El sector de la construcción se ha convertido en el principal foco de riesgo de impago de los créditos comerciales, empujado por el encarecimiento de los materiales y las tensiones en las cadenas de suministro.
La decisión de la Administración de Donald Trump de duplicar los aranceles al acero, hasta el 50% para las importaciones procedentes de España y la Unión Europea, ha encarecido aún más la obra y ha disparado la demanda de seguros de crédito como herramienta de protección ante la incertidumbre.
"El sector de la construcción se ve muy afectado por el aumento del coste de los materiales y, en concreto, del acero, que está siendo especialmente castigado por la imposición de aranceles", explica Nieves Mendoza, directora de Siniestros y Recobro de Solunion España.
La especialista destaca que la mayoría de las empresas del sector son pequeñas y medianas, por lo que cuentan con menor poder de negociación frente a sus proveedores y con un respaldo financiero más limitado para afrontar la morosidad prolongada de un cliente.
No obstante, la construcción "es también el sector que registra las tasas de recuperación más elevadas", remarca.
Otra tendencia especialmente relevante se observa en el sector de los combustibles.
La elevada competencia está obligando a reducir los precios, lo que provoca una pérdida significativa de liquidez entre los operadores minoristas, cuyos márgenes de beneficio son muy estrechos.
Riesgo de impago
Esta presión se intensifica en los periodos en los que el precio internacional del petróleo aumenta como consecuencia de las tensiones geopolíticas.
En esas circunstancias, los operadores deben afrontar mayores costes sin poder trasladarlos completamente al consumidor final.
Con independencia del sector o del mercado en el que opere una compañía, el seguro de crédito permite "prevenir la morosidad, gestionar la recuperación de las deudas y limitar las pérdidas mediante el pago de una indemnización", enfatiza Nieves Mendoza.
Este producto nació para proteger a las empresas frente al riesgo de impago de sus ventas a crédito, tanto en el mercado nacional como en las operaciones de exportación.
Calificaciones de riesgo
Al cubrir ese riesgo, facilita que las compañías vendan más y que puedan operar con clientes o en mercados a los que no accederían sin protección.
Antes de que se produzca un impago, las aseguradoras analizan la cartera de clientes del asegurado, monitorizan su evolución y asignan calificaciones de riesgo en función de la probabilidad de incumplimiento.
"Una vez que se acusa recibo del impago, comienza a computar el plazo para la liquidación de la indemnización al asegurado, con independencia de la evolución del proceso de recuperación", señala Mendoza.
Cuando se constata que una deuda ha vencido y no ha sido pagada, se activa una gestión integral del recobro que va más allá del simple recordatorio de pago.
La primera fase es amistosa o extrajudicial y está gestionada por especialistas próximos al domicilio del deudor. Esta cercanía puede constituir un elemento adicional de presión y facilitar la negociación. Durante esta etapa, se buscan soluciones que permitan al deudor cumplir sus obligaciones sin quedar excluido del mercado, mediante fórmulas como aplazamientos, quitas o periodos de espera.
Como parte de la estrategia de recobro, la aseguradora también puede gestionar la inclusión de la empresa deudora en registros de morosidad. Esta circunstancia puede dificultar su acceso futuro a la financiación y es, por tanto, una situación que la compañía tratará de evitar.
De forma paralela, se realiza una investigación patrimonial para conocer los bienes y la situación financiera de la empresa. Esta información permite determinar si existe margen para establecer un plan de pagos y qué fórmula resulta más adecuada.
En este punto, la aseguradora asume el liderazgo del proceso, analiza el caso concreto, define la estrategia y se coordina con la empresa asegurada para fijar plazos y expectativas.
Si la fase amistosa no ofrece resultados, se abre la vía judicial. Este procedimiento implica costes económicos que, en gran medida, son asumidos por la aseguradora, que cuenta con profesionales especializados en la recuperación de deuda y evita al asegurado tener que buscar asesoramiento jurídico por su cuenta.
Mendoza subraya que, en la fase amistosa, "la principal distinción se encuentra en la cultura de cada región", ya que esta condiciona la forma en que se cumplen los compromisos de pago.
En la fase judicial, la diferencia más significativa se encuentra en el marco jurídico de cada país, los plazos de prescripción, la saturación de los tribunales, los tiempos de tramitación y los costes de representación y asesoramiento.
La dificultad aumenta cuando el deudor se encuentra fuera de España. No es lo mismo reclamar una factura en el mercado nacional que hacerlo en México, Brasil o Turquía, ya que cambian la legislación, los plazos procesales, las prácticas de negociación, la percepción del riesgo de litigio e incluso la forma de interpretar un requerimiento de pago.
La complejidad jurídica y los costes se incrementan especialmente cuando la reclamación afecta a países que no forman parte de la Unión Europea. Tras obtener un título judicial que reconozca el crédito, su ejecución resulta generalmente más sencilla dentro de la UE, mientras que en terceros países suele ser necesario recurrir al procedimiento de exequatur.
Este proceso exige cumplir distintos requisitos formales y comprobar la existencia de convenios entre los Estados implicados, lo que puede alargar la recuperación.
Por este motivo, la gestión del recobro, tanto nacional como internacional, "debe quedar en manos de compañías especializadas", subraya Mendoza.
Capacidad internacional
En este contexto, la capilaridad internacional de los grandes grupos de seguro de crédito adquiere especial importancia. Solunion cuenta con capacidad de recobro en más de 150 países gracias a su integración en la red internacional de Allianz Trade, uno de sus accionistas junto con Mapfre.
Esta estructura permite canalizar las reclamaciones a través de equipos locales familiarizados con la normativa, los usos empresariales y las herramientas de negociación de cada mercado.
La gestión se realiza desde el país del deudor y por especialistas que conocen el idioma, los plazos judiciales y las fórmulas amistosas más eficaces en cada entorno.