Charlie Weimers, vicepresidente del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en representación de los Demócratas de Suecia, empezó el viernes a recabar firmas entre sus colegas de la Eurocámara para forzar una votación contra el partido europeo de la izquierda radical, según un correo electrónico al que ha tenido acceso Politico y han confirmado a EL ESPAÑOL los portavoces del grupo.
La propuesta pide a la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos (APPF) que examine si la Alianza de la Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) respeta los valores fundacionales de la UE.
En ese partido europeo militan La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, y Podemos, junto al Bloco de Esquerda portugués, la Alianza Rojiverde danesa o Izquierda Italiana.
La petición de Weimers es una respuesta desde la derecha a lo que está sucediendo en los últimos días en la calle y los institutos franceses.
El 1 de octubre, la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró, citando a los servicios de inteligencia, que los piquetes para impedir el acceso a los centros educativos son "una maniobra organizada por LFI y sus proxies de la ultraizquierda".
Desde su reforma de 2025, el reglamento europeo de partidos obliga a cada formación a garantizar que sus miembros respetan los valores del artículo 2 del Tratado de la UE: dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y derechos humanos.
Para llevar el caso al pleno, el ECR se ampara en el artículo 241 del reglamento interno de la Eurocámara, que establece que, si lo pide una cuarta parte de los diputados, en representación de al menos tres grupos, el parlamento está obligado a votar. Eso supone en la práctica conseguir180 firmas, y el plazo para reunirlas vence el viernes 16 de octubre.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, interviene desde la Asamblea Nacional.
La votación se celebraría en el pleno del 19 de octubre, según Politico. Si la Cámara aprueba la petición, la ELA podrá defenderse ante la APPF y será un comité de seis personalidades independientes, dos de ellas designadas por el propio Parlamento, quien emita un dictamen.
Corto recorrido legal; clara intención política
El objetivo, sin embargo, es un poco difuso y todo parece más una acción de propaganda que otra cosa. Lo más que puede hacer la APPF es borrar a un partido de su propio registro, lo que le haría perder su personalidad jurídica europea y la financiación comunitaria.
Ahora bien, eso solo se justificaría en caso de una violación "manifiesta y grave" y en ningún caso obligaría a su disolución. Además, la misma cuarta parte de la Eurocámara puede forzar, en los tres meses siguientes, una votación para readmitir al grupo parlamentario.
La ECR nació en 2009 gracias al empeño de los conservadores británicos y, tras el Brexit, su principal delegación es la de los Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni, seguida del polaco Ley y Justicia (PiS).
Giorgia Meloni, durante un mitin de su partido.
Completan el grupo, entre otros, los Demócratas de Suecia, la N-VA flamenca y el partido de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, Identidad-Libertades, Vox perteneció al grupo hasta julio de 2024, cuando se marchó a Patriotas por Europa.
Lo irónico del tema es que el mecanismo que ahora invoca la ECR apenas se había utilizado hasta este verano cuando una diputada insumisa promovió un proceso similar contra Europa de las Naciones Soberanas, el partido europeo que incluye, entre otros, a Alternativa para Alemania (AfD) y a Reconquista, el movimiento del francés Eric Zemmour.
Lejos de plegar velas, la ELA respondió de inmediato a las acusaciones.
"Estar del lado de los jóvenes que piden una educación mejor no es una violación de los valores de la UE", declaró su copresidenta, la eurodiputada portuguesa Catarina Martins, que acusó a la ECR, "cuyos propios miembros atacan constantemente esos mismos valores", de abusar de un procedimiento europeo para desviar la atención de las investigaciones anteriores contra la extrema derecha.
Aunque llegar al número establecido de firmas no parece que vaya a ser un problema —Weimers puede reunirlas con el apoyo de la llamada "derecha alternativa"—, la reprobación en el pleno necesitará del voto a favor del Partido Popular Europeo (PPE).
