Pues claro que hay que prohibir las redes sociales a los menores

“No quiero que mi hija sea la última de la clase y se aísle de sus amigas”. Es el mantra que se repite en las sobremesas, grupos de WhatsApp y charlas rápidas a la salida del colegio. El argumento que ha servido durante años para autorregular (o, más bien, justificar como se pueda), el uso de las redes sociales entre los menores de, calculemos, 12 y 16 años.

Pero esta excusa deja en evidencia la falta de herramientas que tienen los padres para enfrentarse a uno de los debates más importantes de la adolescencia de sus hijos.

Un debate en el que se convierten en pobres mediadores entre la salud mental de los menores y el apetito insaciable de los gigantes tecnológicos millonarios de Silicon Valley, cuyos mejores ingenieros (esos gurús que, paradójicamente, llevan a sus hijos a colegios alejados de la tecnología), viven del tiempo que pasan en sus aplicaciones.

La decisión del Gobierno británico de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años llega después de haber planteado durante tres meses una encuesta en la que el 90% de los cerca de 116.000 progenitores consultados expresaran su implacable apoyo a esta medida. Más llamativo aún es que más del 83% consideraran que los riesgos superan sus beneficios.

La cuestión es: ¿alguien puede explicar qué beneficios? Hasta el momento no se conoce estudio alguno ni opinión respetada que defienda que pasar tiempo en las redes sociales aporte grandes ventajas. Ni siquiera una. Y, a los pocos que se atreven a intentarlo, se les rebate en trece segundos.

Demasiadas evidencias

Hay quienes defienden que pueden ser una herramienta de aprendizaje si se utiliza con criterio y buen acompañamiento: no tengo datos, pero tampoco dudas, de que la inmensa mayoría de los jóvenes prefiere mirar otro tipo de contenido. Y tampoco tengo datos, ni dudas, de que la inmensa mayoría de los padres no tiene la capacidad para supervisar cada una de las ventanas que exploran sus hijos dentro o fuera de casa.

Más guasa tiene argumentar que las redes sociales sirven para socializar, cuando en realidad se cae en la trampa del inicio: se socializa sólo porque unos padres claudicaron y fueron provocando que, como fichas de dominó, otros niños fueran presionando en casa y sumándose a la tendencia. Hasta que los últimos de la fila terminan estallando con lamentaciones: “Todos tienen Instagram menos yo”.

Los algoritmos funcionan de una manera perversa: analizan el comportamiento para predecir qué tipo de contenido es el que provocará que pasen más tiempo en sus aplicaciones, estudian los segundos que pasan ante un vídeo concreto y el alcance de la interacción con él. Una vez tienen esta información, se adaptan para mostrar al usuario vídeos similares y mantenerlo enganchado el mayor tiempo posible. Scroll, scroll, scroll.

Existen numerosos datos que corroboran el daño que producen estas aplicaciones ‘sociales’ entre los más jóvenes.

Según una investigación liderada por la profesora Amanda Sacker, del University College londinense, el porcentaje de adolescentes con depresión está correlacionado con el número de horas que dedican a las redes sociales.

El 40% de las chicas que la han sufrido pasaron más de cinco horas frente a ellas y la cifra baja al 15% en el caso de ellos, según cita Nazareth Castellanos en El puente donde habitan las mariposas.

“La imprudencia está en considerar como inocuos los contenidos con los que somos ametrallados”, sentencia la neurocientífica que ha pasado la vida estudiando el cerebro humano.

A ello se suma la última encuesta de YouGov. Ocho de cada diez han revelado que sus hijos habían sufrido un impacto negativo ante el uso de las redes y más de siete de cada diez han admitido las dificultades de protegerlos del contenido online. El debate radica en cómo marcar los límites entre monitorizar y respetar su independencia.

Y hasta un tribunal norteamericano corroboró los daños con una sentencia histórica en la que condenó a Google (propietaria de Youtube) y a Meta (matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp) a pagar tres millones de dólares a una joven de 20 años que denunció haberse vuelto adicta a sus aplicaciones durante su adolescencia.

