El calor dispara cada verano las averías y las sustituciones de equipos de climatización en toda España. Muchos propietarios deciden entonces deshacerse del aparato viejo de la forma más rápida posible, dejándolo junto a un contenedor o en plena calle.
Ese gesto, aparentemente inofensivo, puede acabar convirtiéndose en un problema serio para el bolsillo. La legislación de residuos contempla sanciones que, en los casos más graves, alcanzan los 30.000 euros.
El motivo no es solo estético ni una cuestión de civismo urbano. Un aparato de aire acondicionado contiene gases refrigerantes y componentes electrónicos considerados residuos peligrosos si no se gestionan correctamente.
Por esta razón, estos equipos entran dentro de la categoría de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, conocidos como RAEE. Abandonarlos fuera de los circuitos autorizados de recogida constituye una infracción administrativa.
La norma que sostiene este régimen sancionador es la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Este texto endureció de forma notable las cuantías frente a la legislación anterior.
La ley clasifica las infracciones en tres niveles, de menor a mayor gravedad. Las leves se sancionan con multas de hasta 12.000 euros, mientras que las graves pueden llegar a los 300.000 euros en el ámbito empresarial.
Para un particular que deja un electrodoméstico junto a un contenedor, la cuantía real depende de cómo la traslade cada ayuntamiento a su ordenanza local. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, la sanción mínima suele situarse entre 600 y 900 euros.
Esa cifra básica se dispara cuando el aparato abandonado contiene sustancias contaminantes, como ocurre precisamente con los equipos de climatización y las neveras. En esos supuestos, algunos consistorios aplican los tramos superiores de su ordenanza, que pueden acercarse a los 30.000 euros manejados por la norma estatal.
Los ayuntamientos han reforzado además los mecanismos para identificar a quien abandona estos residuos. Las patrullas de paisano, las cámaras instaladas en los puntos donde se acumulan vertidos y la revisión de números de serie o documentos dejados junto al aparato son las herramientas más habituales.
Punto limpio de Zaragoza.
Gracias a esos números de serie, un técnico municipal puede rastrear al último propietario registrado del equipo. Ese dato convierte lo que antes parecía un despiste anónimo en una infracción fácilmente atribuible a una persona concreta.
Existe además otro frente normativo que afecta a estos aparatos, aunque en este caso durante su instalación y no en su desecho. La Ley de Propiedad Horizontal considera la fachada un elemento común del edificio, igual que el tejado o la escalera.
Por ello, colocar una unidad exterior sin el permiso de la comunidad de vecinos también puede derivar en sanciones, con multas que en algunos municipios rondan los 3.000 euros. A esto se suman las ordenanzas de protección del paisaje urbano, más estrictas en cascos históricos y edificios catalogados.
Frente a este panorama, la buena noticia es que deshacerse de un aire acondicionado de forma legal no tiene coste para el usuario. Los puntos limpios municipales aceptan este tipo de electrodomésticos de manera gratuita.
Existe también el llamado sistema uno por uno. Cuando se compra un equipo nuevo, la tienda está obligada por ley a retirar el aparato antiguo sin cobrar nada por ello.
Las empresas especializadas en climatización ofrecen asimismo servicios de recogida a domicilio para quienes no pueden trasladar el aparato hasta un punto limpio. En el caso de equipos de gran tamaño, con más de 6.000 frigorías, suele ser la opción más práctica.
El fondo de la cuestión es sencillo de entender. Un aire acondicionado nunca debería acabar junto a un contenedor de basura convencional, por mucho que el gesto parezca inocente en pleno agosto.