El gobierno de Ahmed al-Sharaa en Siria ha restringido el consumo de alcohol en Damasco para apaciguar a su base islamista, aunque no se ha dictado una prohibición nacional.
La detención del cineasta Hassan Akkad evidencia que la sátira política es tolerada solo hasta que afecta a intereses económicos vinculados al poder.
Las leyes represivas heredadas del régimen de Asad, como la Ley de Delitos Informáticos, siguen vigentes y se usan contra periodistas y activistas críticos.
Al-Sharaa mantiene una estrategia ambigua, alternando medidas conservadoras y gestos moderados para equilibrar el apoyo de islamistas, minorías y la comunidad internacional.
Entre los grupos de profesionales que entran y salen de Siria desde Líbano hay una pregunta recurrente estos días debido a las restricciones aplicadas en Damasco: ¿cuántas botellas de alcohol podemos llevar?
Al mismo tiempo, la detención del cineasta, activista y creador satírico Hassan Akkad y la continuidad de leyes represivas heredadas de Bachar el Asad están delimitando nuevas líneas rojas en el Gobierno del exyihadista Ahmed al-Sharaa.
Estos episodios han reabierto una cuestión que acompaña a Al-Sharaa desde que tomó el poder en diciembre de 2024. No obstante, el nuevo líder no ha aprobado formalmente una prohibición nacional del alcohol ni declarado ilegal la sátira política.
El antiguo Abu Mohammed al-Jolani, que dirigió la filial de Al Qaeda en Siria antes de romper con la organización y encabezar Hayat Tahrir al-Sham (HTS), cambió el uniforme militar por el traje y comenzó a presentarse como presidente de todos los sirios. ¿Hasta qué punto se ha moderado y cuánto conserva de su anterior proyecto islamista?
Malik al-Abdeh, editor jefe de Syria in Transition (SiT), descarta que las medidas sobre el alcohol formen parte, al menos por ahora, de una prohibición nacional coordinada.
"La decisión del gobernador de 'prohibir el alcohol' se entiende mejor como parte de una guerra cultural y como una forma de apaciguar a una determinada base social", explica a EL ESPAÑOL.
Una guerra cultural en Damasco
La polémica comenzó cuando la Gobernación de Damasco restringió el servicio de bebidas alcohólicas en restaurantes y locales nocturnos y limitó su venta legal a determinadas zonas de la capital, principalmente barrios con una importante población cristiana.
La medida fue presentada oficialmente como una regulación administrativa basada en normas ya existentes. Las leyes sirias heredadas del periodo de Asad establecen, entre otras restricciones, que el alcohol no puede servirse cerca de escuelas o lugares de culto.
Emmanuel Macron visita a Ahmed al-Sharaa
En barrios como Bab Touma, donde iglesias, mezquitas, colegios, restaurantes y bares conviven a pocos metros, una aplicación estricta de esas disposiciones podría hacer prácticamente imposible mantener abiertos numerosos establecimientos.
Al-Abdeh subraya que las reglas sobre el alcohol siempre han sido confusas y se han aplicado de manera irregular. Aunque teóricamente las licencias debían reservarse a cristianos, en la práctica también han estado en manos de comerciantes musulmanes.
Según su análisis, la decisión no responde a una orden nacional de Al-Sharaa, sino a la iniciativa del gobernador de Damasco, interesado en ganar apoyo entre los sectores religiosos y socialmente conservadores. Con ella trata de demostrar ante ese amplio electorado que es "uno de los suyos".
La medida no ha sido reproducida de manera general por los demás gobernadores ni ha eliminado el consumo: el alcohol continúa sirviéndose en Damasco y Al-Abdeh considera improbable que llegue a desaparecer en la práctica. Su valor es, por tanto, más político y simbólico que efectivo.
Eso no significa que las restricciones sean irrelevantes.
Los permisos, las inspecciones y las normas sobre distancias permiten a la Administración cerrar locales selectivamente, presionar a sus propietarios o reducir la presencia visible del alcohol sin afrontar el coste político e internacional de una prohibición islámica nacional.
También generan incertidumbre entre cristianos, empresarios turísticos y sirios seculares, que temen una transformación gradual del espacio público mediante decisiones administrativas locales.
Cuando una broma afecta al dinero
El caso de Hassan Akkad muestra que el problema no era sólo la sátira.
Según Amnistía Internacional, el 17 de junio ocho hombres vestidos de civil, dos de ellos enmascarados y armados, detuvieron a Akkad sin orden judicial en un café del barrio damasceno de Al-Malki.
Permaneció cinco días arrestado y fue liberado después de una fuerte reacción pública y de que el denunciante retirara la querella.
"Aunque las autoridades tienen un umbral de tolerancia muy bajo ante las burlas, creo que fue el desafío de Akkad a poderosos intereses empresariales lo que provocó su breve detención", sostiene Al-Abdeh.
Akkad ya había criticado a Al-Sharaa sin consecuencias. El conflicto surgió cuando señaló a Mohammed Hamsho, uno de los empresarios más vinculados al entorno del temido Maher el Asad (hermano menor del depuesto presidente), y a las empresas de su familia.
La gente tumba una estatua del padre de Bashar Al Asad, Háfez Al Asad.
Reclamó una donación prometida de un millón de dólares, celebró la retirada de Oppo, fabricante chino de teléfonos móviles, de un acuerdo con una compañía vinculada a los Hamsho y promovió un boicot contra Sinalco, empresa alemana de refrescos.
