El Parlamento Europeo responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de la avalancha migratoria que sufrió Ceuta los días 30 y 31 de julio por el efecto llamada de su regularización masiva de migrantes y por ignorar las "reiteradas advertencias" de las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia.
En una resolución aprobada este jueves (por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones), la Eurocámara lanza además una advertencia clara a Marruecos por su papel en la crisis. "Cuestionar la soberanía española" sobre la ciudad autónoma -como han hecho varios ministros en Rabat en las últimas semanas- es "inaceptable" e "incompatible" con las obligaciones de un país socio de la UE.
La condena, patrocinada por el Partido Popular Europeo, ha salido adelante gracias al apoyo del resto de grupos de derechas de la Eurocámara y con el voto en contra de los socialistas, los verdes y las izquierdas.
A diferencia de lo ocurrido tras el anterior ataque migratorio contra Ceuta de 2021, esta vez los grupos políticos que conforman la 'gran coalición' en Estrasburgo han sido incapaces de pactar un texto conjunto. En aquella ocasión, PSOE y PP se pusieron de acuerdo para censurar a Marruecos por utilizar la migración "como medio para ejercer presión política" contra España.
Esta vez, los eurodiputados socialistas se han quedado solos en su rechazo a cualquier tipo de crítica a Rabat: de hecho, su proyecto de resolución -que ni siquiera ha llegado a votarse- elogia "los mecanismos de cooperación existentes entre España y Marruecos". El resto de grupos políticos -incluidos los verdes y la izquierda radical- han señalado la responsabilidad del vecino del sur.
La resolución aprobada este jueves "condena, en los términos más enérgicos, los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro".
La Eurocámara "insta a las autoridades marroquíes a que asuman sus responsabilidades como socio clave de la UE y cumplan sus compromisos relativos a la gestión de fronteras, el retorno y la cooperación en materia de migración".
"Dicha colaboración debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, en tanto que principio fundamental del derecho internacional y condición no negociable; cualquier declaración que ponga en tela de juicio la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio".
No obstante, el Parlamento Europeo ha rechazado varias enmiendas propuestas por el grupo Patriotas por Europa (al que está inscrito Vox) que reclamaban paralizar de inmediato las ayudas europeas a Rabat y suspender el Acuerdo de Asociación que tiene con la UE hasta que se resuelva la crisis.
El gesto más urgente que debe hacer Marruecos es facilitar "el retorno rápido y efectivo de todas aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados".
La Eurocámara denuncia que "Ceuta, con una población residente de aproximadamente 84.500 habitantes, ha sido invadida y ha visto cómo sus instalaciones de acogida, sus servicios sanitarios y sus infraestructuras han quedado al borde del colapso" y exige al Gobierno de Sánchez "que adopte con carácter urgente todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad".
En el debate previo celebrado el pasado martes en Estrasburgo, el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, también reclamó a Sánchez una "solución urgente" para repatriar a Marruecos los migrantes que todavía están en Ceuta. Por su parte, la presidenta Ursula von der Leyen ha anunciado una nueva ley de emergencia para facilitar devoluciones en casos de ataque migratorio.
El Parlamento Europeo reclama además al Gobierno de Sánchez que "coopere plenamente" y "apoye" la investigación judicial iniciada por la Audiencia Nacional para determinar la avalancha migratoria "podría constituir un grave atentado contra la integridad territorial de España".
La resolución de la Eurocámara incluye además una reprobación explícita de la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en línea con la carta crítica que firmaron el 1 de agosto 22 jefes de Estado y de Gobierno: todos salvo los de Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
El Parlamento Europeo "expresa su profunda preocupación por la política de regularización a gran escala aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes".
La regularización genera "la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal", lo que "fomenta nuevos intentos y socava la confianza en la política migratoria común de la UE".
"Las políticas nacionales, como las regularizaciones masivas, no pueden adoptarse sin tener en cuenta su impacto en los demás Estados miembros, en el espacio Schengen y en la UE en su conjunto", concluye el texto.
