Entre 1909 y 1911, Reino Unido se sumió en una crisis institucional que enfrentó a las dos Cámaras del Parlamento. Los Comunes (Cámara Baja), donde el Partido Liberal tenía una gran mayoría, habían aprobado unos presupuestos generales que aumentaban el gasto social en educación, asistencia y pensiones. Este gasto se sufragaría con subidas de impuestos a las rentas más altas y -sobre todo- con cambios en la forma de gravar la tierra, atacando así el nervio de los privilegios de la clase terrateniente.
Los Lores (Cámara Alta), donde el Partido Conservador tenía una amplia mayoría, se negaron a ratificar aquellos presupuestos, bloqueando así su entrada en vigor. Aquello provocó un choque de legitimidades y un feroz debate nacional que se saldó con la victoria de los Liberales. El Parliament Act de 1911 estableció claramente -y hasta la actualidad- que la Cámara Alta ya no podría vetar un presupuesto aprobado por la Cámara Baja.
Una visión que simpatizase con el actual Gobierno podría ver paralelismos entre aquella crisis y la reciente decisión de PSOE y Podemos de modificar la ley para que el techo de gasto no deba ser aprobado por el Senado. Aquí también, el choque entre una cámara con mayoría de izquierdas (bien que exigua y circunstancial) y otra cámara con mayoría conservadora derivaría en un cambio de las reglas del juego. En ambos casos se plantea, además, un debate acerca de la legitimidad de la Cámara Alta y de la constitucionalidad de las medidas existentes. Y en ambos casos el asunto que desata la discusión es un tema presupuestario.
Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales entre la crisis británica de aquellos años y la situación actual. En primer lugar, los Lores británicos eran nombrados por el Rey de forma vitalicia y a menudo con carácter hereditario; puntualización que resultaría banal si no la hubiesen hecho necesaria las declaraciones de Adriana Lastra y Pablo Echenique la semana pasada. El Senado tiene muchos defectos, pero no es la cámara victoriana que nos quisieron presentar; y a veces el antídoto más eficaz contra este tipo de exageraciones es, precisamente, comparar los sistemas actuales con los que aquellas parecen invocar.
Pero hay otra diferencia entre ambos casos: que los Liberales británicos respondieron al veto de los Lores convocando elecciones generales. Y no una, sino dos veces (ambas en 1910). Es decir: los Liberales británicos, aun convencidos de tener la razón y la constitución de su lado, entendían que necesitaban un claro mandato popular para afrontar cambios de este tipo, especialmente cuando estos no se habían planteado en la más reciente campaña electoral. No está mal para unos señores enchisterados en un país donde muchos hombres de clase trabajadora, y la totalidad de las mujeres, aún no podían votar.
Así, la comparación entre los dos casos va cobrando un cariz distinto: el que remarca el aire de impostura que poco a poco se adhiere a este Gobierno.