Era cuestión de tiempo que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza. La operación militar para tomar el control del mayor núcleo urbano del enclave palestino, que el Gabinete de Seguridad israelí aprobó a principios de agosto pese a las denuncias de la comunidad internacional, comenzó en la tarde de ayer con la conquista de los barrios de Jabalia y Zaytoun, a las afueras de la ciudad.
Según confirmó el portavoz militar Effie Defrin, las tropas israelíes volvieron a atacar zonas densamente pobladas donde ya combatieron en los primeros compases de la guerra, derivada de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El Ministerio de Defensa que dirige Israel Katz había ordenado unas horas antes la movilización de 60.000 reservistas para iniciar los preparativos del asalto.
Según el digital The Times of Israel, las Fuerzas de Defensa israelíes desplegarán en las próximas semanas cinco divisiones en Gaza, unos 50.000 soldados para acabar con los remanentes de Hamás. Los reservistas no se incorporarán hasta septiembre, aunque la mayoría no participarán en la operación sobre la Ciudad de Gaza.
Israel controla en este momento el 75 por ciento de la Franja. La toma de la capital se traduciría en la ocupación total del enclave, un viejo anhelo de los sectores más nacionalistas que hoy ocupan el poder en Israel. Sectores que además proponen recuperar los asentamientos.
Los Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS), un grupo conformado por antiguos funcionarios del Ejército y del servicio exterior que se oponen a la operación, consideran que "las capacidades de Hamás ya han sido sustancialmente debilitadas, y prolongar la guerra en esta etapa sin ofrecer una alternativa al Gobierno de Hamás sobre la Franja sólo resultará en que vuelvan a reunir fuerzas para una próxima ronda".
"Ocupar Gaza no es uno de los objetivos principales declarados de la guerra", subraya en conversación con este periódico Daniel Carmon, exembajador israelí ante la ONU, que considera que la ofensiva sobre la capital del enclave palestino puede ser "una táctica de presión, una medida de apaciguamiento hacia los socios extremistas de la coalición o una forma renovada de eliminar todo el terrorismo en Gaza, pero pondrá en peligro a los rehenes".
El asalto a la Ciudad de Gaza, donde antes de la guerra residían medio millón de personas, también puede provocar un nuevo desplazamiento masivo y disparar el número de muertos en mitad del "peor escenario posible de hambruna", en palabras de los expertos consultados por Naciones Unidas.
Al menos 62.000 palestinos han perdido la vida en los 22 últimos meses como consecuencia de los ataques israelíes, según el recuento de las autoridades sanitarias locales. La mayoría de las víctimas eran civiles.
Negociaciones al límite
Hamás había aceptado la propuesta de tregua que le presentaron este fin de semana los mediadores de Egipto y Qatar. El grupo islamista palestino se comprometió a liberar a una parte de los 50 rehenes que permanecen en Gaza a cambio de detener las hostilidades durante 60 días. Pero Israel, que demanda la liberación de todos los secuestrados, sigue estudiando una propuesta que pone en jaque la estabilidad del Gobierno.
Porque el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, un supremacista antiárabe que representa a la extrema derecha religiosa, volvió a amenazar a Netanyahu con dimitir si acepta un alto el fuego. El líder opositor Benny Gantz, que formó parte del gabinete de guerra durante los primeros meses del conflicto, deslizó ayer la posibilidad de regresar al Ejecutivo para mantenerlo a flote y sellar el pacto.
La cuestión es que, como explica Gershon Baskin, será "mucho más difícil alcanzar un acuerdo" en caso de que la situación dentro del enclave palestino empeore como resultado de la ofensiva sobre la Ciudad de Gaza. "Y es probable que los rehenes mueran o sean asesinados", advierte el activista israelí en conversación con este periódico.
Netanyahu parece dispuesto a llegar a un acuerdo, sin embargo. Eso explicaría de algún modo el encuentro que mantuvieron el pasado martes en París el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, un hombre de su máxima confianza, con una delegación de diplomáticos qataríes.
En cualquier caso, los planes de Netanyahu para la posguerra siguen siendo una incógnita. "Persigue la destrucción de Hamás para que no quede ni un solo miembro con vida", señala el analista Shaiel Ben-Ephraim en diálogo con EL ESPAÑOL. "Por supuesto, eso es una fantasía. Eso nunca sucederá, y la única forma de acercarse a ello es creando una alternativa a Hamás. Netanyahu es plenamente consciente de ello".
"Lo que realmente quiere decir, sin decirlo, es crear un objetivo que no se pueda alcanzar para mantener la guerra mientras le resulte políticamente útil", insiste Ben-Ephraim. "Al menos hasta las próximas elecciones”.
Una parte de la sociedad israelí sigue expresando en las calles su rechazo a la agenda del primer ministro. Piden el final de la guerra y el regreso inmediato de los rehenes. "La izquierda israelí está cada vez más dispuesta a decir que esto es un genocidio. La gente con la que hablo me lo dice constantemente. Pero la izquierda es pequeña y odiada", lamenta el analista. "Las personas que se manifiestan diciendo eso reciben amenazas de muerte".
"El problema no es tanto que la gente no sepa que esto es un genocidio o que están ocurriendo cosas horribles. Es más bien que a la mayoría no le importa. O bien piensan que es bueno o que es una parte inevitable de la guerra", añade. "Por lo tanto, el muro del silencio no es el término adecuado. Los palestinos simplemente son odiados en Israel".
Mientras las tropas israelíes recrudecen su ofensiva, varias organizaciones humanitarias, con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) a la cabeza, denuncian que, seis meses después, el Estado hebreo sigue bloqueando la entrada de suministros básicos en Gaza.
