El verano dispara la demanda de aires acondicionados en toda España. Muchos hogares deciden instalar el equipo lo antes posible y recurren a la primera opción disponible, sin reparar en un detalle que puede salir muy caro.

Ese detalle es la garantía. Los fabricantes de climatización condicionan la validez de sus garantías a que la instalación se haya realizado por un profesional certificado.

Esto significa que comprar el mejor equipo del mercado no sirve de nada si luego se instala de forma incorrecta. Una mala colocación de la unidad exterior o un sellado deficiente de las conexiones pueden dejar sin cobertura al comprador desde el primer día.

El motivo tiene una explicación técnica. La manipulación del gas refrigerante está regulada por ley en España a través del Real Decreto 115/2017, que exige que solo técnicos certificados manipulen estos equipos.

Cuando la instalación la realiza una persona sin esa certificación, el fabricante puede considerar que cualquier avería posterior no se debe a un defecto de fábrica. En ese caso, la reparación corre a cargo del propietario, aunque el equipo tenga apenas unos meses de vida.

Las averías más habituales derivadas de una instalación deficiente incluyen fugas de gas y fallos en la conexión eléctrica. También son frecuentes los problemas de rendimiento, cuando el equipo enfría menos de lo esperado o consume más electricidad de la necesaria.

En todos estos casos, el servicio técnico revisa primero si el origen del problema está en la instalación. Si detecta que fue así, el presupuesto de la reparación se traslada íntegramente al cliente.

Las empresas del sector insisten en que este punto suele pasar desapercibido en el momento de la compra. El comprador se fija en la potencia del equipo, en la marca o en el precio final, pero rara vez pregunta quién va a instalarlo ni qué certificaciones tiene esa persona.

Algunos fabricantes, como Daikin, especifican en sus condiciones que la garantía queda anulada si el equipo o sus componentes son desmontados, manipulados o reparados por personal ajeno a la red autorizada. Otras marcas del sector recogen cláusulas muy similares en sus políticas comerciales.

La normativa autonómica añade otra capa de complejidad al proceso. En ciudades como Madrid, existen restricciones sobre dónde puede colocarse la unidad exterior, especialmente si es visible desde la vía pública o sobresale más de 30 centímetros de la fachada.

Un instalador certificado conoce estas ordenanzas municipales y las de la comunidad de propietarios antes de empezar el trabajo. Esto evita que el usuario reciba después una sanción o una orden de retirada del equipo por parte del ayuntamiento.

El proceso para reclamar una garantía tampoco es automático ni inmediato. Cuando se solicita, se genera una orden de trabajo que debe describir la avería, y un técnico acude al domicilio para valorar el problema en un plazo aproximado de veinticuatro a setenta y dos horas.

Si el técnico determina que el fallo procede de una instalación no autorizada, la reparación queda automáticamente excluida de la garantía. El cliente recibe entonces una factura por el trabajo, además de haber perdido la cobertura original de fábrica, que suele extenderse tres años desde la compra.

Los expertos en climatización recomiendan pedir siempre el certificado de instalador autorizado antes de contratar el servicio. También aconsejan guardar la factura y el parte de instalación, ya que ambos documentos son necesarios para activar la garantía en caso de avería.

Otro consejo habitual es desconfiar de los precios muy por debajo de la media del mercado. Una instalación notablemente más barata suele implicar menos horas de trabajo, materiales de peor calidad o, directamente, la ausencia de certificación oficial.

El ahorro inicial de contratar a alguien sin esa acreditación puede convertirse en un gasto mucho mayor a medio plazo. Sustituir un compresor o reparar una fuga de gas sin garantía puede costar una parte significativa del precio del equipo nuevo.