El universo paralelo en el que vive el independentismo, a fin de convencerse y convencernos de que lo que se intentó el 1-O fue un inocente pícnic democrático, no ha resistido el primer contacto serio con la realidad en el juicio a que se somete en el Tribunal Supremo. Ha podido manejarse razonablemente bien mientras la prueba consistía en el interrogatorio de los acusados, con derecho a callar y a mentir y a mitinear —por cortesía inteligente del presidente de la sala— y una cierta abulia por parte del Ministerio Público para enfrentarlos a contradicciones. Tampoco sufrió mucho en el roce con los políticos supuestamente responsables en los días de autos: los proclives a la causa se recrearon en performances más o menos desaforadas y más o menos celebradas por sus propios cofrades, pero sin sustancia, y los que defendían o debían defender al Estado mostraron una vaguedad y un relajo impropios de su cometido en jornadas tan graves y del acto de acudir a deponer ante un tribunal.

El panorama ha cambiado radicalmente cuando ha llegado el turno de oír a los profesionales, requeridos a decir verdad y provistos de un pundonor que les impide la faena de aliño que pueden permitirse quienes sólo actúan desde la cada vez más banal retórica política que nos toca padecer. Tal ha sido el caso de los responsables policiales, tanto del coordinador Pérez de los Cobos como de los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en octubre de 2017. Los tres demostraron que traían la lección aprendida, que tenían claras las ideas y que podían contestar, como contestaron, con firmeza y precisión a lo que se les preguntaba. Con un argumento meridiano y cada vez más acreditado: los Mossos a las órdenes de la Generalitat no se tomaron en serio la orden judicial de impedir el referéndum ilegal y ante su inacción tuvieron que actuar los cuerpos estatales, que al verse solos frente a la obstrucción y la hostilidad de los partidarios de la consulta —y en algún caso, grabado en vídeo, de los propios Mossos— optaron por el mal menor, abortar la operación y priorizar la salida ordenada frente a la detención de quienes les increpaban, bloqueaban e incluso atacaban.

Que los abogados de la defensa se atascaran en discutirle a un profesional policial el concepto técnico de "carga" —cuando este no había negado que la fuerza actuante intentara entrar en los colegios venciendo la oposición de los allí congregados, que es el hecho relevante— o le preguntaran al general de la Guardia Civil si había pasado todo el día en su despacho —dándole en bandeja esa réplica memorable: "y parte de la noche"— prueba la contrariedad y la inquietud que su solvencia les producía.

Pero la puntilla vino cuando un comisario de los Mossos, con responsabilidades de Información el 1-O, y que sabe lo que significa para un policía mentir como testigo ante un tribunal, tuvo que reconocer, entre balbuceos, que los suyos no hicieron nada para investigar los hechos producidos el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía —coacción y retención por la fuerza de la muchedumbre de una comitiva judicial—. Y lo peor de todo: cuando declaró, con mucho más aplomo, que advirtió a Puigdemont, Junqueras y Forn de la alta probabilidad de que se produjera una escalada de violencia. Puede que los acusados y sus incondicionales no sepan lo que es el dolo eventual. Pero los abogados de la defensa sí lo saben. Por esa vía, abierta por un testigo fiable, se inicia una ruta en la que vienen curvas.