Expertos en inteligencia critican la falta de un plan de contingencia pese a las alertas previas al asalto masivo de migrantes en Ceuta.
El CNI y otros servicios informaron con antelación sobre una campaña en redes sociales que promovía el asalto, alertando a autoridades españolas y marroquíes.
La desclasificación de documentos de inteligencia genera debate sobre la protección de fuentes y métodos, y la transparencia sin afectar la cooperación internacional.
La publicación de estos informes plantea dudas sobre los criterios usados para desclasificar información y si se protegió adecuadamente la inteligencia compartida por terceros.
La publicación de los informes desclasificados del CNI, el CIFAS, la Policía, la Guardia Civil y otros servicios, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, detalla qué sabían las agencias de inteligencia españolas antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y cómo circularon esos datos entre la Delegación del Gobierno, las fuerzas de seguridad y las autoridades marroquíes.
Tras analizar los documentos publicados, varios expertos en inteligencia consideran que las alertas disponibles justificaban haber preparado una respuesta específica ante un posible asalto. Un exdirector del CIFAS señala a EL ESPAÑOL que aunque “La inteligencia no es una ciencia exacta, leyendo lo que he leído y sin saber lo que no se ha desclasificado, es negligente no haber puesto en marcha un plan de contingencia ante el MUY PROBABLE asalto”.
Hace referencia a los mensajes donde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, y a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) sobre una campaña en redes sociales desatada un día antes del asalto masivo de más de 72.000 migrantes irregulares a Ceuta, con margen de tiempo para evitarlo.
Este exmando de la inteligencia militar sostiene que “la inteligencia tiene la responsabilidad de informar a los responsables políticos, y corresponde a estos adoptar las medidas necesarias para minimizar o paliar la amenaza o el riesgo sobre el que se les informa”.
Fuentes del CNI, en una nota inusual desde Moncloa, han hecho saber a los medios que "la desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30".
Las mismas fuentes aclaran que el CNI "no ha realizado ninguna valoración o comentario sobre la desclasificación, ya que ha mantenido desde el primer momento el deber de secreto".
Los documentos publicados por Moncloa también revelan que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y otras unidades del Ejército de Tierra advirtieron antes y después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.
Extracto literal del documento del Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW 32) con base en Sevilla.
En este sentido, otras fuentes de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL explicaron que la falta de acción por parte de Marruecos era una medida premeditada, más allá del número de gendarmes, por haber estado igualmente informados del potencial asalto a la frontera el mismo día 30.
La publicación de estos documentos desclasificados plantea otro problema. A juicio de un experto en inteligencia de la Fuerzas Armadas, “es una anomalía desclasificar así un informe de inteligencia”.
Advierte de que este tipo de documentos puede contener elementos que permitan identificar fuentes, métodos o capacidades de los servicios.
“Los informes de inteligencia en sí, cuando caen en manos de expertos, pueden determinar quiénes son las fuentes, incluso personales. Pueden poner en evidencia determinadas vulnerabilidades del adversario que corrige en el momento en que se da cuenta de que son observadas. En fin, no es una buena idea, aunque algunos datos vayan tachados”, explica.
La ‘Third Party Rule’
Otras fuentes de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL ponen el foco en la denominada Third Party Rule, una de las reglas fundamentales que rigen el intercambio de información entre servicios.
“Si lo que se ha desclasificado afecta solo a los servicios de inteligencia españoles, no afecta a la credibilidad del país, frente a un tercero”, sostienen estas fuentes. Según explican, "los servicios de inteligencia de todo el mundo respetan a rajatabla la regla del Third Party Rule. Sin excepción”.
Reconocen que este tipo de desclasificaciones no es habitual y que suelen hacerse años después. Aseguran, eso sí, que “esto no sienta precedente”. Lo importante, insisten, es que la acción sea coherente: “Que no se desclasifique unos documentos y se silencien otros”.
“Si han dicho ‘vamos a hacerlo, hagámoslo’, deben desclasificar todos los que afecten al asunto. Porque si desclasifican uno y dejan guardados cuatro, ¿qué valor tiene la desclasificación?”, cuestionan.
Otra cuestión, a su juicio, es cómo los servicios receptores valoren el trabajo de los servicios de inteligencia. “Más que su credibilidad, lo que podría verse afectado es la consideración que esos destinatarios tengan del trabajo realizado”, explican.
“Nosotros proporcionamos elementos de juicio al Gobierno. Aquí tiene usted y luego lo considera si él quiere”, añaden estas fuentes, que no ven un perjuicio directo para el CNI o el CIFAS derivado de la desclasificación en sí.
Protección de las fuentes
Eugenia Hernández, directora UNINT (Unidad de Análisis de Inteligencia de la SEI-UAM), considera que el debate no debería plantearse simplemente en términos de desclasificar o no desclasificar.
“El debate sobre la desclasificación de información de inteligencia suele plantearse en términos excesivamente simples: desclasificar o no desclasificar. Sin embargo, esa no es la verdadera cuestión”, sostiene.
A su juicio, el verdadero dilema consiste en “cómo ofrecer transparencia sin comprometer las fuentes, los métodos y, sobre todo, la confianza sobre la que descansa la cooperación entre servicios de inteligencia”.
Hernández recuerda que el CNI es "el principal servicio de inteligencia del Estado", pero que determinadas necesidades informativas pueden requerir también la participación del CIFAS o de las capacidades dependientes del Ministerio del Interior. La existencia de diferentes organismos, apunta, “no demuestra por sí misma ninguna anomalía”.
Robles durante una visita al CIFAS
El problema adquiere una dimensión internacional cuando se trata de información compartida por otros países. España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, depende también de la cooperación de otros servicios para obtener información.
“La regla implícita es sencilla: quien comparte debe confiar en quien recibe”, señala Hernández.
Por eso, una desclasificación correctamente realizada no tiene necesariamente que deteriorar la cooperación internacional si se protegen las fuentes, los métodos, las capacidades y el origen de la información, y se respetan las restricciones impuestas por terceros.
"Un servicio extranjero no dejará necesariamente de cooperar con España por una controversia política puntual", asegura la directora de UNINT.
La cuestión, concluye Hernández, aparece cuando existen dudas sobre el propio procedimiento: “¿Quién decidió desclasificar? ¿Con qué criterios? ¿Se ha aplicado el mismo criterio a toda la información relevante? ¿Se ha protegido adecuadamente la inteligencia procedente de terceros? ¿Se ha seleccionado únicamente aquello que favorecía una determinada interpretación política?”.