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Pedro Sánchez planteó una disyuntiva algo manida al convocar las elecciones generales del 29 de noviembre: España podía mantener su "gobierno progresista" o sumarse a la ola de extrema derecha internacional. El problema para el PSOE es que las encuestas apuntan a lo segundo.

La media de sondeos del Financial Times, actualizada el 11 de octubre, sitúa al PP con el 32,2 % de los votos, al PSOE en el 26,4 % y a Vox en el 18,8 %, y los sondeos privados publicados en la semana posterior a la convocatoria insisten en otorgar a la suma del PP y Vox en torno a los 200 escaños.

La duda, ahora mismo, no es si ambas formaciones llegarán a gobernar, sino si conseguirán los tres quintos de la cámara (210 diputados) que les permita acometer reformas legales muy profundas.

España abre así lo que el propio Financial Times llama un "superciclo" electoral sin precedentes en una generación: en 12 meses votarán cuatro de los cinco países más poblados de la UE.

Francia elegirá presidente el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027; Polonia renovará su parlamento en otoño de ese mismo año, e Italia debe votar antes de diciembre, aunque en Roma se especula con un adelanto a la primavera.

En Francia, Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), oscila entre el 31 % y el 36 % en la primera vuelta según el barómetro de Ifop de finales de septiembre; la encuestadora Toluna Harris Interactive la sitúa de favorita en la segunda tanto frente al moderado Édouard Philippe (57 % a 43 %) como al insumiso Jean-Luc Mélenchon (69 % a 31 %).

Es el espíritu del tiempo: los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni encabezan las encuestas en Italia con el 27 % de los votos, y en Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS), que se partió en dos en agosto, y los dos partidos que tiene aún más a su derecha suman más del 40 %.

Ni siquiera Alemania, sin elecciones federales a la vista, se escapa a la tendencia: Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo un 30 % de intención de voto en el sondeo de INSA del pasado domingo, frente al 19 % de la CDU-CSU del canciller Friedrich Merz.

"Es bastante extraordinario que estas elecciones se celebren al mismo tiempo, pero también lo es que se estén dando dinámicas tan, tan parecidas", afirma Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

El espejo de Meloni

Ante el abismo, conviene ser optimista. Tampoco quedan muchas más opciones. Por ello, conviene recordar que, en 2014, cuando Hermanos de Italia apenas superaba el 3 % de intención de voto, Meloni no dejaba de repetir que estaba a favor de salir del euro, pedía retirar las sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea y, ya en la campaña de 2022, prometía un bloqueo naval para que no llegara ni una patera más.

Cuatro años después, Italia cumple las reglas fiscales de Bruselas mejor que Francia, acuerda junto a Ursula von der Leyen los acuerdos migratorios con Túnez y Egipto y apoya a Ucrania frente a Putin sin una sola fisura.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Europa Press

Hasta Radosław Sikorski, ministro de Exteriores polaco y europeísta poco sospechoso, lo reconoce: "A veces, la política da gratas sorpresas. El mejor ejemplo es la postura de la primera ministra Meloni".

De ahí que en Bruselas se hable de un "modelo Meloni" que responde a la idea de que el poder modera a quien lo ejerce. El problema es que ese depende de una condición que nadie puede controlar: que no aparezca alguien más a la derecha. Y ha aparecido.

Roberto Vannacci, el general que se hizo famoso con un libro contra la inmigración y las políticas de género, rompió en febrero con Matteo Salvini, fundó Futuro Nacional y en apenas unos meses ha igualado a Forza Italia en las encuestas gracias a un mensaje sencillo: Meloni ha traicionado a los suyos. Sin más.

Recuerda que Meloni firmó el nuevo Pacto de Estabilidad, mantiene un apoyo "insensato" a Kiev y no ha expulsado a nadie. Él, en cambio, promete "remigración" hasta reducir la población inmigrante del 12 % al 4 %. Tampoco descarta salir del euro.

En otras palabras, a Meloni ya no le sale gratis ser moderada. Si, como apuntan los sondeos, necesita a Vannacci para gobernar tras las elecciones, cada gesto hacia Bruselas lo acabará pagando en casa.

Además, la Comisión pierde este año la mejor baza que tenía respecto a Italia: los cerca de 200.000 millones del fondo de recuperación que llegaron a cambio de reformas consensuadas.

Catherine de Vries, catedrática de Ciencia Política en la IE University, deja la siguiente pregunta: "Cuando la derecha radical ya gobierna, ¿cómo te distingues? ¿Siendo aún más extremo?".

Lo que Le Pen quiere y lo que Francia debe

La situación de Marine Le Pen es bien distinta. De entrada, mientras Meloni preside un gobierno de coalición y depende de sus socios, Le Pen sería presidenta de la República, con mandato directo de las urnas, y se sentaría en el Consejo Europeo, donde los 27 fijan la política exterior de la Unión, con más poder del que tiene la italiana y menos ataduras.