¿Adiós a los dos Estados?
En paralelo, el Gobierno israelí aprobó en la mañana de ayer el plan para construir un nuevo asentamiento colono que, en la práctica, dividiría Cisjordania y aislaría los territorios palestinos ocupados de Jerusalén Este. Netanyahu pretende sepultar, de este modo, la solución de dos Estados. Sería el golpe de gracia a la viabilidad del futuro Estado palestino.
El proyecto E1, un área de doce kilómetros cuadrados incrustada entre el asentamiento de Ma’ale Adumim y el este de Jerusalén, recibió luz verde por parte del Subcomité de Asentamientos de la Administración Civil. "Con E1 finalmente estamos cumpliendo lo que se prometió durante años. El Estado palestino está siendo borrado de la mesa, no con consignas sino con acciones", presumió Smotrich.
En una comparecencia de prensa conjunta con el alcalde de Ma’ale Adumim, Guy Yifrah, el titular de Finanzas instó al primer ministro a completar el movimiento y aplicar la plena soberanía israelí en Judea y Samaria, la denominación de Cisjordania que utilizan los sectores nacionalistas israelíes.
Yifrah, por su parte, celebró la aprobación de un asentamiento que describió como "una acción sionista y de seguridad de primer nivel".
Netanyahu no se pronunció sobre el plan, aunque el pasado domingo recordó desde el asentamiento colono de Ofra que hace un cuarto de siglo prometió hacer "todo lo posible para asegurar nuestro control sobre la Tierra de Israel, para evitar el establecimiento de un Estado palestino, para evitar los intentos de desarraigarnos de aquí. Gracias a Dios, lo que prometí, lo hemos cumplido".
Su Gobierno mueve ficha antes de la sesión de la Asamblea General de la ONU de septiembre donde varios países europeos de la entidad de Francia, Reino Unido o Canadá reconocerán el Estado palestino.
"Eso no va a suceder. No habrá un Estado que reconocer", insistió ayer el propio Smotrich, que reside en una casa construida de forma ilegal en el asentamiento colono de Kedumim, según el diario Haaretz.
El proyecto, que contempla la construcción de 3.400 nuevas unidades habitacionales, estaba congelado desde 2020. Las objeciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional paralizaron entonces un plan que comenzó a esbozar a principios de los noventa el entonces primer ministro Isaac Rabin y que Ariel Sharon aprobó tiempo después.
Es probable que las obras comiencen en los próximos meses, pero las viviendas no estarán listas hasta el próximo año, según las estimaciones de la ONG israelí Peace Now. Otras organizaciones de derechos humanos locales como Ir Amim advierten que el área de E1 es la única reserva de tierra que queda en el corazón de los tres principales centros urbanos palestinos en Cisjordania: Ramala, Jerusalén Este y Belén.
Un diputado de Los Demócratas, la coalición minoritaria de izquierdas que lidera Yair Golan, antiguo jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, denunció ayer que "Smotrich y su grupo están arrastrando a Israel hacia una sangrienta realidad binacional, una tercera intifada y un aislamiento internacional dramático".
"Netanyahu es muy consciente de las peligrosas implicaciones de activar los planes de construcción en esta zona sensible y volátil. Sin embargo, una vez más, elige sacrificar los intereses de Israel en el altar de su alianza con los elementos más extremos de la sociedad israelí", escribió Gilad Kariv en la red social X.
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino denuncia que el proyecto "socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados, de establecer un Estado palestino sobre el terreno y fragmenta su unidad geográfica y demográfica".
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) del veterano Mahmud Abás teme que el desarrollo de E1 consolide "la división de la Cisjordania ocupada en áreas y cantones aislados que están desconectados entre sí, convirtiéndolos en algo parecido a verdaderas prisiones, donde el movimiento solo es posible a través de los puestos de control israelíes y bajo el terror de milicias de colonos armados".
El secretario general de la ONU, António Guterres, comparte el diagnóstico. Y es que el Estado de Israel impone desde 1967 fuertes restricciones al movimiento de los tres millones de palestinos que residen en Cisjordania, un territorio donde alrededor de 700.000 colonos viven repartidos en 160 asentamientos.
Los palestinos necesitan permisos para atravesar los puntos de control que conducen hacia Jerusalén, lo que en la práctica supone un régimen de apartheid. Por eso, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima autoridad judicial de Naciones Unidas, determinó hace un año que los asentamientos israelíes eran ilegales.
Y sin embargo, Smotrich y Katz anunciaron el pasado mes de marzo la legalización de 22 asentamientos que fueron construidos sin autorización oficial en Cisjordania. Era la mayor expansión territorial en décadas.
Desde el 7-O, las cotas de violencia han alcanzado niveles récord en Cisjordania. Al menos 971 palestinos han muerto a manos de soldados o colonos israelíes. Entre las víctimas mortales más recientes figura el nombre del activista palestino Odeh Hathalin, que participó en la grabación de No Other Land, el documental que ganó el Oscar por su crudo retrato de la ocupación israelí.
El colono Yinon Levi le disparó a finales de julio en la aldea palestina de Umm al-Kheir. Hathalin grabó el vídeo de su propio asesinato. Una semana después, sin embargo, los tribunales israelíes pusieron en libertad al colono, propietario de una constructora que el Ministerio de Defensa israelí ha contratado varias veces para demoler estructuras palestinas "ilegales" en las colinas del sur de Hebrón. Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron el pasado año sanciones contra Levi por sus actividades en los territorios palestinos ocupados.