Enrique López López (Cacabelos, León, 1963) desciende en el ascensor acristalado de la sede de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, competencia que añadió en el segundo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las que ya poseía de Justicia e Interior. La entrevista, protocolo Covid obliga, se realiza en el patio central del edificio, contiguo al de la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol y no en su despacho, un espacio menos ventilado que hasta hace apenas unos meses ocupaba el exvicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.

Bajo nuestros pies, los sótanos que un día fueron calabozos de la Dirección General de Seguridad en la dictadura, hoy reconvertidos en almacén. Un vestigio político que se atisba a través de dos cristaleras en el suelo. Además de su papel como hombre fuerte del Ejecutivo madrileño, López es el máximo responsable de Justicia del PP, y como tal la persona encargada por Pablo Casado para todo lo referente a la renovación aún pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Qué le parece que, pese a la noticia falsa de la agresión homófoba en Malasaña, se hayan mantenido tanto las manifestaciones como la reunión de la comisión contra los delitos de odio convocada por el presidente del Gobierno?

Esta triste anécdota nos debe hacer reflexionar a todos. A políticos, periodistas... en general a la sociedad. Nos pone de manifiesto dos aspectos muy importantes. Uno, que la condena a la delincuencia en general, a toda, y especialmente a la de odio ha de ser unánime. Tenemos que tener todos muy claro el rechazo absoluto a quien ejerce violencia sobre otros por razón de no respetar la diversidad. Sexual, cultural, ideológica, religiosa, etc.

En segundo lugar, hay que llamar la atención de esa izquierda que se encuentra prácticamente frente a un abismo, y no solo la izquierda radical, sino la del propio PSOE, como demuestran declaraciones de miembros del Gobierno, que han intentado utilizar esta no-noticia con fines absolutamente partidistas, buscando causalizaciones de esta delincuencia. Tenemos que tener muy claro que quien delinque es el autor. Son esas personas que no respetan la libertad, al diferente. Lo que es muy triste es que la izquierda utilice esto para hacer listas de buenos y malos.

Hablando sobre España con Enrique López Carmen Suárez

Usted es un alto responsable de una importante administración pública. ¿Tiene datos de que los delitos de odio estén aumentando significativamente?

Interior dice, y no lo pongo en duda, que los delitos de odio han aumentado un 9% en relación a 2019. En todo caso, eso nos tiene que conjurar en lo que he dicho antes, el rechazo unánime a esta violencia y en poner los medios para evitarla, trabajando en los valores de libertad, en una democracia como la que vivimos. Y huir de la polarización. Lo que más alimenta los discursos del odio que generan violencia son los discursos odiosos. Y en ellos cae muchas veces la izquierda. 

Lo que más alimenta los discursos del odio que generan violencia son los discursos odiosos en los que cae la izquierda 

Esa falsa noticia ha servido para que sectores de la izquierda hablasen de un aumento exponencial de los delitos del odio fruto, a juicio de muchos, de determinados discursos políticos. Pero otros actores, como Vox, vinculan delincuencia e inmigración. ¿Está de acuerdo?

Yo no voy a entrar a valorar lo de que desde otros partidos políticos se diga al respecto. A mí me importa, y mucho, lo que digan miembros del Gobierno, que es lo que nos afecta. Lo que digan otros partidos políticos lo tienen que explicar ellos.

Enrique López es el responsable de Justicia del Partido Popular y, por tanto, encargado de la negociación del CGPJ.

Le pregunto porque está en el debate. Vox dice que hay un "consenso progre" del que participarían medios y políticos que, entre otras cosas, estaría ocultando la nacionalidad o el origen de quienes cometen graves delitos. 

Mire, mi responsabilidad política no es valorar lo que hace Vox...

Yo le pregunto por el debate, en abstracto si quiere...

Y yo le contesto. Mi responsabilidad política es trabajar para evitar al máximo, en el ámbito de mis competencias, la comisión de estos delitos. Y ahí me encontrarán, en el ruido no.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es colega de profesión suyo, y como jueces ambos conocen lo que son las investigaciones policiales, ¿cree que ha actuado con prudencia con respecto al caso de Malasaña?

Yo creo que se ha colocado en esa manifestación que se ha institucionalizado en este tipo de hechos y precisamente el ministro del Interior debe actuar con un alto grado de prudencia. Máxime cuando, además, puede tener información muy directa de lo que acontece en esa investigación.

