Las claves
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Polonia ha abandonado la Convención de Ottawa, permitiéndose volver a producir, almacenar y desplegar minas antipersona en su territorio, especialmente en la frontera oriental.
La medida se enmarca en el proyecto defensivo “Escudo del Este”, que prevé una línea fortificada de unos 700 kilómetros para frenar posibles avances rusos y amenazas híbridas desde Bielorrusia y Kaliningrado.
Varsovia justifica la decisión ante la “asimetría” con Rusia, que emplea minas masivamente, y asegura que usará modelos con autodestrucción para limitar riesgos a civiles.
Organizaciones humanitarias y expertos advierten que el uso de minas antipersona, incluso con autodestrucción, sigue siendo peligroso para la población civil y migrantes en la frontera.
Polonia ha completado este viernes su salida de la Convención de Ottawa, el tratado que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona, en una decisión que Varsovia vincula al deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN y al desarrollo del proyecto defensivo “Escudo del Este”.
Esta salida abre la puerta a que el país vuelva a producir, almacenar y desplegar minas en su territorio, con especial atención a las fronteras con Bielorrusia y el temido enclave ruso de Kaliningrado.
El primer ministro, Donald Tusk, ha defendido la salida del tratado al asegurar que Polonia necesita esta medida para garantizar su seguridad. Sostiene que el “Escudo del Este” —una línea defensiva de unos 700 kilómetros, valorada en 2.300 millones de euros— permitirá minar la frontera “en apenas 48 horas” en caso de amenaza inminente, como respuesta directa a la invasión rusa de Ucrania y a las “guerras híbridas” en la región.
El “Escudo del Este” prevé la construcción de búnkeres, zanjas antitanque, barreras físicas, torres de observación, sensores terrestres, sistemas antidrones y una densa red de infraestructuras militares y logísticas, desplegadas en una franja de hasta 50 kilómetros dentro de territorio polaco.
Su objetivo es dificultar cualquier avance de fuerzas rusas, ganar tiempo para la llegada de refuerzos de la OTAN y reforzar el control de la frontera frente a amenazas híbridas, como la instrumentalización de la migración por parte de Minsk.
En este marco, Varsovia contemplaba también la creación de campos de minas como elemento adicional de “negación de área”, lo que ayuda a explicar la decisión de romper con la Convención de Ottawa.
"Asimetría" con Rusia
El miedo a Rusia siempre está presente en Polonia. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha presentado la salida de la Convención como un paso más en la pugna estratégica con Moscú.
A su juicio, Polonia “no puede aceptar una asimetría” en la que los países firmantes asumen restricciones humanitarias mientras Rusia emplea minas de forma masiva en Ucrania, convertida ya en “el país más minado del mundo”, según el Gobierno de Kiev.
La renuncia formal al tratado se notificó a Naciones Unidas en agosto de 2025 y entra ahora en vigor tras cumplirse los seis meses preceptivos, lo que devuelve a Varsovia una capacidad militar que considera clave para su defensa.
Con ello, Polonia aspira a reforzar su poder de disuasión en uno de los tramos más sensibles de la frontera entre la OTAN y Rusia, en pleno flanco oriental de la Alianza.
Nuevo cinturón militarizado
Polonia se suma de este modo a Finlandia y a los tres países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania—, que también han abandonado la Convención y trabajan en la creación de una barrera defensiva continua desde el mar Báltico hasta el Ártico, para reforzar sus estrategias de disuasión y defensa.
En conjunto, estos movimientos trazan un nuevo cinturón militarizado en el noreste europeo, pensado para dificultar cualquier avance de fuerzas rusas o maniobra híbrida en la zona.
Las autoridades polacas sostienen que las nuevas minas se diseñarán para un uso estrictamente militar, equipadas con mecanismos de autodestrucción y acompañadas de mapas detallados de los campos minados, con el objetivo declarado de limitar al máximo el riesgo de víctimas indiscriminadas.
Varsovia defiende que estos sistemas “inteligentes” y la gestión centralizada de la información permitirán activar y desactivar los dispositivos en función de la amenaza, y facilitar su retirada una vez superada.
Organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional humanitario rebaten ese argumento y recuerdan que, incluso con autodestrucción programada, las minas antipersona siguen siendo armas intrínsecamente indiscriminadas que afectan sobre todo a la población civil y dejan un rastro de muerte y amputaciones durante años.
Alertan de que su despliegue en la frontera oriental aumentará el peligro para los civiles y migrantes que intentan cruzar a pie desde Bielorrusia, en un corredor donde Minsk ya ha utilizado los flujos migratorios como herramienta de presión híbrida contra la Unión Europea desde 2020.