España amenaza con bloquear la ampliación de la UE si el catalán, euskera y gallego no son reconocidos como lenguas oficiales europeas.
El ministro José Manuel Albares considera "impensable" aceptar nuevas lenguas oficiales en la UE sin resolver antes la petición española.
La propuesta española ha encontrado la oposición de una docena de países, liderados por Alemania y Francia, pese a que 20 Estados miembros no se oponen.
España se ofrece a cubrir los costes adicionales de oficializar las tres lenguas y plantea una incorporación gradual en la traducción de documentos europeos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este miércoles "impensable" que la Unión Europea pueda contar con nuevas lenguas oficiales a través del ingreso de países candidatos, sin que se haya resuelto la petición de que el catalán, el euskera y el gallego obtengan esa consideración.
"Somos totalmente favorables a la ampliación, por eso urgimos a resolver el asunto de nuestras lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera”, señaló Albares en un encuentro con la prensa en Bruselas.
El pasado 5 de septiembre, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ya afirmaron que España "apoya firmemente el proceso de ampliación", y que consideran "muy positiva" la incorporación de nuevas lenguas oficiales dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.
No obstante, subrayaron entonces que "no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego", razón por la cual consideraron que "urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE".
España llevará este asunto para su debate a la reunión del Consejo de Asuntos Generales (CAG) del próximo 22 de septiembre. Será la primera vez que se vuelva a abordar la cuestión a nivel de ministros de los 27 desde julio de 2025.
En aquel momento, el séptimo intento por parte de España, la proposición chocó con la férrea oposición de una decena de países capitaneados por Alemania.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, protagonizó un tenso enfrentamiento con su homólogo alemán, Gunther Krichbaum, según publicó EL ESPAÑOL.
España alegó en base a un informe de la Abogacía del Estado que no haría falta modificar los Tratados europeos para incluir como oficiales al catalán, gallego y euskera, pero Alemania respondió que "legalmente es imposible".
Según fuentes, la representación española adoptó entonces "una actitud bastante agresiva", lo que a ojos del resto de socios europeos supuso "un paso atrás" para sus aspiraciones.
El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023 como parte del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara un nuevo mandato de Pedro Sánchez. Trató de acelerar su aprobación aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Usando su potestad para fijar la agenda, llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales. A falta de avances, volvió a pedir la inclusión en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última con Dinamarca.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sostiene que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen a respaldar la oficialidad de las tres lenguas. En el Consejo de 2025, no obstante, fueron una docena de países los que se pronunciaron en contra.
Así, además de Alemania, los países que se opusieron explícitamente fueron Francia, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Irlanda y Croacia. Polonia, Austria y Luxemburgo también manifestaron sus reservas previamente. En cuanto a los países bálticos, no se habrían pronunciado por temor a perder el apoyo militar que les brinda España, publicó el Financial Times.
Tras el duro revés, el gobierno español cambió de estrategia y optó por la conciliación. En octubre de 2025, Albares anunció que abría "un diálogo" para dar "respuesta" a la petición española "de forma aceptable para todos los Estados miembros". Pero el 20 de mayo Johann Wadephul, ministro alemán de Exteriores, confirmaba que la postura de su país no cambiaba.
Una unanimidad improbable
El criterio de unanimidad ha sido hasta ahora el principal escollo con el que ha topado el Gobierno en su intento de cumplir su compromiso con Junts. Gran parte de la Unión teme que abrir la puerta al catalán, gallego y euskera siente un precedente para que lenguas minoritarias de todo el continente reclamen el estatus de oficialidad.
Para tratar de vencer reticencias, España se ha ofrecido a cubrir los gastos adicionales que la incorporación de estas lenguas implique para el erario. La Comisión Europea estima el coste en torno a los 132 millones de euros anuales, en base al antecedente del gaélico.
Además, planteó una incorporación gradual del catalán, euskera y gallego, por lo que únicamente se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo a partir del año que viene. Eso supondría transcribir únicamente un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.
Finalmente, el Ejecutivo español ha tratado de disipar los temores sobre las lenguas minoritarias defendiendo que él presenta tres lenguas cooficiales recogidas en la Constitución, empleadas tanto en el Congreso como en el Senado, y que ya se usan para traducir tanto tratados como buena parte de la legislación europea.