El Ejército de EEUU (US Army) atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, atrapado en una encrucijada en la que coinciden en el tiempo la fragilidad logística y el desmantelamiento institucional.
Por un lado, las numerosas operaciones militares llevadas a cabo en los últimos meses han puesto a prueba la capacidad de producción de la industria militar del país, dejando los almacenes de armamento en niveles mínimos alarmantes.
Por otra parte, las decisiones políticas adoptadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han desencadenado una drástica destitución de la cúpula militar. La convergencia de ambos factores configura un escenario de vulnerabilidad inédito que condiciona gravemente la capacidad de respuesta de EEUU.
El aspecto material del problema tiene su origen directo en el intenso despliegue militar requerido para hacer frente a las tensiones en Oriente Próximo, en particular durante la guerra contra Irán.
La defensa del espacio aéreo y el lanzamiento de ofensivas de alta precisión implicaron un consumo masivo de munición, destacando los interceptores Patriot y los misiles de ataque táctico de largo alcance.
Batería de misiles Patriot
Esta interrupción en el flujo de reservas no se soluciona de forma inmediata, pues la base industrial de defensa de EEUU opera a una velocidad muy inferior a la demanda creada por un conflicto de alta intensidad.
Al respecto, diversos análisis independientes y centros de pensamiento estratégico advierten que reponer el material consumido en estas operaciones exigirá un esfuerzo prolongado durante varios años.
La fabricación de interceptores de última generación no responde a procesos de ensamblaje en cadena convencionales, sino que requiere componentes microelectrónicos de alta tecnología, cadenas de suministro globales fragmentadas y un presupuesto asignado de forma sostenida que no se traduce en entregas efectivas hasta pasado un tiempo considerable.
Este desabastecimiento de los arsenales crea una peligrosa ventana de debilidad estratégica justo cuando la atención militar estadounidense debe orientarse hacia el Indo-Pacífico, donde la disuasión frente a China y/o Corea del Norte requiere un nivel de preparación y una cantidad de reservas de las que Washington carece en este momento.
La purga de Hegseth
A esta escasez de proyectiles se suma un vacío de liderazgo sin precedentes en la cúspide de la estructura operacional militar. Según The New York Times, las drásticas decisiones de personal adoptadas por Hegseth han diezmado de forma explícita el alto mando: el US Army ha visto reducirse drásticamente su cúpula de mayor rango, pasando de tener diez generales de cuatro estrellas en activo a tan solo cinco, tras la ola de destituciones y salidas forzadas.
Asimismo, el puesto del jefe de Estado Mayor del Ejército permanece vacante desde que el general Randy George fuera fulminantemente destituido, el pasado abril, en una breve llamada de 15 segundos, dado que la purga se ha extendido también a los principales oficiales considerados como sus posibles sucesores.
El general Randy George, destituido el pasado abril como jefe del US Army
Entre los ceses más perjudiciales para la capacidad operativa del Ejército destaca el relevo forzado de mandos altamente experimentados en el teatro de operaciones europeo, singularmente aquellos que supervisaron el despliegue de tropas e inteligencia en la guerra de Ucrania.
Mandos clave como el general Christopher Donahue, con una comprensión táctica decisiva sobre el uso moderno de drones, guerra electrónica y sistemas de defensa antiaérea integrada adquirida en el escenario ucraniano, han sufrido degradaciones de mando o salidas que han despojado al Pentágono de un conocimiento táctico que habría resultado de mucha ayuda para contrarrestar las tácticas de enjambre empleadas por Teherán.
Asimismo, unidades críticas como el Mando de Transformación y Entrenamiento -encargado, justamente, de adiestrar a los operadores de los misiles Patriot- han quedado sin liderazgo tras el despido arbitrario de los generales designados para el cargo.
Esta reestructuración responde a una combinación de desconfianza personal, motivaciones ideológicas y el objetivo político de afianzar el control civil sobre la institución.
Hegseth asumió el cargo con un profundo recelo hacia el estamento militar tradicional, al que acusaba abiertamente en sus escritos de haber abandonado el mérito operativo para alinearse con políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) impulsadas por administraciones anteriores.
Esta postura se ha traducido en la eliminación de aquellos oficiales percibidos como continuistas o desleales a la nueva agenda. De igual manera, la purga responde al deseo directo de Trump de contar con una cúpula militar totalmente afín y obediente a las directrices de la Casa Blanca, reemplazando a mandos independientes por figuras alineadas ideológicamente que ejecuten las decisiones sin plantear objeciones, ya sean estratégicas o legales.
La posibilidad de subsanar este vacío institucional se enfrenta a un cuello de botella político. El proceso de confirmación de nuevos nombramientos militares en el Capitolio se ha vuelto extremadamente arduo debido a la creciente resistencia de los legisladores, tanto demócratas como republicanos.
Varios senadores, recelosos ante la falta de explicaciones oficiales sobre las purgas y preocupados por la aparente politización de las Fuerzas Armadas, han bloqueado de forma deliberada la ratificación de los candidatos propuestos por la Casa Blanca.
