Pedro Sánchez afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una política de Defensa condicionada por el deterioro geopolítico y los compromisos adquiridos con la OTAN. Cuando llegó a La Moncloa, en junio de 2018, España destinaba apenas el 0,9% del PIB a Defensa, todavía marcada por las secuelas de la crisis económica.
La invasión rusa de Ucrania y el deterioro del escenario internacional obligaron a acelerar la inversión hasta alcanzar el 2% del PIB en 2025, con 33.123 millones de euros según la OTAN. El Gobierno prevé consolidar ese nivel en 2026, por encima de los 34.000 millones de euros; Moncloa cifra el gasto en seguridad y defensa en 35.419 millones.
Sin embargo, el presidente del Gobierno se resiste a asumir la senda del 5% del PIB en Defensa y seguridad para 2035 acordada por los aliados en la cumbre de La Haya. Lo que ha ocasionado críticas y choques constantes con la Administración Trump, Sánchez sostiene que el 2,1% basta para cumplir.
El aumento del gasto contrasta con la falta de planificación a largo plazo, la dependencia tecnológica exterior y la ausencia de un gran campeón nacional.
El Gobierno debe demostrar que más presupuesto se traduce en capacidades reales, autonomía tecnológica y una industria más competitiva.
Y es que, como aseguraba recientemente el presidente de Aesmide, Gerardo Sánchez Revenga, "el verdadero reto consiste en transformar los recursos disponibles en capacidades operativas".
El problema
En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la Defensa se enfrenta a una paradoja: España ha aumentado considerablemente sus inversiones militares, pero sigue sin una estrategia de Estado que garantice la modernización de las Fuerzas Armadas y una industria capaz de competir con las grandes potencias europeas.
Mientras Europa acelera el rearme ante el deterioro geopolítico, la planificación española continúa lastrada por la incertidumbre presupuestaria. España lleva toda la legislatura sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, una anomalía que dificulta la planificación plurianual y añade incertidumbre a las inversiones estratégicas.
El desafío ya no es cuánto dinero se anuncia, sino qué capacidades reales obtiene España a cambio. La guerra de Ucrania, la proliferación de drones, la guerra electrónica y las amenazas híbridas exigen munición disponible, sistemas operativos, comunicaciones seguras y tecnología propia.
Sin embargo, el aumento de la inversión no garantiza por sí solo que las Fuerzas Armadas estén preparadas para afrontar un conflicto prolongado.
La disolución de las Cortes y la convocatoria electoral llegan, además, en un momento delicado para los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. Los correspondientes a 2026 siguen sin concretarse y el margen de actuación de Castellana 109 se ha reducido con el Gobierno en funciones. La consecuencia es una nueva dosis de incertidumbre para una industria que necesita contratos firmes para invertir, ampliar fábricas y contratar personal especializado.
F-110
En España, se espera que los Planes Especiales de Modernización (PEMs) movilicen por lo menos 61.900 millones de euros y se configuren como una herramienta clave para reforzar la base industrial y tecnológica nacional, según un informe de TEDAE y PwC.
Estos programas, desarrollados en colaboración entre los ministerios de Defensa e Industria, incorporan además un claro foco de retorno industrial, con el objetivo de destinar el 80% del gasto a la industria española y el 90% a la industria europea.
Actualmente hay casi 80 PEMs aprobados, mientras que desde la cartera de Defensa se prevé alcanzar los 95 programas en 2027.
Es decir, quedan por aprobarse los Reales Decretos de los 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) que tienen previsto salir adelante este mismo año. "Las empresas somos optimistas", aseguran fuentes del sector.
Como publicó esta semana EL ESPAÑOL, las empresas del sector esperan saber si Moncloa cumplirá sus compromisos o congelará el proceso. La preocupación es que el parón afecte a todos los programas o solo a una parte. "Las próximas semanas serán clave", coinciden fuentes industriales, que esperan la aprobación de los PEM ya anunciados.
15 PEM aún por adjudicar
De los 15 PEM y los más de 30.000 millones de euros anunciados por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, todavía no se han adjudicado, según las fuentes consultadas, aunque se espera que sean aprobados próximamente.
La incertidumbre no es un contratiempo menor: compromete la planificación industrial y puede retrasar la llegada de capacidades que las Fuerzas Armadas necesitan. Los programas militares requieren financiación plurianual, calendarios fiables y decisiones que no queden a merced de cada ciclo electoral.
