Este domingo los españoles tenemos una triple cita con las urnas en un contexto político complicado. El nuevo Ejecutivo en ciernes busca estabilidad en arenas movedizas y la grave crisis territorial no remite. La proximidad del 28-A ha convertido estos comicios en una segunda vuelta. Sin embargo, lo fundamental de lo que ahora se dilucida es si el poder autonómico y el local harán de contrapeso al futuro Gobierno central.
De forma natural, las elecciones autonómicas y municipales han servido para equilibrar el tablero político. Ocurría cuando el lógico desgaste en el ejercicio del gobierno daba ocasión a los ciudadanos de apuntar un cambio de rumbo. No va a suceder esta vez por la cercanía de las pasadas generales, que favorece el efecto arrastre.
Refutación
La división del centro y la derecha también complica la posibilidad de una refutación de los resultados del 28-A. El riesgo consiguiente de que la izquierda ostente el poder en el Gobierno de España y gran parte de los municipios y de las autonomías es real, si bien los últimos sondeos apuntan a que se atenúa esa posibilidad.
Dado que se perfila un gobierno socialista apoyado en Podemos y los separatistas, es fundamental que, en pos de un mayor equilibrio, los ciudadanos conservadores voten al Partido Popular y los de centro lo hagan a Cs. Y donde debe ser especialmente eficaz ese equilibrio entre el Gobierno central y el autonómico y el municipal es en el ámbito tributario.
Catastrófico
Sería catastrófico que al aumento de la presión fiscal que prepara Sánchez -ya ha solicitado a Bruselas un aumento del techo gasto- hubiera que sumar subidas del IRPF en el tramo autonómico o el incremento de las tasas de Patrimonio, Donaciones o Sociedades, que también controlan las Comunidades. Por no hablar de los impuestos municipales como el IBI o el de Actividades Económicas.
Y en el plano de las elecciones a la Eurocámara no es menor lo que nos jugamos, en un escenario en el que el brexit y los populismos de todo pelaje amenazan el proyecto de construcción europea, que es uno de los anclajes de la España moderna.
Los comicios europeos son los más importantes que afronta la Unión desde su nacimiento: que la aritmética de las encuestas conceda un tercio de los escaños a las formaciones más escépticas con el proyecto europeo es un argumento de peso para llamar a la participación y al voto sensato. Más aún cuando la dimisión de Theresa May y el avance en Reino Unido de los partidarios del brexit someten a la Unión a un panorama de incertidumbres y de nuevas tensiones.
¿Saturación?
En un momento en el que Europa tiene que acordar asuntos de tanta importancia como la reforma y el consenso de las políticas de asilo, el acuerdo del Presupuesto de la Unión, las normativas sobre cambio climático o la organización de la zona euro, no es de recibo que las europeas hayan vuelto a quedar en un segundo plano.
Hay que recordar que lo que se decide en la Eurocámara condiciona ya en torno al 70% de la legislación de nuestro país, y que es en el club europeo donde se establecen directrices que, desde las cuotas de pesca a la política agraria, desde limitaciones fiscales a presupuestos en Educación, nos influyen de forma directa.
Es cierto que tantas elecciones en tan poco lapso de tiempo pueden provocar saturación en los ciudadanos. Pero las circunstancias que concurren en España y en Europa son excepcionales, y urge que el voto del 26-M sirva como forma de moderar el 28-A y de cortafuegos a los populismos y nacionalismos en el continente. Se trata de una cuestión de equilibrio, de sano equilibrio democrático.