Es cierto que su partido renunció en 2019 a solicitar la salida del euro y que su presidente, Jordan Bardella, repite que "no estamos pensando en un Frexit", pero lo que propone se le parece bastante: sacar a Francia de la política común de asilo, desligarse de partes del mercado único y reformar la Constitución para que la ley francesa prevalezca sobre la europea, que es justo el principio sobre el que se levantó la Unión.

Lo que no está claro es cómo va a sacar adelante un proyecto tan nacionalista en medio de la actual precariedad económica del Estado francés.

La subida masiva de los intereses de los bonos ha hecho que hoy Francia deba el equivalente al 119 % de todo lo que produce en un año, y en 2026 volverá a gastar un 5,4 % más de lo que ingresa, casi el doble de lo que permiten las reglas europeas.

Esa diferencia la cubre pidiendo prestado, y el precio del préstamo lo fijan los inversores según el riesgo que ven.

A principios de octubre, el bono francés a diez años superó el 5 % de interés por primera vez en más de veinte años, y la prima de riesgo, la diferencia con lo que paga Alemania, llegó a los 158 puntos básicos, su nivel más alto desde noviembre de 2011, en plena crisis del euro.

Por primera vez en décadas, a Francia le cuesta más endeudarse que a Italia.

Esta inestabilidad ha provocado planteamientos algo erráticos en la Agrupación Nacional. El 6 de octubre, Le Pen presentó su plan de ajuste, que incluía 9.000 millones menos para Bruselas incluidos a la vez que pedía "abrir una conversación con el BCE para que intervenga y alivie el peso de los tipos de interés".

Marine Le Pen junto con Jordan Bardella. Reuters

El Banco Central Europeo tiene desde 2022 la herramienta legal para comprar bonos de un país cuya prima se dispare sin motivo, pero, para ello, ese país debe cumplir las reglas fiscales, precisamente las que Le Pen quiere relajar.

El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, le contestó al día siguiente que "el BCE no está para gestionar los problemas presupuestarios de los países". Los mercados también dejaron claro su punto de vista: la prima subió de 126 a 135 puntos.

El "default" que lo cambiaría todo

Es cierto que nadie habla todavía de un impago, pero sí de la crisis que se avecina.

En 2010, Grecia, que apenas pesaba un 2 % de la economía europea, dejó de poder financiarse y necesitó tres rescates en cinco años; el euro solo se salvó cuando Mario Draghi, entonces presidente del BCE, prometió en julio de 2012 que haría "lo que fuera necesario para preservar la moneda común".

El problema ahora es que Francia es la segunda economía de la eurozona y nadie tiene dinero para rescatarla. "El tamaño del mercado de deuda francesa la convierte en un riesgo sistémico", advertía Funcas en noviembre de 2025, y el contagio ya ha empezado: los bonos italianos se mueven desde hace semanas al ritmo de los franceses.

Alice Weidel, colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD). Annegret Hilse Reuters

Hay que tener en cuenta, además, que la Alemania actual no tiene nada que ver con la de Angela Merkel en 2012.

Su actual canciller, Friedrich Merz, rechazó en mayo, en la ceremonia del Premio Carlomagno, cualquier nueva emisión de deuda común, y el partido que le pisa los talones nació en 2013 precisamente contra los rescates a Grecia.

El programa de la AfD en 2025 pedía recuperar una moneda nacional y salir de la Unión, y este mismo mes de agosto su colíder, Alice Weidel, se negó a desmentir que pensaba sacar a Alemania del euro, una "moneda blanda", en su opinión.

Desde que el Reino Unido votara marcharse en 2016, la Unión ha seguido adelante convencida de dos elementos irrenunciables: que Alemania y Francia acabarían poniéndose de acuerdo en lo que fuera y que el euro no tenía marcha atrás. El primero depende hoy de dos gobiernos debilitados. El primero, de que nadie la ponga a prueba.

La difícil situación de Ucrania

La principal víctima colateral es Ucrania, que ve como su principal aliado internacional puede desmoronarse justo cuando Donald Trump ha decidido volver a cargar contra Volodímir Zelenski.

El 10 de octubre, un día después de anunciar un acuerdo con Vladímir Putin para dar salida a más de 300.000 toneladas de diésel ruso, afirmó que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Zelenski le respondió que "la verdadera causa de la guerra en Europa es Rusia y solo Rusia" y ofreció convocar elecciones a cambio de 60 días de alto el fuego total.

Mientras tanto, sigue vigente el préstamo de 90.000 millones con deuda común que aprobó en diciembre la Unión para 2026 y 2027, aunque Hungría, Eslovaquia y la República Checa se descolgaran del acuerdo.

Ese sostén es el que el superciclo electoral pone en juego.

Le Pen ha dicho que suspendería la ayuda bilateral salvo en materia de formación militar, recela de las sanciones y no aceptaría a Ucrania en la Unión; la AfD ni siquiera disimula, y su colíder Tino Chrupalla ya afirmó en su momento que no ve que Rusia constituya "ningún peligro para Alemania".

Las excepciones son Meloni, como ya hemos dicho, y Vox, que calificó la invasión de "ilegítima e inmoral".