La oficina de su líder, Manfred Weber, ha declinado hacer comentarios y no se espera, desde luego, que vaya a ponerse a agitar ese árbol justo en momentos de zozobra para la derecha liberal-conservadora en casi todo el continente.
Techos que se caen, institutos que arden
Las protestas estudiantiles empezaron en Créteil, al sureste de París. El 17 de septiembre, los profesores del instituto Saint-Exupéry fueron a la huelga por falta de personal y, a raíz de aquel paro, sus alumnos empezaron a bloquear el acceso al centro.
La protesta saltó a otros institutos de la región parisina y, en menos de dos semanas, se extendió al resto del país. Los estudiantes se quejan de que los centros están en condiciones insalubres, con aulas saturadas, jornadas de ocho de la mañana a seis de la tarde y bajas de profesores que nadie cubre.
Manfred Weber, presidente del PPE.
Marius Mesnil, cosecretario general de la Unión Sindical de Institutos (USL), advertía este lunes a EFE de que seguirán movilizados hasta tener instalaciones "sin techos que se caigan ni ratas merodeando".
Ahora bien, como es habitual, la protesta pacífica ha derivado en una preocupante serie de disturbios en las principales ciudades francesas.
El 1 de octubre, ardió el vestíbulo del instituto Nelson Mandela de Nantes. En Marsella, unos individuos rociaron con gasolina a empleados del instituto Victor Hugo y unos jóvenes atacaron un camión de bomberos frente a otro centro de la ciudad, prendiéndole fuego.
En La Ciotat, a un profesor de 59 años le rociaron con gasolina y le dieron una paliza. Según el ministro de Educación, Édouard Geffray, 24 de los 735 centros afectados han sido "incendiados o saqueados" y 78 trabajadores de la educación han resultado heridos. El Ministerio del Interior contabiliza casi 5.000 detenidos desde el lunes 28 de septiembre.
A su vez, la actuación policial también ha dejado heridos graves. En Tours, un estudiante perdió la vista del ojo derecho tras unos enfrentamientos con los gendarmes y su familia ha presentado una denuncia.
Este mismo lunes, un alumno de 15 años del instituto de formación profesional Auguste-Béhal de Lens perdió una mano por la explosión de una granada a unos cientos de metros del centro, donde se había desplegado una compañía de antidisturbios.
El fiscal de Béthune, Étienne Thieffry, reconoció que no estaba "en condiciones de decir con seguridad si el alumno recogió la granada o si le fue lanzada por los agentes". La Inspección General de la Policía Nacional ha abierto una investigación.
Lecornu ha optado por jugar al palo y la zanahoria.
El domingo envió a sus ministros una hoja de ruta con cinco frentes a solucionar —sustitución de profesores, estado de los edificios, horarios, mejoras del sistema Parcoursup de acceso a la universidad y un aumento de la participación estudiantil en las decisiones de los centros— y les exigió unas propuestas preliminares antes de que acabe octubre.
Todos los sindicatos de profesores se han sumado ya a la protesta y hay convocada para este martes una nueva jornada nacional de movilizaciones.
Entretanto, la opinión pública parece tenerlo claro: según un sondeo de CSA para CNews, Europe 1 y Le JDD, realizado el 1 y el 2 de octubre, el 83% de los franceses quiere que la justicia persiga a los políticos que alienten la violencia de los estudiantes.
El verdadero papel de La Francia Insumisa
Aunque el Gobierno de Lecornu no ha hecho pública la evaluación de inteligencia en la que basa su acusación contra Jean-Luc Mélenchon y los suyos, sí ha filtrado parte de su contenido a la prensa.
Según Le Figaro, los servicios de la Prefectura de Policía de París hablan de acciones "inéditas", marcadas "por una voluntad manifiesta de desorden" y sin reivindicaciones sociales precisas.
Según France Info, hay similitudes entre estas acciones violentas y el llamado "blocus challenge" que el diputado insumiso Louis Boyard lanzó en marzo de 2023, durante las protestas contra la reforma de las pensiones.