Por no hablar de los casos de bullying y violencia digital en redes sociales que acaban en trágicas consecuencias, como los suicidios de Molly Russell y Emma Bondaruk.

Poner límites

Establecer una regulación oficial se antoja como una solución para liberar a los padres de afrontar por sí solos una batalla contra gigantes tecnológicos. Primero, porque establecer un límite ofrece un paraguas legal bajo el que no cabría apelación doméstica: no hay redes porque la ley no lo permite. Que vayan a reclamar a la justicia, si quieren.

Segundo, porque elimina la presión social que empuja a las familias a imitar a otras.

Y tercero, y más importante, devuelve la responsabilidad a las plataformas, que son las que deben diseñar mecanismos eficaces para ajustarse a la ley y limitar los accesos.

Es cierto que la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años está todavía lejos de cumplir sus objetivos. Australia, el primer país en aprobarla, es la mejor prueba.

La normativa entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 y obligó a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Youtube a tomar medidas para impedir que los jóvenes abrieran cuentas y a desactivar las ya existentes. ¿La sanción? Multas de casi 30 millones de euros.

Seis meses después, el balance deja mucho que desear. Resulta que la mayoría de los jóvenes, casi ocho de cada diez, ha seguido accediendo a las plataformas, ya fuera aprovechando lagunas técnicas o porque terminaban convenciendo o extorsionando emocionalmente a sus padres hasta conseguir permiso.

La libertad de escoger

Pero estos datos no invalidan la necesidad de legislar. Ninguna prohibición acaba por completo con el comportamiento que pretende limitar. También hay menores que beben alcohol, fuman o apuestan aunque esté prohibido. Y nadie concluye que se deban retirar esas restricciones. Al fin y al cabo, las leyes sirven para impedir o acotar una conducta pero, sobre todo, ofrecen a las familias un respaldo que no tendrían de otro modo.

Y para los aprensivos y defensores de la libertad ampliamente entendida. No significa que el Estado eduque a nuestros hijos. Se trata de exactamente lo contrario: ofrecer a los padres la libertad de hacerlo sin la presión del resto. Que puedan decidir cuándo entregar el móvil o permitir TikTok sin que cada tarde tengan que escuchar machaconamente y con portazo incluido aquello de “todos mis amigos lo tienen menos yo”.

De momento, sólo queda el esfuerzo extraordinario de los padres o iniciativas microrrevolucionarias, como que los centros educativos alcancen acuerdos comunes para retrasar este acceso y evitar que unas pocas familias acaben condicionando al resto. Es construir un dique frente a una presión doméstica que ningún hogar tendría que soportar en solitario.

Merece la pena apostar por ello. Todo el tiempo que un adolescente pasa haciendo scroll es tiempo que pierden para jugar, conversar, aburrirse incluso o, como reivindica Catherine L’Ecuyer, leer.

“Antes de dejarse llevar por el picoteo adictivo del mundo virtual y por la pantalla que les hace enmudecer haciéndolo todo por ellos, nuestros hijos deben consolidar sus hábitos de lectura. Leer, para tener interioridad, capacidad crítica, de reflexión, de contemplación, de asombro”, defiende la académica canadiense que predica con el ejemplo. Sus dos hijos no han tenido móvil hasta los 18 años.

La respuesta tiene que ser la regulación. Y no debería limitarse a España, que ha dado los primeros pasos. Tendría que ser a nivel europeo. Se trata de proteger a una generación que está creciendo con estímulos dañinos y que limita el desarrollo de las capacidades cognitivas y afecta al rendimiento y a la autoestima, como han advertido la Royal Society of Public Health y otros muchos organismos.

A TikTok no le importan tus hijos. Sólo quiere que permanezcan el mayor tiempo posible dentro de la aplicación. Y si los gobiernos y la Comisión Europea siguen renunciando a intervenir, terminarán transmitiendo la idea de que tampoco le importan demasiado.

Es el momento de cambiar el foco del debate. Que dejemos de repetir ese “no quiero que mi hijo sea el último en tener Instagram” para empezar a reivindicar: “No quiero que Europa sea la última en legislar”.