Por eso, desde el Gobierno, en general, no se ha actuado de una manera correcta. Este tipo de hechos han de ser investigados por la policía y enjuiciados por los jueces, y no han de ser utilizados por los políticos. El Gobierno ha sobreactuado con un fin, que es dividir, polarizar... y eso, insisto, no es bueno.

¿Cree que el ministro podía tener algún conocimiento de que en la investigación de la supuesta agresión había indicios que apuntaban en otra dirección?

Yo desconozco la información que tuvo el ministro Marlaska desde el principio. Y desconozco cómo se llevó a cabo la investigación, pero todo apunta a que, desde un principio, la Policía encontró incoherencias en la declaración de este pobre chico y, obviamente, no descartó en momento alguno que no nos encontráramos ante un hecho criminal. Lo que conocía el ministro, o no conocía, lo deben explicar el ministro y el Gobierno.

Marlaska no ha actuado con prudencia en el caso de Malasaña 

¿Debe dimitir?

El ministro Marlaska, que en lo personal no tengo nada contra él -al revés, le conozco desde hace muchos años-, debió dimitir ya como consecuencia de la tropelía cometida en relación al coronel [Diego Pérez] De los Cobos porque aquello supuso no solo una afectación a derechos profesionales de un excelente servidor público, sino además un intento de perturbar una investigación y una instrucción criminal del Poder Judicial. Algo sumamente grave.

La presidenta Ayuso ha atacado en público a quienes estos días han dibujado un panorama de un Madrid que sería una ciudad peligrosa o poco tolerante con la diversidad, entre ellos el presentador Jorge Javier Vázquez. ¿Qué le pareció ese comentario editorializante en un programa de variedades?

Yo no valoro lo que hace un personaje que se dedica a un programa de entretenimiento. Y a veces es cierto que en un programa de esa naturaleza, hablar de cosas serias pues produce un cierto grado de histrionismo, y como tal hay que tomarlo.

Enrique López. Carmen Suárez.

Por lo demás, comparto plenamente la respuesta de la presidenta Ayuso. Primero porque si Madrid es algo, en estos momentos, es un referente de libertad, y sobre todo también de seguridad y de respeto a la diversidad. Denunciar que Madrid es un lugar poco seguro para el diferente, además de injusto es un claro insulto a Madrid y a los madrileños. El grado de tolerancia que se da en Madrid, como en el resto de España, pero especialmente en Madrid, es altísimo. Es histórico. En Madrid el diverso siempre se ha encontrado muy a gusto.

El CGPJ

El PP plantea ahora que hay que reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar el órgano de gobierno de los jueces. ¿Por qué no al revés, primero renovar y luego cambiar la ley?

Los tiempos no importan. Lo importante es que haya una renovación del CGPJ y una reforma de la ley. Además, el tiempo que lleva una renovación del Consejo, entre comparecencias y demás, prácticamente es el tiempo que se tardaría en hacer una reforma de un artículo, o de dos artículos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que tardó el Gobierno en reformar esa Ley Orgánica para maniatar al actual CGPJ hace unos meses.

No es un problema de tiempos, es un problema de voluntad política. Y lo que le pedimos a Sánchez es que abandone esa cerrazón, que desbloquee la renovación accediendo a hacer aquello que está pidiendo Europa de una manera clara. Concretamente, desde que se aprobó el último informe de Estado de derecho de la Unión Europea (UE), donde en lo que se refiere a España nos pide dos cosas -que coinciden con lo que pide el PP-, que es renovar el CGPJ y reformar la ley para garantizar que en el futuro los vocales judiciales sean elegidos directamente por los jueces.

Que no es más que lo que dice la Constitución, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional (TC). Le pido a Sánchez que lea la jurisprudencia del TC, que en el año 86 ya dijo que el modelo debía ser sustituido cuanto antes.

Entonces, ¿podría acometerse la renovación antes que la reforma de la ley?

Lo que tiene que haber es una renovación y una reforma...

No hay problema en el orden de los factores.

Bueno, lo que tiene que haber es renovación y reforma. Lo que ocurre es que, como bien dijo el otro día nuestro presidente Pablo Casado, y corroboro palabra por palabra, no nos fiamos del Gobierno. 

