"Imágenes como las que hemos visto en Ceuta no son tolerables, porque van exactamente en la dirección contraria al camino que hemos emprendido: nos hemos vuelto más estrictos, más firmes y más justos en la política europea de migración y asilo", denuncia el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner.
En la reunión del Consejo de Interior de la UE celebrada este jueves en Luxemburgo, un amplio grupo de Estados miembros -entre ellos Austria, Alemania, Países Bajos, Grecia y los países nórdicos- ha respaldado endurecer aún más el control migratorio mediante una reforma legal que permita suspender temporalmente los procedimientos de asilo y ejecutar expulsiones masivas en situaciones de emergencia como la provocada por la invasión de Ceuta.
"La crisis de Ceuta demuestra que nuestro sistema de inmigración y asilo todavía es vulnerable", ha lamentado el ministro del Interior de Dinamarca, el socialdemócrata Morten Bodskow.
La reforma la planteó por primera vez Ursula von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión del pasado 15 de septiembre tras subrayar que "la frontera de Ceuta es una frontera europea". La presidenta de la Comisión habló de un "nuevo marco europeo de respuesta a emergencias", cuyos contornos jurídicos aún no están muy definidos.
"La idea sería presentar una propuesta según la cual, en determinadas situaciones excepcionales -y Ceuta fue sin duda una de esas situaciones excepcionales- no se realizarían exámenes individuales de cada caso, sino que se decidiría claramente que esto no tiene que ver con el asilo en el sentido clásico", ha explicado el ministro austriaco.
"Si en un solo día, como evidentemente ocurrió allí, llegan alrededor de 70.000 personas, sobre todo hombres jóvenes, entonces es evidente que esto no tiene que ver con el asilo en el sentido clásico. Y si es así, tampoco se puede hacer frente a ello con las normas que tenemos actualmente", alega Karner.
"Cuando esté claro que no se trata de una situación humanitaria, sino de una situación provocada por traficantes, por bandas criminales, por contrabandistas, una situación basada en la desinformación, entonces debemos estar dispuestos a aplicar un procedimiento acelerado al margen de las normas de asilo", ha coincidido su homólogo alemán, Alexander Dobrindt.
"Tenemos que encontrar una vía jurídica para que, en situaciones como la de Ceuta, no lo llevemos al procedimiento de asilo, sino que encontremos una fórmula para abordarlo como una cuestión de control y gestión de fronteras", sostiene el ministro del Interior holandés, Bart van der Brink.
"Cuando los movimientos son provocados y utilizados como arma, como he dicho al principio, esto ya no es solo una cuestión migratoria; es, en realidad, una cuestión de seguridad. Proteger la frontera exterior es un deber existencial para cualquier Estado y también para nosotros, como UE", ha dicho el comisario de Interior, Magnus Brunner, en la rueda de prensa al final de la reunión.
"En situaciones excepcionales, tenemos que ser capaces de reaccionar con flexibilidad y rapidez", insiste Brunner.
Aunque la reforma está concebida como un traje a medida para responder al ataque de Ceuta y cuenta con un amplio respaldo entre los 27, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ha recibido con extrema cautela y profundo escepticismo y no se compromete a respaldarla porque tampoco cree que vaya a ser útil para la ciudad autónoma.
A España le preocupa que este nuevo mecanismo de emergencia erosione el derecho de asilo y vuelva a abrir el Pacto Migratorio, cuyo cierre ya fue extraordinariamente difícil, según fuentes diplomáticas.
Una versión que ha sido imposible contrastar de primera mano porque, en contra de lo que suele ser habitual en las reuniones de la UE, Grande-Marlaska se ha negado esta vez a comparecer ante la prensa en Luxemburgo.
En su lugar, su departamento ha difundido una nota en la que asegura que el ministro del Interior ha defendido a puerta cerrada que ninguno de los migrantes llegados a Ceuta ha alcanzado el continente. "El impacto ha sido cero", ha presumido.
Grande-Marlaska se ha quejado además de la "falta de solidaridad" de sus socios ante la avalancha migratoria, que, según ha denunciado, "debilita y fragmenta a la UE". El Gobierno de Sánchez reclama a sus socios europeos "solidaridad operativa, financiera y política" para hacer frente a las crisis migratorias.
Sánchez, solo en Bruselas
Pero mientras exigía esta ayuda, el ministro del Interior volvía a desmarcarse del consenso europeo en materia migratoria y votaba en solitario 'no' al nuevo reglamento de retorno, que permitirá crear centros de deportación fuera del territorio comunitario, siguiendo el modelo del acuerdo de Giorgia Meloni con Albania.
En contra de lo que esperaban algunos de sus socios europeos, el Gobierno de Sánchez se niega a rectificar su política migratoria de puertas abiertas pese a la avalancha sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio.
No obstante, el 'no' de Marlaska no ha tenido ningún efecto práctico, más allá de volver a poner de relieve su aislamiento en la UE en materia migratoria. La norma ha salido adelante con el voto a favor de 23 Estados miembros. Bélgica se ha abstenido y Dinamarca e Irlanda no han votado debido a las excepciones de las que disfrutan en materia de migración y asilo.
"Este importante reglamento acelerará los procedimientos de retorno de aquellas personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE", ha celebrado el ministro del Interior irlandés, Jim O’Callaghan, cuyo país ocupa la presidencia de turno.
Según el último informe aprobado por el Consejo de Ministros sobre Ceuta, el Ejecutivo de Sánchez sólo ha logrado ejecutar 449 expulsiones en los últimos dos meses, de las cuales apenas 131 se produjeron en la última semana, a las que se suman 7.794 retornos voluntarios. El Gobierno no ofrece datos sobre cuántos migrantes irregulares permanecen todavía en la ciudad autónoma.
Durante la reunión en Luxemburgo, varios países, entre ellos Dinamarca y Suecia, han vuelto a cargar contra la regularización masiva de migrantes aprobada por Sánchez, que un total de 22 jefes de Estado y de Gobierno consideran uno de los factores causantes de la crisis de Ceuta.
"Estamos en contra porque consideramos que genera un efecto llamada hacia Europa, y creemos que ese es el camino equivocado. Tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo aquí: aprobar una legislación que realmente nos proporcione mejores herramientas para devolver a las personas a sus países de origen o, al menos, fuera de Europa", ha zanjado el ministro del Interior de Dinamarca.
El siguiente pulso sobre la crisis de Ceuta se librará en el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre en Bruselas, donde Sánchez tendrá que defender ante sus homólogos europeos la respuesta de su Gobierno. Después, la Comisión presentará su propuesta legislativa para dotar a la UE de un mecanismo de emergencia que permita responder con mayor rapidez a futuras oleadas migratorias.