A esta debilidad se suma la falta de un gran campeón nacional comparable a la francesa Thales, la alemana Rheinmetall o la italiana Leonardo. Indra, Navantia, Airbus España, Santa Bárbara Sistemas, Grupo Oesía y GMV cuentan con capacidades relevantes, pero la fragmentación del sector limita su capacidad para liderar grandes programas y competir por los principales contratos internacionales.
España necesita invertir de forma sostenida, pero también decidir qué capacidades quiere garantizar, qué dependencias tecnológicas debe reducir y qué posición aspira a ocupar en la industria europea.
El problema es que gastar más no equivale necesariamente a estar mejor defendidos. El aumento presupuestario por sí solo no basta: hacen falta planificación coordinada, I+D sostenida, capacidades críticas propias y una base industrial reforzada.
Sin Presupuestos estables, adjudicaciones efectivas y una estrategia de Estado que trascienda las legislaturas, el rearme español corre el riesgo de quedarse en grandes cifras sobre el papel y resultados insuficientes en el terreno militar e industrial.
Junto a ello, desde hace muchos años se vienen exigiendo mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y aunque en este campo se ha avanzado, aún siguen produciéndose desigualdades respecto a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
A veces se olvida que invertir en Defensa también significa invertir en quienes la hacen posible. La disponibilidad de personal suficiente, cualificado y motivado será tan determinante para la seguridad nacional como contar con nuevos aviones, buques, vehículos o sistemas de armas.
Los hechos
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 obligó a Europa a acelerar el rearme tras décadas de inversión insuficiente. España también ha elevado su esfuerzo presupuestario, pero sigue pendiente la cuestión decisiva: convertir los anuncios de gasto en capacidades militares reales y operativas.
En abril de 2025, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones de euros. La inversión puede contribuir a modernizar las Fuerzas Armadas, pero su eficacia dependerá de que se traduzca en equipos disponibles, tecnología propia y una planificación sostenida.
Foto de familia de los jefes de Estado y/o de Gobierno de los Estados miembros de la OTAN.
El compromiso de la OTAN en La Haya de elevar el gasto en Defensa y seguridad hasta el 5% del PIB en 2035 obliga, además, a establecer prioridades y objetivos verificables, más allá de los anuncios políticos.
España cuenta con una industria de Defensa relevante, integrada por unas 545 empresas, mayoritariamente pymes, con una facturación aproximada de 16.000 millones de euros y una inversión en I+D equivalente al 9,2% de sus ingresos.
Sus compañías participan en programas estratégicos como los Eurofighter, los A400M, los submarinos S-80 y las fragatas F-110, además de desarrollar sistemas de mando y control, comunicaciones, sensores y tecnologías espaciales. Junto a todo ello, existe una apuesta importante de las empresas por la tecnología dual.
Sin embargo, esa capacidad industrial no se corresponde todavía con una dimensión empresarial capaz de competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos europeos.
La diferencia de escala es elocuente. Indra facturó 5.457 millones de euros en 2025, frente a los 22.136 millones de Thales y los 19.503 millones de Leonardo. Esta brecha condiciona la financiación de grandes desarrollos, la ampliación de la producción y el liderazgo de programas internacionales.
El problema, por tanto, no es solo cuánto gasta España, sino qué obtiene a cambio. Sin una política industrial que impulse la consolidación empresarial, la innovación y la autonomía tecnológica, el aumento del presupuesto corre el riesgo de financiar compras sin construir una capacidad industrial propia a la altura de las necesidades estratégicas del país.
El FCAS abre una incógnita para España
La crisis del FCAS, el futuro caza europeo de sexta generación, obliga a España a buscar nuevas alianzas para no quedar al margen de su desarrollo. Las diferencias entre Francia y Alemania han bloqueado el proyecto en su configuración original y dejan en el aire las expectativas de la industria española.
La búsqueda de nuevos socios europeos se convierte así en una decisión estratégica: está en juego no solo la continuidad del programa, sino la capacidad de España para participar en el diseño de los sistemas de combate que definirán el poder aéreo de las próximas décadas.
El reto no es gastar más, sino obtener resultados estratégicos.
Sin una ejecución eficaz, una industria con mayor escala y una política que asegure el control de las capacidades críticas, España corre el riesgo de aumentar su inversión mientras pierde oportunidades para decidir qué tecnologías desarrollará y qué posición ocupará en la futura arquitectura militar europea.
