Los taxistas de Madrid y Barcelona han vuelto a tomar las calles con el propósito de que se atiendan sus reivindicaciones. Si este lunes Madrid vivía el primer día de paros, Barcelona encaraba la quinta jornada de protestas. La idea es presionar a las instituciones para que limiten los vehículos de alquiler con conductor (VTC), competencia que Pedro Sánchez endosó a las autonomías para quitarse el problema de encima.
En la Ciudad Condal los taxistas han rodeado este lunes el Parlament y, durante uno de los numerosos altercados, varios agentes han resultado heridos, uno con un botellazo en la cabeza. En Madrid se cortó la M-40 y el líder de Cs, Albert Rivera, fue objeto de un escrache en la Estación de Atocha.
Patente de corso
Los taxistas catalanes han asumido las técnicas y hasta la retórica de los CDR. Por eso hablan de "apretar" a las instituciones y de "internacionalizar el conflicto". No por casualidad una de sus amenazas es bloquear la frontera con Francia con el apoyo de los chalecos amarillos.
Las autoridades independentistas están recogiendo el fruto de su política temeraria de alentar a la calle como medio para lograr objetivos. Cualquier colectivo en crisis que se sienta perjudicado, ya se considera en Cataluña con patente de corso para perturbar el orden y alterar la vida de los ciudadanos.
Mercado cautivo
Ningún poder público puede ceder al chantaje de la calle ni permitir que los conflictos laborales se diriman bajo la coacción o el matonismo. La decisión del Gobierno de pasar la patata caliente a las Comunidades autónomas fue un error, pues se traducirá en un galimatías regulatorio. Pero es que ahora son los gobiernos autonómicos los que quieren trasladar el problema a los ayuntamientos, aumentando así el caos.
En cualquier caso, estamos ante las demandas de un gremio que pretende mantener un mercado cautivo. Sería impensable que, al menos en la Comunidad de Madrid, gobernada por un PP que en su Convención acaba de ponderar el valor de la libertad, se cediera a pretensiones monopolísticas.