Con el franquismo, la Universidad era de élite, pero luego llegó la igualdad de oportunidades que permitió que alguien de origen modesto como yo llegase a juez 

¿Por qué grupos que no sean de los mayoritarios no pueden participar en la elección de los nuevos vocales, sea Podemos, Vox, o Ciudadanos?

Desde luego, Podemos no puede ser. Es un partido antisistema, anticonstitucional, es un partido que demoniza a la Jefatura del Estado, que demoniza al Poder Judicial, por considerar que ha de estar al servicio del poder Ejecutivo...

Pero es un partido elegido democráticamente.

Y ERC también, y Bildu también, y no deben estar. 

Podemos tiene más peso en el Congreso. 

Tendrá el peso que tenga, pero un partido que propugna semejantes barbaridades constitucionales no puede estar en la renovación de un órgano constitucional. Lo que esperamos es que, poco a poco, como ya ha pasado en Madrid, se le vaya situando donde realmente tienen que estar, que es en esa izquierda radical cada vez más raquítica, como ocurre en Europa.

Por eso, lo que queremos es que los 12 jueces sean elegidos por los jueces, no por ningún grupo, sino por los jueces. Y en los 8 juristas nos ponemos de acuerdo los grupos parlamentarios. Tan sencillo como eso, que es lo que dice la Constitución.

Se habla de la posibilidad de que dimita el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, y los vocales. 

Yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad de llegar a un acuerdo político es de los políticos. Solo de los políticos. 

Pero si eso se produjera...

Yo no hago especulaciones. El actual CGPJ, que está plenamente legitimado para ejercer sus funciones, salvo aquellas que le ha arrebatado el Parlamento en esa ley que se aprobó hace unos meses, ha de ejercer su responsabilidad, que es trabajar para y por el Poder Judicial, y los políticos lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo. 

Se está suscitando también el debate sobre el acceso a la carrera judicial, un tema en el que obviamente usted tiene experiencia. Hay quien dice, vinculándolo con la oposición a que los jueces elijan a los jueces, que es una profesión a la que, por las características de la oposición, solo llegan personas acomodadas.

En los últimos días he leído artículos que tenía que frotarme los ojos para ver la fecha. Yo pensaba que estaba en el año 80, no en 2021. De repente, al leer esos artículos, he creído entender que la carrera judicial en España está formada por ricos y personas de derechas, y esto no es cierto.

Aunque mi ejemplo no sirva para nada, yo soy hijo de un trabajador, nieto de un agricultor, de un pueblo muy pequeño de León. Yo estudié toda mi carrera con becas, y mis estudios previos también. Y gracias a eso he podido llegar a ser juez. En España hace muchos años se ha garantizado la igualdad de oportunidades, y eso ha determinado que la carrera judicial, como la universidad, como todas las carreras de funcionarios, en estos momentos representen a la sociedad, a una sociedad plural.

Y le pongo un ejemplo más: si todos los jueces fuésemos tan ricos y de derechas, ¿cómo es posible que haya habido tantos jueces y fiscales en las listas y en los gobiernos del PSOE? Le planteo un reto: enumere los jueces y fiscales que hemos asumido responsabilidades políticas en el PP y los que las han asumido en el PSOE. Y verán el resultado.

La carrera es plural, muy plural, y precisamente la elección directa por los jueces lo que garantiza, como dice el TC, es que esa pluralidad se represente en el CGPJ. Mire, la Universidad franquista sí era elitista. En los años sesenta, en España solo estudiaban las personas -no hijos de jueces, que precisamente no eran los más ricos- que tenían muchas posibilidades económicas.

A partir de los setenta, y especialmente en los ochenta, la universidad española se universalizó. Y como yo, muchos españoles que proveníamos de estratos sociales modestos, hemos podido estudiar una carrera y hacer una oposición.

¿Qué le parece el sistema de becas para opositores a fiscales y jueces que ha anunciado la ministra Pilar Llop? 

Todo lo que sea mejorar y ampliar el sistema de becas va a contar con la posición positiva del PP. Al menos, creo que es interesante estudiarlo. El problema es que el PSOE y el Gobierno basan esta idea en una concepción maniquea de lo que es la carrera judicial. Para ellos, como ya le he dicho, los jueces son ricos y de derechas, una visión maniquea y sectaria de la realidad.

Se dice que usted y el exministro Juan Carlos Campo llegaron a tener un acuerdo escrito para la renovación del CGPJ. ¿Fue así?

