El bloque ultraortodoxo que respalda al Gobierno de Benjamin Netanyahu le ha dado un ultimátum de apenas dos días antes de detonar la legislatura.
La formación Judaísmo Unido de la Torá (JUT), una de las dos religiosas que forman parte de la coalición, ha anunciado la renuncia de seis diputados en protesta por el estancamiento legislativo que impide asegurar la exención del servicio militar obligatorio a los estudiantes de seminarios religiosos.
La salida de JUT no compromete de inmediato la mayoría parlamentaria de Netanyahu, que mantiene 61 de los 120 escaños de la Knéset. Sin embargo, si Shas —el otro partido ultraortodoxo y socio tradicional de JUT— sigue sus pasos, el Gobierno pasaría a contar con tan solo 54 diputados. Es decir: perdería su mayoría.
El desacuerdo parte de la reforma del sistema de reclutamiento. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, los varones ultraortodoxos que se dedican al estudio religioso han gozado de una exención tácita del servicio militar.
Pero la última disposición que regulaba este privilegio expiró en junio de 2024, y el Tribunal Supremo dictó entonces que los seminarios ya no pueden servir como refugio ante el alistamiento.
El Ejecutivo se comprometió a presentar una nueva ley que salvaguardase parte de esas exenciones, aunque incluyese cupos obligatorios para determinados sectores del mundo ultraortodoxo. Sin embargo, la iniciativa permanece encallada desde hace meses.
Yuli Edelstein, diputado del Likud y encargado de tramitar el texto, se niega a avalar una propuesta que no incremente de forma sustancial el número de reclutas disponibles para el Ejército.
La tensión no proviene sólo del ala religiosa. Dentro de la coalición, los partidos de extrema derecha que encabezan los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich presionan al primer ministro para continuar la guerra en Gaza, dificultar la entrada de ayuda humanitaria y boicotear las negociaciones de paz celebradas en Catar.
El diálogo, aún incipiente, contempla una tregua de 60 días que permitiría liberar a la mitad de los rehenes israelíes aún en manos del grupo islamista y facilitaría la entrada de ayuda humanitaria a la devastada Franja.
Aunque Ben-Gvir y Smotrich amenazan con impedir cualquier acuerdo, Netanyahu podría sacar adelante un pacto sin sus votos. “En cuanto haya una propuesta adecuada sobre la mesa, el primer ministro tendrá el respaldo necesario para aprobarla”, declaró este martes su asesor cercano Topaz Luk a la emisora Army Radio.
El debate sobre la exención militar se ha agudizado desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, cuando el atentado masivo de Hamás provocó la jornada más letal en la historia de Israel, con 1.200 muertos y 251 secuestrados.
La respuesta militar israelí ha causado, según fuentes sanitarias palestinas, más de 58.000 muertos en Gaza, la destrucción casi completa del territorio y el desplazamiento de la práctica totalidad de su población.
El conflicto, además, ha supuesto el mayor número de bajas militares para Israel en décadas, con alrededor de 450 soldados caídos. En ese contexto, crece la frustración entre amplios sectores de la sociedad israelí que consideran inaceptable que los jóvenes ultraortodoxos permanezcan ajenos a un esfuerzo bélico que afecta al resto del país.
Netanyahu, atrapado entre las exigencias contradictorias de sus socios religiosos y nacionalistas, dispone de 48 horas para evitar una ruptura definitiva. Eso sí: la Knéset entra en receso estival a final de mes, lo que le daría tres meses adicionales de maniobra al primer ministro más experimentado de la corta historia democrática de Israel.