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Cada elección en Israel activa una secuencia de rituales. Uno de los menos conocidos consiste en debatir la descalificación de listas y candidatos a la Knéset. El órgano encargado de votar la exclusión de determinados partidos y líderes políticos de las urnas es el Comité Electoral Central, cuyas decisiones siempre quedan sujetas a la revisión del Tribunal Supremo.

El ritual comenzó el pasado miércoles, cuando el Likud, la coalición Poder Judío del ministro radical Itamar Ben Gvir y otros socios supremacistas de la coalición de Benjamin Netanyahu impulsaron en el seno del Comité Electoral Central la prohibición de las dos únicas plataformas árabes que pretenden concurrir a las legislativas del próximo 27 de octubre.

La mayoría de los miembros del comité, incluidos los líderes de la oposición, como Gadi Eisenkot o Yair Golan, votaron a favor de apartar de la carrera electoral a la Lista Unida, una coalición que integran Balad, Hadash y Ta'al, y el partido Ra'am de Mansour Abbas, la primera formación árabe-israelí que formó parte de un Gobierno desde la fundación del Estado judío.

La decisión sorprende al tratarse de Abbas, que formó parte de la coalición anti-Netanyahu liderada por el líder colono Naftali Bennett y que a principios de septiembre incorporó a sus listas al exjefe de la Policía israelí Yoav Segalovitz, un político judío, laico y sionista que hasta la fecha había militado en las filas del liberal Yesh Atid.

La fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, con asiento en el comité compuesto en su mayoría por diputados, no secundó la inhabilitación del líder de Ra'am al considerar que "las propias citas incluidas en las peticiones [de los partidos para inhabilitar a la formación islamista] demuestran que el diputado Mansour Abbas reconoce el carácter judío de Israel".

En la sesión del miércoles, el comité también aprobó por 30 votos a favor y cuatro en contra la descalificación específica del presidente del partido Balad, integrante de la Lista Unida, Sami Abu Shehadeh, número tres de la lista. Una decisión que contó con el respaldo de todos los partidos de la oposición y con el apoyo inesperado de Baharav-Miara.

El motivo de su exclusión fue un artículo de prensa publicado un día después del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que Shehadeh describió el ataque como "un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico" y estimó que otros podrían aprender del éxito de Hamás a la hora de sorprender a Israel.

El propio Shehadeh, que niega haber apoyado el ataque o la violencia política, interpretó su descalificación como un intento de "silenciarle" a él y a la sociedad árabe. "Nunca he llamado a la violencia ni al terrorismo", subrayó. "Me opongo a la lucha armada y sigo comprometido con la lucha política y civil por la paz, la justicia y la igualdad".

Desde el partido Yashar de Eisenkot, el gran rival de Netanyahu, hasta la coalición B'Yachad de los ex primeros ministros Bennett y Yair Lapid, pasando por Los Demócratas de Golan. Todos los partidos del bloque de la oposición respaldaron la petición.

La Lista Unida acusó a los miembros del comité de privar del derecho a representación a "más de un millón de votantes, que representan el 20 % de los ciudadanos del país" y juzgó "lamentable ver que quienes dicen querer sustituir a Netanyahu vuelven a caer en la trampa racista tendida por Netanyahu y Ben Gvir y prestan su apoyo a esta campaña política".

"Netanyahu ha atacado a los partidos árabes precisamente porque ni él ni la oposición sionista pueden formar una mayoría por sí solos, convirtiendo así a las formaciones árabes en la llave del gobierno", apunta en conversación con este periódico Yousef Mounayyer, director del programa sobre Palestina e Israel en el Arab Center de Washington DC.

Gadi Eisenkot, en el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Yashar, su nuevo partido político, celebrado cerca de Hod Hasharon. Amir Cohen Reuters

"Él sabe que sus opciones aumentan si se impide la participación de estos partidos", señala el especialista. "Sin embargo, también se ha burlado de la oposición, acusándola de deslealtad por intentar aliarse en secreto con los partidos árabes para derrocarlo".

"En respuesta, la oposición sionista a Netanyahu se ha sumado al discurso antiárabe como una forma de demostrar sus credenciales sionistas. El nivel de racismo antiárabe en Israel probablemente nunca ha sido tan alto, lo que expone a la comunidad de ciudadanos palestinos de Israel a un riesgo de violencia sin precedentes", sentencia Mounayyer.

En manos del Supremo

La base legal que permite este tipo de descalificaciones es el artículo 7A de la Ley Básica. En teoría, el artículo se aplica cuando en los objetivos, actos o declaraciones hay una negación de la existencia de Israel como estado judío y democrático, incitación al racismo o apoyo a la lucha armada de un estado enemigo u organización terrorista contra Israel.

"La ley israelí prohíbe a los diputados negar el carácter judío y democrático del Estado", explica Shany Mor, profesor de Teoría Política en la Universidad Reichman. "Esta ley se redactó en la década de 1980 para excluir a los partidos racistas de extrema derecha. En ocasiones, se ha citado en intentos de excluir también a algunos partidos árabes".

Mor justifica este mecanismo: "Toda democracia impone límites a lo que puede estar legítimamente representado en el Parlamento, y se espera que los diputados tengan algún tipo de lealtad mínima hacia el Estado, su constitución o, de forma más abstracta cuando corresponde, hacia su monarca".

Mansour Abbas posa junto al exjefe de la Policía israelí Yoav Segalovitz. @mnsorabbas X

Sin embargo, el partido Hadash y su facción comunista Maki denunciaron la decisión como "un atropello flagrante de las normas más básicas del juego democrático", acusaron a la "derecha fascista" de intentar reducir la participación electoral árabe y prometieron recurrir ante el Tribunal Supremo lo que calificaron de "persecución política".

Y es que la máxima instancia judicial de Israel tiene que validar las decisiones del comité, aunque el escenario más probable es que revierta la decisión. "Durante los últimos más de 20 años, estas decisiones han sido revocadas casi siempre por el Supremo, que desde principios de los años 2000 ha adoptado una postura mucho más estricta", explica Mor.

"De modo que las posturas que podían lograr la prohibición de un partido en la década de 1980 hoy no alcanzan ese umbral", añade Mor. "En la práctica, la perspectiva de que un partido sea prohibido se ha convertido en algo casi imposible".

"Esa imposibilidad convierte a estas votaciones en la Comisión Central de Elecciones en una especie de broma. Los políticos las utilizan como espectáculo sabiendo que la decisión no llegará a ejecutarse en la realidad", concluye el experto.

Que la votación para inhabilitar a Sami Abu Shehadeh contara con el respaldo del presidente del Comité Electoral Central, Noam Sohlberg, despierta cierto recelo. Sohlberg no es sólo juez y actual vicepresidente del Tribunal Supremo, sino un magistrado de marcado perfil conservador y el primer residente de un asentamiento en Cisjordania en acceder a la corte.

Su alineamiento con el veto rompe la tradición de imparcialidad prudente que suelen mantener los magistrados en este órgano y siembra serias dudas sobre el recorrido que tendrá en esta ocasión la apelación.

Mor aleja, sin embargo, esta posibilidad y asegura que "no hay posibilidad de que no se permita a la Lista Conjunta o a Ra'am presentarse a la Knéset. La votación de la comisión carece de sentido, y resulta insólito que esté atrayendo tanta atención internacional este año, cuando es un ritual que se repite antes de cada elección".