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Las claves

El Gobierno de Estados Unidos introdujo de contrabando en Irán aproximadamente 6.000 terminales de internet satelital Starlink tras la brutal represión del régimen contra las manifestaciones el mes pasado.

Esta es la primera vez que Washington envía directamente estos equipos de la empresa de Elon Musk a Irán, según informó este viernes The Wall Street Journal (WSJ) citando a funcionarios estadounidenses.

Poseer una de estas terminales en Irán no está exento de riesgos. La posesión, compra, venta o uso de terminales Starlink u otros dispositivos de Internet satelital no autorizados está tipificada como delito y se castiga, en la mayoría de los casos, con entre seis meses y hasta dos años de prisión, además de la incautación del terminal.

Según el rotativo, el Departamento de Estado había adquirido cerca de 7.000 terminales Starlink entre finales del año pasado y enero de 2026.

El propio Trump estaría al tanto de estas entregas, aunque se desconoce si fue él mismo o alguien bajo su cargo quien aprobó el plan.

El régimen de los ayatolás ha acusado a EEUU, sin aportar pruebas, de fomentar la disidencia popular y en la organización de las manifestaciones que sacudieron la nación persa el año pasado.

Acusaciones que Washington ha negado totalmente.

Pese a ello, según confirmó el mes pasado la Casa Blanca, Trump y Musk hablaron sobre garantizar que los iraníes pudieran usar Starlink para acceder a Internet durante las protestas y el bloqueo impuesto por el régimen.

Apagón de Internet

El mes pasado, el Gobierno iraní impuso un apagón casi total de Internet para intentar sofocar la ola de protestas.

El 8 de enero, cuando las movilizaciones cumplían doce días y se extendían por las principales ciudades, las autoridades cortaron de forma simultánea los servicios de internet móvil y fija, así como gran parte de las comunicaciones telefónicas, dejando a unos 90 millones de personas prácticamente incomunicadas del resto del mundo.

La medida coincidió con el punto álgido de las manifestaciones, que empezaron por el desplome del rial y el encarecimiento de los alimentos, pero pronto se transformaron en un desafío frontal al sistema político instaurado tras la Revolución de 1979.

El apagón no fue solo una herramienta de censura, sino también un mecanismo para encubrir la represión.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que, al cortar el acceso a redes sociales y servicios de mensajería, el Gobierno buscó impedir que circularan vídeos, listas de víctimas y testimonios sobre el uso de fuerza letal contra los manifestantes.

En esos días, distintas fuentes hablan ya de miles de muertos y de hospitales saturados de heridos por arma de fuego, mientras el bloqueo de comunicaciones dificultaba la verificación independiente de lo ocurrido.

Para la sociedad iraní, el apagón de enero de 2026 se suma a un patrón de desconexiones selectivas utilizado desde hace años, pero esta vez con una escala y una duración que ilustran hasta qué punto el régimen está dispuesto a aislar al país para preservar su control interno.