El análisis
Aumentar el presupuesto es necesario, pero gastar más no garantiza una Defensa más eficaz ni una mayor seguridad nacional. La clave está en convertir las inversiones en capacidades militares reales, reforzar la industria nacional y reducir las dependencias tecnológicas.
El objetivo no puede limitarse a comprar más, como ha venido haciéndose hasta ahora, sino a desarrollar sistemas propios, ampliar la capacidad productiva y asegurar que los recursos se traducen en una mejora efectiva de la operatividad de las Fuerzas Armadas.
VCR 8x8 Dragón.
Programas como los submarinos S-80, los vehículos blindados 8x8 Dragón o las fragatas F-110 reflejan la magnitud de las inversiones en juego. Sin embargo, adjudicar contratos millonarios no equivale a disponer de mejores capacidades militares.
Lo determinante son los plazos de entrega, la disponibilidad operativa, el retorno industrial y el control de las tecnologías críticas.
Sin planificación a largo plazo, músculo productivo y tecnología propia, España corre el riesgo de seguir multiplicando el gasto sin reducir su dependencia del exterior ni fortalecer suficientemente su autonomía estratégica.
1. La falta de consenso debilita la planificación estratégica
La primera debilidad es la ausencia de una política de Defensa que trascienda los ciclos electorales. Fuentes del sector aseguran a EL ESPAÑOL que la falta de continuidad y de certidumbre política y financiera dificulta la planificación de inversiones en un ámbito en el que los grandes programas militares requieren años de desarrollo, fabricación y mantenimiento.
Esta inestabilidad puede retrasar la renovación de capacidades esenciales. La Defensa debe ser una política de Estado, con prioridades a largo plazo basadas en una evaluación compartida de los riesgos y sometidas al control democrático.
2. La industria necesita contratos, pero también resultados.
La segunda debilidad es la dificultad para convertir las inversiones en capacidades operativas. El impacto de los programas depende de que los contratos se ejecuten -que no sufran excesivos retrasos-, las fábricas amplíen su producción y los equipos lleguen a las unidades militares.
La falta de personal cualificado, los problemas de suministro y los retrasos administrativos pueden frenar ese proceso. Por eso, el éxito no debe medirse por los fondos anunciados, sino por las entregas efectivas, la disponibilidad operativa y la capacidad de mantener y reponer equipos y munición.
3. La autonomía estratégica no significa autarquía.
La tercera debilidad es tecnológica. España necesita cooperar con sus aliados para acceder a sistemas avanzados y compartir costes, pero esa colaboración no debe convertirse en una dependencia que comprometa el suministro en una crisis.
La prioridad es desarrollar capacidades propias en tecnologías críticas, diversificar proveedores y garantizar el mantenimiento de los sistemas, especialmente en ámbitos como la electrónica avanzada, los sensores, la inteligencia artificial, los drones, la guerra electrónica y las capacidades espaciales.
En este esfuerzo tienen un papel central las tecnologías de uso dual, capaces de servir tanto a la Defensa como a la seguridad civil y a la economía productiva: ciberseguridad, comunicaciones seguras, computación de alto rendimiento, semiconductores, fotónica, navegación por satélite o sistemas autónomos.
Apostar por ellas permite aprovechar la inversión civil, ampliar la base industrial y reducir la vulnerabilidad ante interrupciones en las cadenas de suministro.
4. El rearme europeo es una oportunidad
El rearme abre oportunidades para aumentar las exportaciones, atraer inversiones y desarrollar tecnología propia, pero también intensifica la competencia. Los países que amplíen su producción y dominen tecnologías críticas estarán mejor posicionados para captar contratos y liderar los grandes programas europeos.
España debe evitar quedar relegada a funciones secundarias o depender de decisiones tecnológicas tomadas en otros países. Para ello, necesita fortalecer sus grandes empresas e integrar a las pymes innovadoras.
La creación de un campeón nacional podría reducir la desventaja de escala frente a los grandes grupos europeos, pero no basta con concentrar contratos en una sola compañía: hace falta una empresa tractora capaz de integrar sistemas, desarrollar tecnología propia y liderar programas internacionales, respaldada por una red sólida de proveedores.
Las propuestas
La Defensa española no necesita únicamente más presupuesto. Necesita una estrategia de Estado que convierta cada inversión en capacidad militar, conocimiento tecnológico y seguridad efectiva para los ciudadanos.
