Pedro Sánchez propone solicitar a la UE que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas, algo que requiere el apoyo unánime de los 27 países miembros y una reforma de los estatutos comunitarios.
Actualmente, solo nueve territorios europeos disfrutan del estatus de región ultraperiférica, que otorga ventajas fiscales y ayudas especiales debido a su lejanía, insularidad o dependencia económica.
El proceso para cambiar el estatus de Ceuta y Melilla implicaría una compleja revisión de tratados europeos y la aprobación por todos los parlamentos nacionales de la Unión.
Algunos políticos y expertos advierten que Ceuta y Melilla no cumplen todos los criterios habituales de las regiones ultraperiféricas, lo que complica aún más su posible inclusión en esta categoría.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en su comparecencia ante el Congreso que solicitará a Bruselas que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Para cumplir esta promesa, no obstante, requeriría una amplia reforma de los estatutos comunitarios y el consenso unánime de los 27.
La Unión Europea reconoce únicamente nueve regiones ultraperiféricas, definidas como territorios europeos en "zonas muy alejadas del globo". Requieren de un régimen especial en base a su lejanía, su orografía, su clima, la insularidad y su dependencia económica de "unos pocos productos", según establece el Parlamento Europeo.
Los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que tres países miembros poseen regiones ultraperiféricas: España, Portugal y Francia. En el caso español se refieren a una comunidad autónoma, las Islas Canarias, y en el portugués a dos regiones autónomas, Madeira y las Azores.
Completan la lista los departamentos de ultramar franceses: Martinica, Mayotte, isla de Guadalupe, Guayana francesa e isla de la Reunión, más la colectividad de ultramar de San Martín.
También abre la posibilidad de transformar en regiones ultraperiféricas a otro tipo de territorios que mantienen vínculos constitucionales con estados miembros de la UE. Es el caso de Groenlandia con Dinamarca, Curaçao con Países Bajos o Nueva Caledonia también para Francia.
Esto ya ha ocurrido en el pasado: en 2014, el Consejo Europeo cambió el estatus de Mayotte de "territorio europeo de ultramar" a región ultraperiférica de pleno derecho. Y San Bartolomé recorrió el camino opuesto, perdiendo el estátus de RUP en 2011.
El portavoz de política regional de la Comisión Europea contestaba hoy al discurso de Sánchez: "El artículo 349 del Tratado establece que Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias se benefician de la condición de región ultraperiférica", informa Juan Sanhermelando desde Bruselas.
Vista de Fort-au-France en Martinica.
No obstante, admitía que "España puede, en cualquier momento, solicitar cambiar el actual estátus de Ceuta y Melilla".
El debate no es nuevo, ni se circunscribe al caso español. El nacionalismo corso trató hace una década de reivindicar ante Europa el derecho de su isla a ser reconocida como RUP para acogerse a las condiciones de autogobierno que contempla la Constitución de Francia para sus territorios del Caribe y Pacífico.
Los alicientes económicos que concede este régimen, con ayudas estructurales específicas y exenciones fiscales, también son reclamados por otros territorios insulares. El gobierno balear de Francina Armengol reclamó en 2019 junto a Córcega y Sardeña que la UE les otorgase condiciones similares por motivos de equidad.
Una complicada reforma europea
Sánchez ha recordado en su intervención que las ciudades autónomas se quedaron fuera de la unión aduanera cuando España ingresó en la UE para "evitar roces diplomáticos". Al presentar su plan de incluirlas como regiones ultraperiféricas, afirmó que "llegaba la hora de subsanar esta falta de ambición y lograr una integración plena".
Este recordaba hoy Jordi Cañas, que como europarlamentario de Ciudadanos presentó en 2022 un informe sobre la posibilidad de extender este reglamento RUP a las ciudades autónomas. El ejemplo de Mayotte de 2014 sería el "idóneo" para las ciudades autónomas, explica, porque permitió al presidente francés Emmanuel Macron aprobar el cambio en menos de un año.
En octubre de 2011, el mandatario dirigió su solicitud al Consejo Europeo. Tras un dictamen previo de la Comisión, el Consejo acordó enmendar el artículo 349 para incluir a Mayotte después de Martinica de forma a completar la lista de regiones ultraperiféricas.
En junio de 2025, la isla fue devastada por el tifón Chido. Eso llevó al Parlamento Europeo a aprobar un nuevo régimen de ayudas para las RUP como respuesta a la crisis climática.
La devastación causada por el tifón Chido en Mayotte.
No obstante, recordaba Cañas, el Tratado de Funcionamiento de la UE solo recoge esta 'vía rápida' para los territorios especiales europeos ya declarados como "ultramar". Son aquellos cuya distancia a su capital estatal abarca distancias de 1.000 o 1.800 km (Madeira, Canarias) a casi 10.000 km (Reunión).
Dado que no es el caso de Ceuta y Melilla, primero tendría que reformarse el Anexo II del TFUE. Y dado que no concurren en el caso de las ciudades autónomas los criterios de insularidad, clima adverso y lejanía, sería necesario un "replanteamiento" completo de la categoría de regiones ultraperiféricas.
Esto implicaría activar un proceso de Revisión del Tratado de Funcionamiento que pasaría primero por la presentación del proyecto, a validar por el Consejo Europeo, la Eurocámara, la Comisión y los parlamentos nacionales. La propuesta pasaría a continuación a una Convención de representantes de los 27 estados miembros y de los organismos comunitarios.
En caso de aprobarse por unanimidad, se pasaría al tercer y último paso: una Conferencia de los Gobiernos de los Estados miembros para aprobar de común acuerdo las modificaciones al Tratado. Y estas no entrarían en vigor hasta que todos los parlamentos nacionales las refrenden de acuerdo a las distintas constituciones.
Los anteriores intentos
Javier Celaya, diputado ceutí por el PP, subrayaba el pasado mayo la dificultad para conseguir este tipo de reconocimiento. "Lo que pedimos es que Ceuta y Melilla sean reconocidas como territorios prioritarios de cohesión, en igualdad de trato que las RUP, por parte del Consejo Europeo y la Comisión", declaraba a El Pueblo de Ceuta.
Entre los beneficios a los que aspiraban estarían el acceso prioritario a los fondos europeos de inversión y cohesión, las ayudas al transporte y desplazamientos, la flexibilización normativa, ayudas estatales e "incentivos a la inversión y al turismo".
No obstante, el mismo medio recogía la opinión en contra de Ana Oramas, exportavoz de Coalición Canaria en el Congreso. "Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones ni de aislamiento ni de lejanía. Además, habría que modificar la Constitución y el Tratado Fundacional, algo tremendamente complicado".
"¿Y por qué Ceuta y Melilla si, y no Lampedusa, Córcega o, por ejemplo, Groenlandia?", concluía Oramas.