Entre Giorgia Meloni y Mette Frederiksen debería haber, según todos los manuales de la política contemporánea, muy poco en común.
Una gobierna un país mediterráneo señalado durante años como referencia de la derecha nacional.
La otra preside un pequeño reino nórdico desde la tradición socialdemócrata que construyó el Estado del bienestar europeo.
Y, sin embargo, acaban de firmar juntas una carta que reclama centros de repatriación en terceros países seguros, procedimientos de asilo más rápidos y cooperación reforzada con los países de origen y tránsito. Una carta que sacude Bruselas, incomoda a Madrid y obliga a preguntarse por qué dos mujeres tan distintas han llegado antes que nadie a la misma conclusión sobre la inmigración irregular.
La respuesta no es que Meloni se haya moderado hasta parecerse a una socialdemócrata nórdica, ni que Frederiksen haya girado a la derecha.
La respuesta, a mi juicio, es más incómoda para buena parte de la política europea.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni.
Ambas han entendido que gobernar consiste en hacer compatibles principios distintos cuando la realidad exige una solución, no en repetir consignas que dispensan de gobernar. Frente al dogmatismo ideológico, han optado por el pragmatismo político.
Esa diferencia, y no la etiqueta de cada una, es la que separa hoy a quienes administran los síntomas de quienes se atreven a abordar la causa.
Meloni ha recorrido un trayecto significativo, de la retórica combativa de una oposición radical de derecha extrema a una gestión pragmática y negociadora dentro de las instituciones europeas, donde hoy pesa más que muchos de sus socios. Procede de una tradición política conservadora, ha convertido el control migratorio en uno de los ejes de su Gobierno y ha demostrado una combinación poco habitual de firmeza y flexibilidad.
Frederiksen ha demostrado algo que incomoda a cierta izquierda europea: que defender el Estado del bienestar exige precisamente controlar quién entra y en qué condiciones, porque un sistema de protección social sin fronteras gestionadas acaba sin poder proteger a nadie.
Su modelo de gobierno combina defensa del Estado del bienestar y políticas migratorias muy restrictivas y su trayectoria muestra que la socialdemocracia puede defender servicios públicos, cohesión social y protección social precisamente porque considera necesario controlar los flujos migratorios.
Cabe preguntarse si existe un diferencial femenino en esta convergencia. No en el sentido esencialista de que las mujeres gobiernen mejor por serlo, sino en uno más sofisticado. Es posible que la experiencia política de quienes han demostrado una particular capacidad para entender la complejidad, proteger, negociar y actuar sin necesidad de teatralizar la fuerza, afile una sensibilidad particular hacia ciertas consecuencias de la inmigración descontrolada.
El liderazgo femenino sustantivo, cuando lo es, no es una estética institucional, sino una cultura de poder que combina responsabilidad, fortaleza y capacidad de acuerdo sin renunciar a la verdad.
Ceuta ha sido el catalizador. Un test europeo de capacidad de gobierno. Ochenta mil personas cruzaron la frontera con Marruecos a finales de julio, y España afrontó sola, durante horas decisivas, una presión que corresponde a la frontera exterior de toda la Unión.
Pero, por definición, ningún Estado miembro puede sostener en solitario una responsabilidad europea.
Controlar la inmigración irregular no equivale a renunciar a los derechos humanos. Un Estado de derecho puede y debe distinguir entre protección internacional e inmigración económica, entre quienes cumplen las condiciones del asilo y quienes no, entre integración real y mera permanencia irregular.
Tampoco ayuda confundir la respuesta migratoria con la respuesta demográfica. Europa necesita inmigración porque envejece sin remedio, pero eso no convierte cualquier flujo, con independencia de su volumen y su capacidad de integración, en positivo por definición.
La pregunta no es inmigración sí o no, sino qué inmigración necesita Europa, cuánta puede integrar y con qué obligaciones para quienes llegan.
Llegados a este punto, no puedo sino recordar la vieja fascinación de nuestra izquierda española, empezando por el propio Sánchez, por Borgen, aquella serie danesa que convirtió a una primera ministra socialdemócrata en icono de sofisticación política nórdica: gobierno de principios, consensos elegantes, superioridad moral escandinava.
Hoy, Borgen resulta casi cómica.
La primera ministra danesa de carne y hueso es hoy la arquitecta, junto a Meloni, de una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa. La ficción se admiraba desde el sofá, mientras que la realidad, entretanto, sigue instalada entre nosotros en el parche, la transferencia de urgencia y la declaración institucional.
Cuesta entender que sea precisamente una socialdemócrata danesa quien asuma con más determinación que Pedro Sánchez la necesidad de ordenar la frontera exterior europea. Desde luego, Europa necesita menos etiquetas y más gobierno efectivo.
Porque quizá lo más significativo de esta alianza no sea que una conservadora y una socialdemócrata piensen igual, sino que hayan demostrado que pueden pensar juntas cuando el interés europeo lo exige.