como si tuviera otra opción que no fuera esa) después de calificar de "ridículo" el criterio del tribunal. 

También ha dicho Argimon que le "importa un pepino" la profesión que tengan los vacunados, "sean guardias civiles, bomberos, mossos o maestros". Algo que se compadece mal con los porcentajes de vacunados anteriormente mencionados: un 70% en los Mossos y un 15% en la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

A no ser, claro, que los Mossos d'Esquadra hayan sido vacunados en función de su edad y no de su condición de personal esencial. Algo que conduciría a la conclusión de que su plantilla está formada mayoritariamente por ancianos de más de 70 años.

En ese caso, sólo cabría felicitar desde EL ESPAÑOL a los agentes del cuerpo de policía autonómico por lo bien que se conservan todos ellos y la sorprendente forma física de la que hacen gala a tan provecta edad.

La culpa, de Madrid

Por supuesto, Argimon ha derivado las culpas al Estado aludiendo al "paro cautelar" en la administración de vacunas de AstraZeneca y a la falta de "los listados" pertinentes como excusa para la no vacunación de los agentes de la Policía y la Guardia Civil.

Enormemente molesto, como corresponde a un alto cargo de un gobierno regional que entra en cólera cada vez que un tribunal le niega la razón, Argimon se ha preguntado retóricamente qué vacuna debe usar con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "A lo mejor se lo pregunto al Ministerio, o al juez, si Pfizer, Moderna o Janssen, no lo sé".

Por supuesto, la culpa ha acabado recayendo en Madrid aunque el TSJC tenga su sede en Cataluña. "Bastante complicado es todo como para que ahora tengamos que acatar criterios judiciales" ha dicho Argimon, que debe creer que la Justicia es optativa para los nacionalistas catalanes. "Esto se ha politizado y judicializado desde Madrid" ha añadido, revisitando un clásico del nacionalismo catalán: la culpa de todo es de Madrid.

La pereza con la que la Generalidad suele hacer su trabajo, especialmente si se lo ordena un tribunal, contrasta con el esmero que demuestra cuando de reunirse se trata para repartirse el presupuesto público.

La noticia de que ERC y JxCAT se han citado en la cárcel de Lledoners para evitar la repetición de las elecciones regionales demuestra bien a las claras la inversión de valores morales de la política catalana: los presos deciden gobiernos y los responsables de Sanidad se niegan a vacunar a los servidores del Estado. 

Si la mitad de las energías que el gobierno regional emplea en amotinarse contra la realidad y el Estado de derecho fueran empleadas en políticas útiles para sus ciudadanos, hoy Cataluña no estaría viviendo la gigantesca crisis económica, social y cultural a la que la han abocado los líderes políticos separatistas.