Nos dijeron que las instituciones tenían que comunicar mejor. Y alguien, en algún despacho, debió de entender que eso significaba meter storytelling en el BOE.
"Mari Carmen Abascal no es sólo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna".
El BOE ya no es el BOE, es el guion de una película de Los Javis. Falta música de violines y un plano de Maricarmen mirando por la ventana.
Dice el texto que el desahucio de Maricarmen "sin duda, confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente".
Ojo con ese "sin duda". Qué maravilla.
Son palabras estupendas si uno quiere escribir un editorial. O si quieres provocar indignación. O si quieres que el lector se coloque inmediatamente en el lado correcto de la historia.
Maricarmen poco antes de su desahucio.
Pero una norma tiene una obligación más antipática: demostrar lo que afirma.
El BOE podría haber explicado qué mecanismo jurídico falló. Qué administración era competente. Qué protección existía. Por qué resultó insuficiente. Qué cambio normativo se propone. Qué relación existe entre este caso (que es, por definición, particular) y el conjunto de situaciones que la norma pretende regular.
Eso habría sido una exposición de motivos. En cambio, diseccionemos el viaje del héroe propuesto por el decreto para que no pierdas el hilo de la película que han montado.
Protagonista: una mujer vulnerable de ochenta y siete años (en este caso, no consideraremos edadismo hacer referencia a su edad y acusaremos de crueldad a todo aquel que señale el evidente privilegio en el que ha vivido hasta la fecha).
Antagonistas: una legislación "machista y retrógrada" y "la especulación más voraz".
Conflicto: la expulsión de su casa.
Giro dramático: ni siquiera la ONU consigue paralizarlo.
Moraleja: existe un "derecho roto".
Conclusión: hay que actuar por la vía del decreto.
El BOE empatiza mucho y describe como punto de inflexión "el triste y dramático y desahucio de Mari Carmen Abascal".
Sí, han escrito "el triste y dramático y desahucio". Ese tercer "y" está en el BOE. Uno quiere pensar que es una errata, pero después de leer el resto del párrafo, empieza a sospechar que la IA estaba haciendo horas extra.
Ya no es sólo que el Gobierno tenga la desfachatez de convertir el BOE en un artefacto de propaganda sentimental, sino que no tiene pudor en presentarnos una versión de los hechos que omite que es la legislación franquista la que ha permitido que Maricarmen viva setenta años pagando un mísero alquiler.
Y que es una ley socialista de 1994 la que la ha expulsado de su casa.
El documento hace mucha pedagogía y explica que en España falta un parque público de vivienda protegido y que "este objetivo se enfrenta a dos grandes retos: la necesidad de movilizar recursos públicos cuantiosos y sostenidos en el tiempo, y los plazos que exige la promoción de vivienda, que impiden obtener los resultados ambicionados en el corto plazo".
Ay, si tan sólo pudiéramos tener un Gobierno durante, no sé, al menos dos legislaturas seguidas para que hubiera tenido tiempo de afrontar el problema de manera estructural.
Y ya, si fuera el Gobierno más progresista de la historia, mejor que mejor.
Miente el decreto cuando asegura que la situación de Maricarmen obliga a la urgencia en la legislación. Urgencia es lo que requiere la invasión de Ceuta. Y el presidente que lleva sin pisar la ciudad desde hace sesenta días y que no ha aprobado ni una sola medida de emergencia para paliar esa situación tiene ahora la cara dura de aprobar dos decretos para que sus socios se peleen entre ellos (y de convocar un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para este viernes).
Lo peor de esta historia es que el decreto lleva por nombre y protagonista a una mujer que volverá a su casa con unas condiciones de las que no disfruta prácticamente nadie en este país y que ha gestionado, por cierto, el Ayuntamiento y no el Gobierno.
Si Maricarmen es, como dice el decreto, "el símbolo de un derecho roto", ¿en qué tipo de símbolo queda convertida cuando vuelva a su casa del barrio de Salamanca pagando el 30% de sus ingresos? ¿No podemos decir ya que es el símbolo del privilegio absoluto?
Esto sí que es una historia de superación; lo demás son tonterías.
Pero ya sabemos que, en realidad, al Gobierno le da igual Maricarmen. Lo tenemos comprobado todas las veces anteriores en las que ha escogido un caso cualquiera para convertirlo en un ejemplo.
Debería haber aprendido este Gobierno el problema de legislar cogiendo casos particulares. La chapuza jurídica que salió de querer convertir a la víctima del caso de La Manada en la causa personal de Podemos acabó con violadores en la calle.
El caso de Ángel Hernández y María José Carrasco se convirtió en uno de los grandes argumentos para acelerar la tramitación de la Ley de Eutanasia. Nos dijeron que habría garantías, controles y límites. Pocos años después, vimos morir a Noelia Castillo con tan sólo veinticinco años porque no quería seguir viviendo. No iba a pasar y pasó.
Son siempre los más vulnerables los que salen perdiendo con las leyes del Gobierno más progresista de la historia y no será distinto con estos decretos. Nadie va a querer alquilar su casa a familias con niños y a mayores dependientes. Enhorabuena.
Insisto, al Gobierno le da igual Maricarmen. Es sólo una excusa para ponerle nombre de mujer a una ley. Sabe que va a perder las elecciones y sólo tiene interés en dejarle a su sucesor en herencia un país a punto de reventar.