La Defensa no puede depender del Ejecutivo de turno: debe convertirse en una verdadera política de Estado, respaldada por un amplio consenso político y con una planificación sostenida en el tiempo.
1. Pacto de Estado que garantice la continuidad
España necesita un pacto de Estado en Defensa que fije las prioridades para las próximas décadas: capacidades militares esenciales, objetivos industriales, tecnologías críticas y una financiación plurianual, con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
La política de Defensa no puede depender de cada cambio de Gobierno. La continuidad es indispensable para dar seguridad a la industria, previsibilidad a las Fuerzas Armadas y credibilidad a España ante sus aliados.
2. Presupuestos estables y PEM verificables
La segunda medida es reforzar la planificación presupuestaria. Los grandes programas exigen financiación estable y calendarios realistas que permitan organizar la producción, contratar personal y garantizar el suministro de componentes.
Los PEM deben vincularse a objetivos medibles: capacidades que se incorporarán, plazos de entrega, disponibilidad prevista, riesgos tecnológicos y participación de la industria nacional. La prioridad es evitar que las decisiones presupuestarias se conviertan en una sucesión de anuncios desconectados de las necesidades operativas de los ejércitos.
3. Mejorar los salarios de las Fuerzas Armadas
La política de personal debe situarse al mismo nivel que la modernización y adquisición de nuevos sistemas de armas. Las Fuerzas Armadas necesitan atraer, formar y retener talento, especialmente en aquellos perfiles técnicos y especializados en los que compiten directamente con un mercado laboral civil cada vez más exigente.
Por ello, el nuevo Ejecutivo debería impulsar una reforma retributiva estructural que permita recuperar el poder adquisitivo de los militares y hacer más atractiva la carrera profesional. Esta reforma debería prestar especial atención a las escalas de tropa y marinería y avanzar hacia una mayor equiparación de las retribuciones con las de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñen funciones y responsabilidades equivalentes.
4. Agilizar la contratación y medir resultados
La Administración debe reducir los retrasos que afectan a la contratación y ejecución de los programas, manteniendo los controles de legalidad, eficiencia y transparencia.
Es necesario mejorar la planificación de las adquisiciones, anticipar los riesgos de suministro y establecer indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los contratos.
La medición debe distinguir entre dinero presupuestado, contratos adjudicados, equipos entregados y capacidades plenamente operativas. Esta información permitirá identificar retrasos y corregir problemas antes de que comprometan la modernización militar...
5. Una modernización para los conflictos actuales
La modernización debe concentrarse en las tecnologías que están transformando los conflictos actuales. España tiene margen para reforzar sus capacidades en drones, sistemas antidron, inteligencia artificial militar, sensores, guerra electrónica, ciberdefensa y vigilancia espacial.
También debe impulsar la investigación en microelectrónica, comunicaciones seguras y componentes críticos, además de mejorar la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas.
La inversión en I+D debe conectarse con las necesidades de las Fuerzas Armadas y acompañarse de una estrategia para pasar de los prototipos a la fabricación a escala. La innovación solo proporciona una ventaja estratégica si puede integrarse, producirse y mantenerse.
6. "Campeón nacional" con proyección europea
Fuentes del sector aseguran a EL ESPAÑOL que España debe favorecer la consolidación de un grupo industrial capaz de competir con los grandes referentes europeos y liderar programas tecnológicos de alto valor añadido.
Algunos entienden que Indra podría ejercer ese papel tractor si gana escala, integra nuevas capacidades y refuerza su presencia internacional. Eso sí, siempre que el objetivo sea sumar capacidades sin sacrificar la especialización de las pymes ni limitar la competencia. Hay una base muy sólida, que no son solo las empresas tractoras, sino todo el ecosistema de pymes.
7. Reforzar la autonomía estratégica europea
España debe ganar peso en los programas europeos, impulsar las compras conjuntas y exigir una participación industrial acorde con sus capacidades. Cooperar permite compartir costes, acceder a tecnología avanzada y reforzar la interoperabilidad, pero no puede traducirse en nuevas dependencias.
La prioridad es identificar vulnerabilidades críticas y desarrollar capacidades propias, cadenas de suministro seguras y alternativas tecnológicas. La autonomía estratégica no exige prescindir de los aliados, sino dejar de depender de ellos en aquello que compromete la seguridad nacional.
Y aquí, también es necesario seguir reforzando las tecnologías de uso dual, capaces de servir tanto a la Defensa como a la seguridad civil y a la economía productiva