El Grupo de Trabajo sobre Jurisdicción del Reino Unido, conocido como UKJT, ha publicado una declaración legal que cambia la manera de entender la responsabilidad profesional en el sector jurídico. El organismo advierte que los abogados y otros profesionales podrían enfrentarse a demandas por negligencia si deciden no recurrir a herramientas de inteligencia artificial cuando resulte razonable hacerlo.
La declaración, centrada en la responsabilidad por los daños derivados de la inteligencia artificial, sostiene que el marco legal inglés ya cuenta con las herramientas necesarias para resolver la mayoría de estos conflictos. Según el UKJT, no sería necesaria una nueva legislación específica para regular estos casos.
El texto señala que la responsabilidad dependerá de si un profesional razonable, con una especialización comparable, habría recurrido a la inteligencia artificial en ese contexto concreto. Esa valoración se apoyará en las normas de los colegios profesionales y en la opinión de expertos sobre las prácticas habituales del sector.
El propio documento equipara la inteligencia artificial a cualquier otra herramienta de trabajo. Afirma que la pregunta de si conviene emplearla, y de qué manera, no difiere de la que se plantea con cualquier otro instrumento disponible para un profesional. La idea es clara, “un profesional puede incurrir en negligencia por no usar inteligencia artificial”.
Como ejemplo de una posible negligencia por no usar IA, el UKJT menciona el caso de un abogado que trabaja en los tribunales mercantiles y de la propiedad y que no informa a su cliente de que podría convenir recurrir a una herramienta asistida por inteligencia artificial para revisar grandes volúmenes de documentos. Omitir esa recomendación, según la declaración, podría considerarse una falta de diligencia profesional.
El documento también detalla los escenarios en los que un profesional podría ser responsable por un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Entre ellos figura no realizar una diligencia debida sobre el sistema antes de emplearlo, sobre todo cuando se trata de una tecnología nueva o de un proveedor sin trayectoria contrastada.
Los profesionales deben poder explicar a sus clientes, al menos en términos generales, cómo funciona la inteligencia artificial que utilizan en su trabajo. Introducir información confidencial o protegida por el secreto profesional en un sistema que no ofrezca garantías suficientes de seguridad se consideraría, según el UKJT, un incumplimiento grave del deber hacia el cliente.
La declaración añade que un profesional debe comprobar que la herramienta ha sido sometida a pruebas suficientes antes de aplicarla a un encargo real. Quien no supervise los resultados que ofrece un sistema de inteligencia artificial podría ser considerado negligente, ya que esa vigilancia implica detectar y corregir posibles errores o sesgos.
El texto se detiene también en la responsabilidad derivada de la información generada por chatbots. Según el UKJT, esa responsabilidad surgiría si una persona jurídica presenta al chatbot como su portavoz o si existe una representación expresa o implícita de que sus respuestas son correctas.
Por el momento no existe jurisprudencia inglesa que resuelva si un sistema de inteligencia artificial puede realizar una declaración en nombre de una persona jurídica. Un tribunal canadiense sí condenó en su día a una aerolínea por las afirmaciones falsas que su chatbot había ofrecido a un cliente.
Matthew Lavy, presidente del comité de redacción del UKJT, explicó que no hace falta crear un nuevo régimen de responsabilidad para abordar los daños causados por la inteligencia artificial. Según Lavy, el enfoque tradicional del derecho inglés ya ofrece un marco coherente para determinar dónde recae la responsabilidad en cada caso.
Sir Geoffrey Vos, presidente del Tribunal de Apelación, subrayó en el prólogo del documento que desde la llegada de la inteligencia artificial generativa en 2022 existía preocupación sobre cuándo y en qué medida los desarrolladores de estos sistemas podrían responder por los perjuicios que ocasionan. Vos añadió que la declaración busca aportar certeza jurídica en un ámbito al que todavía han llegado pocos casos ante los tribunales.
La publicación ha generado reacciones encontradas entre los profesionales del sector. Algunos apuntan que la propia declaración también advierte de los riesgos de emplear mal estos sistemas, por lo que la línea entre actuar con diligencia y cometer un error podría resultar más estrecha de lo que parece a primera vista.