Según SiT, las denuncias contra Akkad procedían de sociedades relacionadas con esa familia y fueron tramitadas con una rapidez inusual.
Tras su liberación, la Fiscalía se negó a expedirle un certificado de antecedentes con una explicación: "Porque eres Hassan Akkad". Algunos creadores de contenido recibieron además instrucciones de no comentar el caso.
El episodio revela una tensión central de la nueva Siria. El Gobierno intenta recuperar capitales de empresarios del antiguo régimen a cambio de activos, pagos o cooperación económica. Sus críticos consideran que esa política permite a antiguos beneficiarios de la dictadura comprar su impunidad.
La detención de Akkad marca así una posible línea roja: la sátira puede tolerarse hasta que perjudica a intereses económicos considerados útiles para el nuevo poder.
Las leyes de Asad siguen vigentes
El problema se agrava porque las nuevas autoridades continúan utilizando la Ley de Delitos Informáticos de 2022, aprobada por el régimen de Asad.
La norma castiga conductas formuladas de manera imprecisa, como "menoscabar el prestigio del Estado", difamar por medios electrónicos o perjudicar la confianza en el sistema financiero.
Amnistía Internacional documentó cinco detenciones de periodistas y activistas por sus publicaciones entre enero y junio de 2026. Ninguno de los contenidos examinados incitaba a la violencia o al odio. Dos de los afectados seguían expuestos a procesos penales y posibles penas de prisión.
El Ministerio de Justicia anunció en junio que revisaría la ley y aprobó algunas limitaciones a la prisión preventiva y a la actuación policial. Sin embargo, no suspendió su aplicación. La nueva Siria mantiene así una de las herramientas jurídicas empleadas por el régimen que afirma haber sustituido.
La investigación de SiT menciona otros casos. Los activistas Yasser Abbas e Ibrahim Sheikh al-Shabab fueron arrestados después de que el gobernador de Damasco los denunciara por difamación. Ambos habían hecho campaña contra el Decreto 66, una norma urbanística de la época de Asad asociada a expropiaciones y desplazamientos.
El medio también recuerda la detención, en diciembre de 2025, del periodista estadounidense Bilal Abdul Kareem, después de que su cobertura se volviera cada vez más crítica con el acercamiento de Al-Sharaa a Estados Unidos.
A fecha de hoy, sigue sin haber noticias públicas sobre su situación.
¿Una deriva islamista?
El alcohol y la sátira no prueban por sí solos que Al-Sharaa esté preparando un Estado islámico. Tampoco pueden reducirse a incidentes completamente desconectados.
Al-Abdeh interpreta las aparentes contradicciones como parte de una estrategia consciente. El presidente necesita conservar el respaldo de una base islamista que incluye a sus propias fuerzas armadas, ideológicamente islamistas, mientras intenta presentarse ante las minorías, los países árabes y Occidente como un dirigente nacional, pragmático y capaz de estabilizar Siria.
"Mantiene constantemente el equilibrio: alterna un anuncio o una ley favorable a los islamistas con otra medida que parece más liberal o tecnocrática", explica.
Este equilibrio busca impedir que sus adversarios lo definan de una sola manera. Los islamistas más duros podrían acusarlo de haber traicionado sus principios; sus enemigos externos, especialmente Israel, pueden presentarlo como un "yihadista con traje".
Imagen de Muhammad al-Julani durante la entrevista concedida a la BBC.
Su estilo, resume Al-Abdeh, transmite un mensaje: "No podéis encasillarme en una sola categoría". Al-Sharaa intenta ofrecer señales diferentes a públicos distintos para mantener unida su base, tranquilizar a las minorías y obtener reconocimiento internacional.
Otros análisis recientes coinciden en que al-Sharaa está trasladando al nuevo Estado elementos del modelo desarrollado por HTS en Idlib.
El investigador Aaron Y. Zelin señala en un análisis que buena parte de los nuevos cargos procede de aquellas estructuras. Lo que entonces parecía una administración improvisada durante la guerra puede entenderse ahora como un proyecto para formar a los cuadros de un futuro Estado sirio.
El modelo de Idlib combinaba dirección islamista, concentración política, tecnócratas y prestación de servicios. La incógnita es si puede extenderse a un país mucho más grande, plural y fragmentado.
International Crisis Group también describe en un informe una situación ambivalente: las nuevas autoridades han avanzado en la reconstrucción del Estado, pero el poder sigue concentrado y las instituciones inclusivas son débiles.
El prestigioso think tank advierte del riesgo de una deriva autoritaria, sectaria y centralizadora, sin afirmar que exista un plan lineal de islamización.
Zelin considera además que la oleada de protestas en Siria desde principios de año serán una prueba decisiva: la respuesta de Damasco mostrará si acepta una sociedad capaz de reclamar derechos o reproduce los reflejos autoritarios de gobiernos anteriores.
El cuadro sigue siendo contradictorio. El alcohol continúa disponible, pero puede restringirse para satisfacer a sectores conservadores. La sátira circula, pero puede acabar en detención cuando afecta a intereses poderosos. El Gobierno promete revisar las leyes de Asad, pero todavía las utiliza.
Al-Sharaa gobierna mediante ambigüedades calculadas: concede espacio a los conservadores, protege intereses económicos y ofrece gestos de moderación cuando aumenta la presión. La incertidumbre, característica del régimen de Asad, amenaza con perpetuarse como herramienta de control.