Con el registro de las dos sedes de Google en España, la Agencia Tributaria intenta desentrañar la ingeniería fiscal fraudulenta de la que se vale el gigante tecnológico para reducir artificialmente las cifras de su negocio y rebajar así su factura fiscal.
No es la primera vez que Hacienda investiga a la filial española de Google, que dirige Javier Zapatero. Ya en 2011 esta empresa fue objeto de una inspección porque, pese a acaparar el negocio publicitario, apenas pagó impuesto de sociedades y declaró pérdidas.
El sistema para eludir fiscalidades altas aprovechando las distintas normativas de la UE es una práctica habitual entre las multinacionales tecnológicas, que radican sus empresas en Irlanda, Holanda o Luxemburgo para pagar menos. De hecho, hace un mes la sede parisina de Google también fue intervenida en el marco de una investigación por el presunto desvío de beneficios a paraísos fiscales.
Google mantiene su base corporativa y financiera en Dublín, lo que le permite derivar contablemente allí buena parte de los beneficios obtenidos por la actividad generada en nuestro país. La dirección de la firma subraya su plena disposición a colaborar con Hacienda e insiste en que todo es legal. Lo cierto es que no puede atribuirse ningún mérito, aunque la investigación en curso no haya sido judicializada.
La trazabilidad del beneficio obtenido por la labor publicitaria de Google en España es fácil de seguir, de tal forma que la identificación del volumen de negocio logrado no puede resultar complicado. Lo difícil es impedir que las multinacionales hagan ingeniería tributaria, un reto que ya ocupa a la UE. Puede que Google no esté haciendo nada estrictamente prohibido, pero no deja de ser un fraude que los beneficios obtenidos en un país acaben tributando en otro.