El informe de la UDEF que vincula la fortuna de la familia Pujol al "crimen organizado" ha causado un gran impacto y viene a añadirse a la larga lista de delitos que afectan al clan del que fue el hombre más poderoso de Cataluña. Según este documento, el origen del botín de los Pujol Ferrusola no provendría de la herencia del abuelo Florenci -como esgrimen-, sino de prácticas relacionadas con la "corrupción política y privada", el "blanqueo de capitales" o la "pertenencia a organización criminal".
Al margen de la gravedad de que la UDEF cifre el enriquecimiento ilícito de los Pujol en 290 millones de euros, lo mollar es que dicho informe policial confirma a las claras que operaban "como una mafia". Y no es gratuito que la UDEF hable de "mafia" porque revela que en Cataluña gobernó una cleptocracia sostenida por el poder total del que gozaron Jordi Pujol y su estirpe. En realidad, que sea la Policía la que homologa al clan Pujol a una mafia hace que este episodio sea más propio de narcoestados o de dictaduras que de una región de España.
Recaudador
Estamos ante un bochornoso hito de la historia de la Democracia española que hace palidecer episodios como Filesa, la Gürtel, la Púnica o el propio caso de los ERES de la Junta: si en Andalucía los beneficiarios del delito fueron numerosos -y en su mayoría cargos de segunda fila-, en Cataluña ha sido una única familia la que ha delinquido amparada y favorecida por la Comunidad en la que regían.
Ya no es sólo que el escrito policial detalle que las cuentas de los Pujol alimentadas por "comisiones ilícitas" sirvieran para alimentar las campañas de CDC, o que Jordi Pujol Ferrusola convirtiera a la antigua Convergència en "un sitio cerrado, opaco" y que fuera el "recaudador" del famoso 3%... Es que, como cuenta hoy EL ESPAÑOL, se desgrana abiertamente el modo en el que el hijo del ex presidente catalán operaba con total impunidad en una Administración autonómica que era su cortijo y su centro de operaciones.
Medidas cautelares
Es más que comprensible la indignación pública cuando se comprueban tanto la impunidad que disfrutó el clan Pujol como lo livianas que han sido las penas. Si Jordi Pujol Jr. evitó la cárcel en 2017 al abonar la fianza que le impuso la Audiencia Nacional, suerte similar ha corrido su hermano Oriol, condenado por el caso ITV y en una suerte de tercer grado concedido por las autoridades penitenciarias de la Generalitat de Quim Torra. Y todo esto cuando políticos como Eduardo Zaplana han tenido que soportar el escarnio de la prisión preventiva.
De momento, el juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha pedido información a Luxemburgo sobre las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola mientras investiga el origen de 26 millones de euros que presuntamente almacenaba en Suiza. No obstante, es urgente que la Justicia imponga medidas cautelares al primogénito del clan en tanto que se desenmaraña una trama que desmonta el argumentario nacionalista -falaz y victimista- de que España era la que robaba a Cataluña.