La dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González Jiménez, no puede leerse como un simple movimiento táctico de gestión de crisis.
El hecho de que quien hasta hace unos días ostentaba la máxima responsabilidad operativa del cuerpo haya sido apartado tras la admisión a trámite de una querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos (presentada por una agente subordinada) es un terremoto institucional de enormes consecuencias para la confianza pública en uno de los pilares del Estado de Derecho.
La querella describe hechos que, de confirmarse en sede judicial, no son comparables a las habituales querellas internas o procedimientos administrativos.
La denuncia relata cómo González supuestamente habría enviado a una subordinada a una vivienda oficial con un coche camuflado y, allí, consumado un acto de agresión sexual con penetración, a pesar de las negativas expresas de la víctima.
A ello se suman acusaciones de campañas de presión sistemática para impedir la denuncia y propuestas de compensaciones laborales como pago por el silencio.
Ese relato, detallado y descrito de forma explícita en el escrito judicial, ha sido devorado por los medios con rapidez y ha colocado a la denunciante en el centro de una exposición mediática cruel. La sobreexposición de detalles tan íntimos y traumáticos no sólo hiere la dignidad de quien denuncia, sino que amenaza con retraumatizarla en un contexto de total desventaja de poder institucional.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hoy en el Congreso.
Ese nivel de divulgación (aunque técnicamente público por tratarse de un procedimiento judicial) abre profundas dudas sobre los límites éticos de la cobertura periodística.
Pero más allá de la dimensión humana del caso, lo que hace este episodio extraordinariamente grave es el contexto institucional y político en el que se produce.
González no era un mando más. Desde 2018 ocupaba la Dirección Adjunta Operativa, el número dos operativo del cuerpo, el número uno uniformado, desde la llegada del entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al mando de la cartera.
En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior modificó la ley de personal del Cuerpo para permitir que un comisario principal pudiera ostentar el cargo sin límite de edad, dejando sin efecto su jubilación al cumplir sesenta y cinco años.
Esa modificación fue cuestionada por partidos de la oposición y por sectores policiales por su evidente carácter ad hoc para prolongar el mandato de un hombre concreto.
Ha habido otros episodios que ponen en cuestión la gestión del Ministerio del Interior en materia de nombramientos y percepción de riesgo institucional.
En diciembre de 2025, Marlaska defendió el cese de un jefe policial en Lérida tras conocerse una condena por acoso sexual que pesaba en su contra de hace dos décadas, si bien sus declaraciones generaron controversia al atribuir la responsabilidad del nombramiento a "otra autoridad dentro del Ministerio" y enmarcarlo en criterios legales más que éticos.
La Policía Nacional lleva años bajo acusaciones de politización interna, con sindicatos como Jupol denunciando decisiones de personal, reparto de condecoraciones y la gestión de crisis operativas como síntomas de un uso "clientelar" o arbitrario de la institución por parte del Ministerio del Interior.
El ministro Marlaska junto al DAO en un acto.
Es precisamente Jupol quien ha liderado en los últimos meses las críticas más duras no sólo contra la gestión operativa, sino contra la percepción de que la cúpula policial está alineada con criterios políticos y no profesionales.
En el caso del DAO, Jupol fue rápido en exigir su cese inmediato y en emplazar al ministro del Interior a asumir responsabilidades por su nombramiento y mantenimiento en el cargo, subrayando la "enorme trascendencia institucional" que este cargo tiene en la credibilidad del cuerpo.
La gravedad de las acusaciones judiciales que ahora afronta el ex DAO (con detalles que implican abuso de posición jerárquica, presión psicológica y campaña de coacciones) no puede compararse con otros casos recientes de políticos imputados por acoso sexual, como el de secretarios de organización o alcaldes señalados a raíz de la alarma social sobre conductas machistas.
Cuando un mando con tanta responsabilidad está bajo investigación por hechos de esta naturaleza, la institucionalidad entera de la Policía queda cuestionada. No se trata sólo de una falta ética individual: se trata del mensaje que se traslada a la sociedad y, de forma especialmente dolorosa, a las mujeres dentro de las fuerzas del orden que deberían sentirse protegidas por la estructura en la que sirven.
El hecho de que la víctima decidiera acudir directamente a la vía penal, aparentemente desbordada por los mecanismos internos, es un síntoma de desconfianza profunda en los canales de denuncia y en un sistema que debería garantizar integridad y justicia.
El desafío para el Gobierno y para el Ministerio del Interior es inmenso. No basta con forzar la salida de un mando y repetir la invocación de la presunción de inocencia. Hay, al menos, tres exigencias inaplazables:
1. La primera, transparencia. El Ministerio del Interior debe explicar con claridad quién y cuándo tuvo conocimiento de los hechos y qué acciones se tomaron, los mecanismos de supervisión aplicados y cualquier información previa que obrara en su poder sobre conductas irregulares.
2. La segunda, protección efectiva de la denunciante. No sólo frente a posibles represalias internas, sino frente al linchamiento digital y mediático. La valentía de acudir a la Justicia (si eso es lo que ha hecho por absoluta desconfianza en el trámite regular) no puede convertirse en una condena social anticipada.
3. La tercera, despolitización real. La Policía no es patrimonio de ningún gobierno, es una institución del Estado. Y cuando se percibe que los equilibrios políticos pesan más que los estándares profesionales, el daño trasciende a las personas implicadas.
España necesita una Policía Nacional fuerte, profesional y despolitizada. No puede ni debe ser un botín político ni un espacio donde la impunidad, la tolerancia a conductas aberrantes o el clientelismo profesional encuentren cobijo.
Necesita mandos cuya continuidad no dependa de afinidades o equilibrios coyunturales, sino de criterios objetivos y evaluables. Necesita canales internos de denuncia que generen confianza real, no temor a represalias ni sensación de inutilidad.
La cadena de mando en un cuerpo armado no es un asunto menor. La autoridad se sostiene en la legitimidad profesional, en el ejemplo y en la confianza.
Si se instala la percepción de que determinadas conductas irregulares eran conocidas o comentadas y no tuvieron consecuencias, la erosión será devastadora.