Las claves
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El Gobierno de Italia ha aprobado este jueves un paquete de medidas sobre seguridad que van desde la "detención preventiva" de asistentes "peligrosos" antes de una manifestación pública a la prohibición de vender cuchillos o navajas a menores, con sanciones incluso para los padres o tutores.
"No son medidas propagandísticas, sino otra pieza de la estrategia que este Gobierno ejecuta desde sus inicios", ha declarado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de seguridad urbana compuesto por un proyecto de ley y por un decreto ley, este último un tipo de texto al que se recurre en situaciones de extraordinaria urgencia y que deberá ser revalidado en el Parlamento en 60 días.
El Ejecutivo ha justificado la pertinencia de estas normas tras la manifestación del pasado fin de semana en Turín (norte de Italia), que derivó en violentos choques y numerosos policías heridos, y por un reciente apuñalamiento en un colegio de La Spezia (norte), entre otros casos.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, explicó en una rueda de prensa los artículos más destacados de los 29 del proyecto de ley sobre seguridad, que en primer lugar pena con hasta tres años de cárcel quien lleve cuchillos o navajas en espacios públicos.
La venta de estas armas queda prohibida a los menores, también por internet, y en caso de que se les descubra con un cuchillo o una navaja, la norma sancionará a sus padres o tutores legales.
Dudas de constitucionalidad
Otro punto destacado de las normas, que ha suscitado dudas de constitucionalidad, es la introducción de la denominada "detención preventiva", es decir, la posibilidad de retener, hasta durante 12 horas, a un sujeto "de riesgo" para una manifestación pública.
Para ello, el texto -aún no divulgado, sino solo expuesto por el ministro- determina que la peligrosidad deberá estar avalada por los antecedentes penales del sospechoso o por hallarle en posesión de armas o con prendas que puedan servir para ocultar su identidad.
La redacción de este texto, clave en las intenciones de Meloni de reforzar la seguridad en las ciudades italianas, ha sido seguida por los técnicos del Palacio del Quirinal, la jefatura del Estado, debido a las dudas de constitucionalidad que suscita.
"Escudo criminal"
Otra medida que ha causado controversia es el llamado "escudo criminal", que establece que la inscripción en el registro de sospechosos ya no es automática para quienes actuaron con "causa justificante", como defensa propia, uso legítimo de un arma o cumplimiento de un deber.
El decreto, pensado sobre todo para las fuerzas del orden, también se extiende a las fuerzas armadas, los bomberos y otras categorías.
Para proteger al profesorado y al personal sanitario, el decreto dispone que los responsables de agresiones y violencia contra ellos podrán ser imputados por el delito de "lesiones a un agente de la policía judicial o a un agente de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones o con motivo del mismo" y esto conlleva una pena agravante de 2 a 5 años .
En caso de lesiones personales graves o muy graves, la pena aumenta de 4 a 10 años y de 8 a 16 años, respectivamente.
La oposición, en contra
De hecho, la oposición italiana ha calificado de "sólo propaganda" y "anticonstitucional" este nuevo decreto ley
"Parece otra operación represiva de propaganda de seguridad, que no contribuye en nada a la prevención ni ayuda a las fuerzas del orden a cumplir con su deber. De hecho, les dificulta la vida", ha explicado el diputado de Alianza Verde Izquierdas (AGV), Nicola Fratoianni.
El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y exmandatario, Giuseppe Conte, calificó de "un cascarón vacío" el decreto, pues "no se hace nada para aumentar el número de agentes, guardias de seguridad y controles callejero
La mayor formación opositora, el Partido Demócrata (PD), afirmó que "la emergencia nacional no son los bajos salarios, ni el aumento del precio del carrito de la compra, ni los millones de italianos a los que ya no les importa. Para Meloni, la emergencia es la prisión preventiva 12 horas antes de las manifestaciones. Quienes nos gobiernan ahora viven en la luna".