El problema es que todas las decisiones de política exterior necesitan unanimidad en el Consejo, de modo que basta un gobierno para bloquearlo, como demostró Viktor Orbán durante años. No deja de ser irónico que Orbán haya perdido el poder justo cuando se asoman vetos mucho más pesados que el suyo.

Cuando hasta los europeos se vuelven "inmigrantes"

Con todo, el terreno donde estos partidos ya han ganado antes incluso de gobernar es la inmigración. Su presión ha arrastrado consigo a los conservadores y hasta a los socialdemócratas de Dinamarca, Suecia o el Reino Unido.

La propia Unión aplica desde el 12 de junio un Pacto de Migración y Asilo que acelera las devoluciones en frontera. Una semana después, el Parlamento Europeo aprobaba por 418 votos a favor y 218 en contra permitir "centros de retorno" en terceros países, donde los expulsados podrán permanecer detenidos hasta 24 meses.

Es el modelo que Meloni ensayó en Albania, con unas decenas de repatriaciones y un coste cercano a los 1.000 millones en cinco años, completado con sendos acuerdos con Túnez, Mauritania y Egipto para que frenen las salidas.

Lo que hace un año se consideraba una excentricidad, hoy es política oficial. Por eso, los partidos nacional-populistas han tenido que ir más lejos.

La AfD lleva en su programa la citada "remigración", un eufemismo para la expulsión masiva de extranjeros, incluidos los que tienen papeles, y la diputada de Vox, Rocío de Meer, calculó en 2025 que unos ocho millones de personas "tendrían que volver a sus países", aunque sus palabras fueran luego extensamente matizadas por la dirección de su partido.

Lo verdaderamente nuevo, sin embargo, es que el debate empieza a alcanzar a la libre circulación entre europeos.

Alemania mantiene controles policiales en sus nueve fronteras terrestres desde septiembre de 2024, algo que Schengen solo permite de forma temporal y que Berlín lleva dos años prorrogando; durante la crisis de Ceuta de este verano, Italia anunció que suspendería Schengen con España y Weidel pidió suspender todo el espacio si hacía falta; Le Pen está dispuesta a limitar la libre circulación a los ciudadanos de la Unión.

Expulsar a un país de la Unión, en cambio, no es posible: los tratados solo permiten suspender su derecho a voto.

El peor de los escenarios posibles

Pese a que, en principio, sus elecciones quedan más lejos, el futuro europeo parece que se terminará de decidir en Berlín, como casi siempre. La Constitución alemana no permite al Bundestag disolverse, pero el canciller puede pedir una cuestión de confianza, como hizo Olaf Scholz en diciembre de 2024, y perderla.

Merz descartó esa vía en mayo, pero desde entonces su partido ha perdido Sajonia-Anhalt ante la AfD, que rozó el 44 %, y ha quedado fuera del parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 4,9 % de los votos.

Según Forsa, el 55 % de los alemanes quiere que Merz dimita. Comoquiera que INSA da a AfD un 30 % y a la CDU-CSU un 19 %, unas elecciones anticipadas la convertirían en primera fuerza del país más poblado de la Unión.

Todo esto, en un entorno cada vez más escorado hacia el populismo de extrema derecha.

El primer ministro británico, Andy Burnham. Reuters

No hace ni dos semanas que, en Brasil, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si gana en la segunda, se sumará a Javier Milei, José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, y la derecha populista gobernará casi todos los grandes países de la región, con México como gran excepción.

Con Trump instalado en la Casa Blanca hasta 2029, se podría decir que solo el Reino Unido desentona, pero sería una verdad a medias: Reform UK lleva meses liderando las encuestas, aunque los laboristas de Andy Burnham hayan vuelto a adelantar a Nigel Farage, 27 % frente a 22 %, en el último sondeo.

Las voces de alarma se multiplican y no parten de activistas radicales de izquierdas.

Nathalie Tocci, profesora de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Bolonia, se pone en el peor escenario posible: si la derecha nacionalista gobernara a la vez en España, Francia, Polonia e Italia, "no creo que sea hiperbólico decir que estaríamos ante el final de la Unión Europea tal y como la hemos conocido".

El ECFR advertía en agosto del riesgo de que Le Pen dejara en Bruselas una "silla vacía" como cuando en 1965, De Gaulle, paralizó durante medio año la Comunidad Europea retirando a Francia de sus reuniones.

Dicho esto, hay quien ve margen para un final menos dramático.

Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group, considera posible un desenlace "benigno" en el que el primer ministro Donald Tusk resista en Polonia y una Meloni reelegida mantenga su pragmatismo, Rahman incluso cree que un gobierno de PP y Vox podría reforzar la cohesión europea frente a China o en el gasto de defensa.

"Para mí, todo depende de la cuestión francesa", dice. Y los votantes han demostrado este año que la ola tiene reflujo: Orbán perdió tras dieciséis años en el poder, los Demócratas de Suecia retrocedieron hasta el 17,7 % en septiembre y André Ventura, líder de Chega, perdió en febrero la segunda vuelta de las presidenciales portuguesas con un 33,3 %.

Entre la complacencia y el pánico hay un término medio. El asunto es si alguien está dispuesto a buscarlo.