En ningún caso y de ninguna manera. "Rotundamente no". El Gobierno nunca aceptará cambiar la ley que regula el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es la condición que impone el Partido Popular para siquiera sentarse a negociar los nombres.

Los populares quieren que "los jueces elijan a los jueces". Y los socialistas, mantener el actual sistema, por el que 12 miembros del CGPJ se eligen entre jueces y magistrados y otros ocho son elegidos entre juristas de reconocida competencia. En ambos casos, por mayorías cualificadas de tres quintos de Congreso y Senado.

¿Quién gana con el bloqueo? Las instituciones, sin duda, no. Ni su prestigio ni su eficacia. Tampoco los políticos, que no desmienten las acusaciones de trilerismo y reparto de sillones por intereses partidistas. Pero si alguien sale ganando con el mantenimiento del statu quo es el PP, porque la actual composición del CGPJ tiene una mayoría de vocales de adscripción más cercana a la ideología conservadora.

Aunque ésa no es la razón por la que el Ejecutivo quiere "renovar ya el CGPJ". Sino porque "el bloqueo es constante y las excusas cambiantes", dijo Félix Bolaños en la sala de prensa de Moncloa. "Es insólito el escaso sentido de estado de la oposición. Se está desgastando y desprestigiando algo tan importante como el Poder Judicial en una democracia".

Con todo contra el PP

Pero lo cierto es que más allá de que el actual motivo aducido por el PP pueda ser considerado una excusa más, el PSOE tampoco quiere cambiar el sistema de elección, que le conviene más, dado que cuando tiene mayoría parlamentaria, ésta se puede reflejar en el CGPJ, y no sería así en el caso de que los jueces eligieran a los jueces... ya que las asociaciones conservadoras tienen muchos más afiliados.

"El Poder Judicial debe tener base democrática y no endogámica", apuntan las fuentes del Consejo de Ministros consultadas por este diario. "Y por tanto, la composición del CGPJ tiene que salir de las Cortes, que es donde reside la soberanía nacional".

Después de un millar de días en funciones, tal como se encargaron de recordar los diputados del PSOE y de Unidas Podemos el lunes, el ministro de la Presidencia aprovechó el día 1.001 para tirar con todo al partido de Pablo Casado: "Aspiran a gobernar pero incumplen la ley todos los días, con el argumento de que no les gusta".

Bolaños continuó: "La norma lleva 35 años en vigor. Y es legítimo que la quieran cambiar, pero que busquen la mayoría parlamentaria para hacerlo y, mientras tanto, que la cumplan".

Hace ahora un año, en plena negociación de los Presupuestos -como ahora- Unidas Podemos presionó tanto que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a tener que defender una norma en la que no creía. Los morados lograron el sello del PSOE para presentar en octubre de 2020 una Proposición de Ley en el Congreso para que la elección de los 12 jueces o magistrados que nombran las Cortes Generales se pudiera hacer simplemente por mayoría absoluta.

Avisos de Bruselas

La reforma la paró inmediatamente Pedro Sánchez tras una advertencia que llegó de Bruselas. La Comisión Europea, en todo caso, dejó que se filtrara el aviso al Ejecutivo: España arriesgaba un procedimiento sancionador similar al de Polonia y Hungría si seguía por esa senda.

"Que no os engañen, no es ningún favor por el discurso de Casado en la moción de censura de Vox", afirmaban entonces fuentes cercanas al presidente del PP, "es que Bruselas ha advertido a Sánchez de su deriva totalitaria".

Hasta ahora, la Comisión Europea ha dado varios toques a España por sus problemas con la renovación de las instituciones democráticas. El habitual de cada año ha sido siempre el "riesgo de politización" del órgano de gobierno de los jueces. Después, tras empezar el bloqueo, se añadió la "preocupación por su prestigio".

Y, en el mismo tono que el Grupo de Países contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, la Comisión sugirió de palabra al Gobierno que "los jueces deben elegir a los jueces". En abril, llegó el último aviso. Y Sánchez lo entendió.

Un poco de historia

Así lo parece dictar la Constitución, y eso entendió el primer Gobierno de Adolfo Suárez. Pero todo dejó de ser así en 1985, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial del primer Ejecutivo de Felipe González cambió el sistema de elección.

Antes sí, los jueces elegían a los jueces: esos 12 primeros salían de una elección entre las asociaciones judiciales "mediante voto personal, igual, directo y secreto", como decía la ley de 1980. Desde que se publicó en el BOE la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, y con una sentencia del Tribunal Constitucional incluida, el Parlamento elige a los 20 vocales: 10 el Congreso y 10 el Senado; seis jueces o magistrados y cuatro juristas cada uno. 

La actual composición del CGPJ data de las mayorías absolutas que consiguió el Partido Popular de Mariano Rajoy en ambas Cámaras en el año 2011. Es decir, hace ya una década. En 2013, se conformó la actual composición, con Carlos Lesmes -presidente del Tribunal Supremo- a la cabeza, y en 2018 caducó su mandato. Desde entonces, la pelea entre PP y PSOE ha sido encarnizada.

Porque los socialistas quisieron negociar el CGPJ al caer el Gobierno de Mariano Rajoy en la moción de censura del 1 de junio, ya con el Ejecutivo en sus manos. Las mayorías parlamentarias ya no eran las mismas y el PP no era hegemónico, lo que impulsaba unos equilibrios que satisfacían a todos, hasta que la cosa se rompió por el famoso whatsApp de Ignacio Cosidó, revelado en exclusiva por EL ESPAÑOL: "Controlando la Sala Segunda [del Supremo] desde atrás".

Ese mensaje del portavoz del PP en el Senado a algunos de sus colaboradores hizo saltar por los aires un acuerdo por el que el magistrado Manuel Marchena -presidente del tribunal que juzgó el procés- habría acabado encabezando el CGPJ.

Después, cayó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, se sucedieron elecciones generales sin parar, el PP no quiso ni hablar del asunto mientras el líder socialista se acercaba a Podemos, Bildu y ERC... y, menos aún, después.

Todo volvió a estar muy cerca a finales de febrero de este año. El PSOE había aceptado borrar de la lista a dos candidatos propuestos por Unidas Podemos y, con todo casi acordado -CGPJ, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional...-, PSOE y PP anunciaron un pacto de reparto del Consejo de RTVE.

Pero al día siguiente, los de Pablo Iglesias exigieron ser respetados, el negociador socialista atendió sus demandas y llamó al del PP: "Aceptamos el 'no' a Vicky Rosell, pero José Ricardo de Prada tiene que estar". Y todo volvió a saltar por los aires.

El resto ya es historia contada... más arriba.

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