Jean-Luc Melenchon, líder de Francia Insumisa, y el diputado Manuel Bompard a su llegada a la Asamblea Nacional en París después de la segunda vuelta de las elecciones francesas.
Por su parte, la TF1-LCI, sostiene que detrás de los alumnos están elementos de extrema izquierda de sindicatos estudiantiles y de organizaciones como Révolution Permanente o la propia LFI.
De hecho, hay que insistir, los dirigentes insumisos han hecho suyas estas protestas sin disimulo alguno.
El 21 de septiembre, Boyard y la diputada Clémence Guetté acudieron al instituto de Créteil y, cuatro días después, Boyard escribió que "el movimiento estudiantil debe extenderse".
El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, fue más lejos ante los micrófonos de BFM: "La violencia, en un momento dado, puede ser legítima", aunque añadió que, "si se puede evitar, mejor".
Dicho esto, LFI niega cualquier papel organizador. Su coordinador nacional, Manuel Bompard, acusó al gobierno de inventarse una conspiración y de tratar a los estudiantes como niños incapaces de movilizarse por sí mismos: "Este movimiento espontáneo nació de la exasperación ante unas condiciones educativas absolutamente indignas", afirmó.
Mélenchon aseguró que su partido está "a favor de los métodos de lucha no violenta". Eso sí, defendió la visita a Créteil: "Los diputados insumisos tienen esta particularidad respecto a los demás: cuando pasa algo, van a ver".
Pese a todo, el 55% de los franceses cree que los estudiantes que bloquean los institutos están siendo instrumentalizados por LFI.
Ione Belarra.
No deja de ser curioso que estas protestas se produzcan a la vez que la Puerta del Sol madrileña sigue ocupada desde el 26 de septiembre por una acampada en favor de la vivienda asequible.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha augurado un otoño de movilizaciones, aunque no se sabe aún contra quién.
Los vínculos entre LFI y Podemos vienen de lejos. Ambos se sientan en el grupo de La Izquierda de la Eurocámara, que copreside la insumisa Manon Aubry y en cuya dirección figura Irene Montero, y ambos fundaron la ELA en 2024 a partir de la declaración que firmaron en Lisboa, en abril de 2018, Mélenchon, Pablo Iglesias y Catarina Martins.
Un Elíseo muy escorado a la derecha
Marine Le Pen, que recuperó la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales tras la sentencia de apelación del 7 de julio, encabeza todas las encuestas, cuya primera vuelta se celebrará el 18 de abril de 2027.
El último barómetro de Ifop-Fiducial para Le Figaro, le otorga alrededor de un tercio de los votos. Por detrás, Édouard Philippe, el candidato de centroderecha de Horizons, aventaja a Mélenchon en todos los escenarios. El líder insumiso cae a una horquilla de entre el 14 y el 17%, una bajada notable desde agosto que tal vez explique su necesidad de agitar la calle.
Otras encuestas, sin embargo, dibujan un empate. Cluster 17, en un sondeo para Politico, situaba a Mélenchon y a Philippe igualados en torno al 19%, con Le Pen algo por encima del 30%.
La distancia recuerda a la de 2022, cuando el insumiso se quedó a poco más de un punto de participar en la segunda vuelta, con el 21,95% de los votos. Si esta vez lo consiguiera, las encuestas le auguran una derrota amplia. En el barómetro de Ifop de finales de agosto, Le Pen ganaba el duelo final por un 67% frente a un 33% de Mélenchon.
Pensar que estos movimientos en el Parlamento Europeo no tienen nada que ver con un intento de intervenir en la política interior francesa para desequilibrar aún más la balanza hacia la derecha sería demasiado inocente.
No en vano, la propia Maréchal afirmó recientemente que haría "todo lo que estuviera en su mano" para lograr que la Agrupación Nacional ganara las elecciones y Le Pen se convirtiera en la primera presidenta de ultraderecha en la historia de la V República.