Quedarse con un electrodoméstico inutilizable por una avería irreparable ya no significará automáticamente tener que desembolsar el precio íntegro de uno nuevo.
La entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/1799 sobre el derecho a reparar introduce un cambio sustancial para los consumidores europeos: cuando la reparación de un producto sea técnicamente imposible, los fabricantes podrán ofrecer bienes reacondicionados como alternativa para garantizar la continuidad del servicio.
Esta norma comunitaria busca atajar las alarmantes cifras de residuos en el continente y modificar la dinámica de "usar y tirar".
La regulación europea obliga a los fabricantes a reparar productos de uso cotidiano cuando el usuario lo solicite, salvo en los casos en que el arreglo resulte imposible.
La lista de aparatos contemplados en esta obligación incluye lavadoras, secadoras, lavavajillas, aparatos de refrigeración, pantallas electrónicas, aspiradoras, tabletas y teléfonos móviles.
Si el servicio técnico determina que la avería no puede subsanarse, la directiva recoge explícitamente que los fabricantes podrán ofrecer al consumidor un producto reacondicionado.
De este modo, se potencia la reutilización de bienes y se evita la fabricación desde cero de un aparato sustituto, reduciendo el impacto ambiental del consumo doméstico.
Electrodomésticos nuevos
Durante el tiempo en que el electrodoméstico permanezca en el taller, la directiva habilita al fabricante a facilitar temporalmente al usuario un bien de sustitución para evitar que se quede desprotegido durante la espera.
Además, la normativa incentiva de forma directa la decisión de reparar frente a la sustitución: cuando el consumidor opte por reparar un bien que se encuentre dentro de su periodo legal de garantía, esta cobertura se ampliará automáticamente durante 12 meses adicionales.
Para evitar que los presupuestos opacos o los costes desmedidos de las piezas obliguen a desechar el producto, los reparadores deberán entregar previamente a los clientes un formulario de información europeo.
En este documento deberán figurar por escrito el precio exacto o su sistema de cálculo y el plazo comprometido para completar la reparación.
Para facilitar la búsqueda de talleres y reparadores oficiales o locales, la Comisión Europea pondrá en marcha antes del 31 de julio de 2027 una plataforma online gratuita. En esta interfaz común, cada Estado miembro gestionará su propia sección nacional.
En España, el Ministerio de Consumo adaptará la normativa mediante el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible.
Entre las medidas proyectadas para fomentar la reparación fuera de garantía, el texto propone obligar a distribuidores y fabricantes a cofinanciar la reparación una vez expira la garantía legal.