Como consecuencia de la escasa coordinación, los alumnos de segundo de Bachillerato que se presentan a la EBAU (la antigua Selectividad) lo harán de forma muy distinta según el lugar donde vivan. En 11 Comunidades los estudiantes podrán examinarse con asignaturas suspensas; los que lo hagan en las otras seis, casos de Madrid o Andalucía, necesitarán aprobarlo todo.
En el río revuelto de la excepcionalidad creada por la pandemia, muchas Autonomías han optado por seguir las sorprendentes directrices del Isabel Celáa que, en contra de la ley vigente (LOMCE), permite hacer el examen de acceso a la Universidad sin haber aprobado el Bachiller.
Equidad
El hecho de estar transferidas las competencias no debería ser obstáculo para la equidad en un ámbito crucial como es el de la educación, y esa equidad pasa por criterios de calidad y evaluación homogéneos. Sólo así se evitarían los agravios comparativos.
A la hora de la verdad, los distintos protocolos que establece cada gobierno autonómico han acabado configurando 17 modelos educativos distintos, cuya sonrojante realidad ha quedado a la vista en las actuales circunstancias.
Alternativas
Está claro que el coronavirus ha causado dificultades para terminar el curso y ha acrecentado las desigualdades entre unos estudiantes y otros, pues no todos los centros tenían las mismas herramientas para facilitar las clases telemáticas. Pero eso debería haber llevado a los gobernantes a buscar soluciones y alternativas.
Lejos de ello, la mayoría ha optado por el camino fácil: una rebaja de exigencias -síntoma de impotencia- que permite a las autoridades quitarse el problema de encima por la vía populista de agradar a todos: padres y alumnos.
La Universidad, otrora paradigma de la excelencia, se devalúa de esta manera. El acceso a una carrera debería ganarse por méritos académicos y no por rebajas en el descuento, justo cuando el curso toca a su fin.