La polémica sobre el pin parental, la propuesta de Vox de que los padres tengan derecho para autorizar o no la asistencia de sus hijos a charlas LGTBI o sobre violencia de género, se ha convertido en el monotema tras la investidura. Esta medida, que se ha implantado en la Región de Murcia por la presión del partido de Santiago Abascal, está capitalizando el debate por puro interés partidista. De hecho, altos cargos del Gobierno y la oposición se han desplazado hasta la propia Murcia para embarrar sobre el terreno la discusión.

Si para el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, que los padres puedan tener derecho de "veto parental" supone una concesión a la "ultraderecha", para Pablo Casado la educación de sus hijos es su responsabilidad y no permitirá que "un comunista" le diga cómo tiene que "educarlos".

Es más, como cuenta hoy EL ESPAÑOL, desde el Ejecutivo ya señalan que el pin parental es "la gran batalla ideológica de nuestro tiempo". Y es precisamente en esta exageración donde unos y otros, Gobierno y oposición, han encontrado el ámbito para una confrontación que no tiene en cuenta a la víctima: el educando. 

Derecho de veto

Cuando algo tan simple como la gestión de las actividades complementarias se convierte en un asunto de Estado, comprendemos hasta qué punto la clase política es capaz de enturbiar un pilar de la sociedad como es el de la formación de nuestros jóvenes para sacar rédito político. 

Precisamente, la encuesta de SocioMétrica que publicamos hoy revela que el 56,9% de los españoles sería partidario de que los padres tengan derecho de veto sobre los contenidos educativos de sus hijos. Este dato obliga, de entrada, a que el asunto se aborde tanto con mesura como con argumentos consistentes y sin apriorismos. 

Leyes educativas

En menos de cincuenta años, en España ha habido ocho leyes educativas que se enmendaban una a otra, consecutivamente. Esto da una idea de cómo se ha abdicado de construir un gran pacto de Estado para mantener un modelo con garantías de éxito y de perdurabilidad. Por no hablar del adoctrinamiento en las aulas en aquellas regiones donde es mayor el peso del nacionalismo: la peor consecuencia de haber entregado las competencias educativas a las autonomías.

Cada día que pasa parece alejarse más la posibilidad de ese gran acuerdo. De nuevo, los políticos se han empeñado en azuzar un debate que oculta lo fundamental: la mala Educación en nuestro país.