La Comisión Europea sigue en su cruzada para garantizar que todos los dispositivos electrónicos puedan tener baterías reemplazables y así cumplir los objetivos de sostenibilidad que se ha impuesto, empezando por las baterías de los móviles.

A partir del año que viene, los fabricantes de smartphones y tablets deberán permitir que el usuario cambie la batería del dispositivo que ha comprado, modificando el diseño e incluso aportando herramientas y recambios, aunque habrá excepciones.

Sin embargo, estamos rodeados de muchos más dispositivos que usan baterías aparte de los móviles y las tablets, y por eso, la Comisión ha creado una nueva regulación, 2023/1542, que entrará en vigor el próximo 18 de febrero de 2027.

Mientras que la normativa anterior afectaba únicamente a smartphones y tablets, las nuevas reglas son más amplias y afectan a prácticamente cualquier dispositivo que tenga una batería en su interior.

En otras palabras, los cascos inalámbricos (incluyendo el estuche de carga), las consolas portátiles de videojuegos, los ordenadores portátiles, los relojes inteligentes, las pulseras de actividad física, los cepillos de dientes eléctricos, los mandos de videojuegos y las herramientas domésticas entran dentro de la normativa.

La idea es la misma que con la normativa anterior. Cualquier batería incorporada a un dispositivo portátil comercializado en territorio comunitario deberá ser fácilmente extraíble y sustituible por el usuario final.

Esto significa que los fabricantes tendrán que cambiar el diseño de sus productos para facilitar el acceso al interior, o al menos, a un compartimento en el que se instale la batería; también tendrán que dejar de usar materiales y metodologías que impiden el acceso, como por ejemplo, el uso de pegamento u otros adhesivos industriales.

Para evitar lagunas legales, la UE define una batería como fácilmente extraíble cuando puede retirarse usando "herramientas comunes" y disponibles comercialmente; por lo tanto, el fabricante no puede obligar a comprar una herramienta propia diseñada solo para su producto.

En el caso de que no haya más remedio que usar una herramienta muy específica, el fabricante la tendrá que suministrar de manera gratuita junto con el producto o incluirla dentro del paquete con la batería de recambio.

El proceso de desmontaje debe poder ser realizado por un usuario no profesional en un entorno doméstico normal, y prohíbe de manera explícita el uso de pistolas de calor, disolventes químicos o técnicas que puedan dañar el dispositivo o la batería.

Hay excepciones, por supuesto. Los dispositivos diseñados para ser usados en entornos con agua limpia o salada quedan exentos si la apertura puede comprometer la seguridad de los componentes internos. De esta manera, por ejemplo, algunos dispositivos con protección contra el agua como auriculares pequeños podrán mantener el diseño actual.

Sin embargo, en casos en los que sea necesario que el dispositivo permanezca sellado, el fabricante deberá permitir que un profesional independiente realice el cambio de batería con sus propias herramientas, y no será obligatorio usar el servicio técnico oficial de la marca.

Para los consumidores, estas medidas pueden notarse en la cartera. Ya no tendremos que comprar un dispositivo completamente nuevo solo porque hemos agotado la vida útil de la batería después de dos o tres años, por ejemplo.

De la misma manera, la normativa obliga a los fabricantes a ofrecer baterías de repuesto durante al menos cinco años después de haber retirado el modelo del mercado, y estas deberán tener un coste "razonable y transparente".

Todo esto significa que a partir de ahora empezaremos a notar cambios en el diseño de los dispositivos electrónicos que usamos a diario, ya que las marcas tendrán que prepararse con antelación antes de la puesta en vigor en febrero de 2027.