La fugacidad del paso de Alba González por el ministerio de Igualdad como "directora de Diversidad Étnico Racial" es consecuencia directa del modo en el que la ministra Irene Montero concibe el servicio público como una cuestión ideológica de cuotas, razas y casillas. La justificación de la propia González es de lo más elocuente a este respecto: no asumirá esa Dirección General para fomentar "que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados". 

Dicho en plata, que debe dejar su cargo por no ser negra para que lo ocupe Rita Bosaho, guineana, que sí parece que cuenta con el pedigrí racial que quiere exhibir Podemos en uno de sus ministerios estrella.

Ingeniería social

Más allá de lo significativo de la noticia, este episodio simboliza la irrefrenable pulsión que siente Podemos -ya en el Gobierno- por implantar medidas de ingeniería social en el ámbito de sus competencias. Si valorar a alguien por cuestión racial es un despropósito, más intolerable resulta cuando esta práctica viene dictada por el Gobierno de España. 

Como argumentan diversos especialistas consultados por EL ESPAÑOL, esta interpretación de la discriminación positiva lleva a un absurdo contraproducente por el que se "entra en una dinámica muy peligrosa" según la cual, y llevada al extremo argumental, el ciudadano "solo podrá hablar de sí mismo". 

Falso progresismo

Este racismo inverso, por lo demás, es la prueba más palmaria de la utilización paternalista de la diversidad étnica. Es muy grave que en pleno siglo XXI tengamos que enfrentarnos a estas situaciones tan esperpénticas. Si algo nos ha enseñado la Historia es que categorizar a las personas por motivo de sexo, raza, religión o ideología trae funestas consecuencias. Y aún lo justifican. 

Con todo, lo peor es que esta decisión de Podemos no es aislada, sino que da la temperatura de los dislates a los que nos someterá la mano de los populistas en el Gobierno. Disparates como éste, pregonados como supuestamente progresistas, subvierten en realidad el valor de las personas, que pasan a ser enjuiciadas no según sus capacidades, sino en función del color de su piel: exactamente lo contrario de lo que dicen pretender evitar.