Hubo negociaciones. Se alcanzaron algunos principios. Y en las tres tentativas que hubo, siempre ha habido un acto del PSOE o del Gobierno que ha impedido la renovación.

La primera fue la filtración interesada de ámbitos gubernamentales de la propuesta de un presidente, antes de que fueran elegidos los vocales; la segunda fue la actitud de Podemos, nos exigieron que estuviera en la negociación y Podemos a su vez estaba demonizando al jefe del Estado y al Poder Judicial. Y en la tercera ocasión ha sido el intento de que se nombraran a jueces como vocales que no podían serlo, el caso de un juez que está en servicio activo y que no puede ser nombrado por el turno de juristas. Pero no porque el PP no quiera, sino porque lo prohíbe el artículo 167.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Parece mentira que asociaciones judiciales defiendan ese nombramiento cuando va en contra de la ley. O el nombramiento de una persona que está desempeñando en ese momento un cargo político, cuando queremos acabar con eso, como también en el caso del fiscal General del Estado. No se puede volver a nombrar a alguien que ha ostentado hasta ese momento el ministerio de Justicia y diputado de un partido político.

La presidenta Ayuso ha eliminado los impuestos propios, recibiendo de nuevo muchas críticas de la izquierda.  

Lo que hace la presidenta es ejercer la autonomía fiscal, que permite la ley de financiación autonómica de 2009. Por eso, no podemos permitir que desde el Gobierno se nos critique por cumplir con la ley, cuando ese mismo Gobierno llega a pactos con aquellos que incumplen la ley, como los independentistas o los herederos de Batasuna.

Es curioso, además de triste, que desde otros gobiernos autonómicos como el valenciano se nos critique cuando somos la Comunidad que más invierte en el fondo de sostenimiento de los servicios públicos de toda la nación, concretamente a Valencia la ayudamos con 400 millones de euros. La Comunidad de Madrid contribuye con el 70% a ese fondo.

Acaba de referirse veladamente a la mesa entre el Gobierno y la Generalitat. Parece que la marcha atrás en la inversión en el aeropuerto de El Prat está complicando esa cita prevista para la semana que viene. 

Yo creo que lo de El Prat es una filfa previa a lo que va a ser un intento de acuerdo político entre quien debería defender el interés general y quienes quieren acabar con España, lo que es absolutamente inédito en una democracia moderna. Lo que se demuestra es que lo que menos les interesa es la inversión en el aeropuerto de Barcelona y las necesidades de los ciudadanos catalanes. No se discute si la ampliación es necesaria o no, solo se discute en términos de acuerdo político para seguir manteniendo el apoyo de los independentistas. 

¿Se avecina una guerra en el PP de Madrid?

No vislumbro una guerra en el PP de Madrid 

No. Ni en el PP de Madrid ni en el PP de España. No la vislumbro. 

Da la impresión de que podría haber un choque entre la pretensión de Ayuso de presidir el partido a nivel regional y el hecho de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no se descarte.

Lo único que sabemos es que la presidenta ha manifestado su voluntad de presentarse a la presidencia del PP de Madrid. A mí me parece positivo que un gran valor del PP como Ayuso, que ha tenido un refrendo tan importante, quiera dar un paso adelante y asumir responsabilidades dentro del partido. Lo que pase lo dirá la militancia en Madrid, cuando toque.

Si tuviera la misma ambición el alcalde de Madrid, ¿sería igualmente positivo?

Desconozco las ambiciones del alcalde de Madrid. Lo que sí sé es que mi presidenta ha decidido dar ese paso, y me parece positivo. 

¿Cree que sería positivo un enfrentamiento orgánico entre la presidenta y el alcalde de Madrid?

Yo no especulo.

¿Qué le parece que Casado no haya querido respaldar a Ayuso, o que se haya mantenido neutral? 

De momento, la batalla la están adelantando los medios de comunicación. Casado lo único que dijo es que como presidente del partido no se inmiscuye en los procesos internos regionales. 

Usted ha dicho antes que no especula sobre el futuro, que vive el presente y que intenta aprender del pasado. Mirando al pasado, ¿no le inquieta el precedente de la guerra entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón?

Yo he llegado a la política hace dos años. Hasta ese momento, yo lo veía como un ciudadano. Para mí eso es historia. Ahora vivo el presente y el futuro.

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