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Las claves

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra varios países europeos por oponerse a su intento por adquirir Groenlandia.

El republicano amenazó con aplicar aranceles adicionales a partir del 10 % a los ocho europeos que harán maniobras militares en la isla ártica -Dinamarca, -Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, Noruega y Reino Unido- que ascenderían al 25 % en junio. Una amenaza que retiró este miércoles en Davos (Suiza) tras asegurar que había alcanzado las líneas generales de un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de la isla.

"Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación", anunció el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

"Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE", aseguró Lange en una rueda de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas aceptó aranceles del 15 % para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores - y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15 % en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto sine die.

Lange dijo que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan este jueves esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán este jueves si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano.

Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

Qué es la 'bazuca comercial'

El instrumento anticoerción del bloque comunitario, conocido como la 'bazuca comercial', entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y sólo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.

Por ejemplo, restricciones a las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.

Su puesta en marcha puede alargarse varios meses y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en llegar, aunque los plazos pueden acortarse si se quiere actuar con celeridad.

En primer lugar, la Comisión tiene hasta cuatro meses para comprobar que la UE se enfrenta a una coerción económica.

Una vez haya llegado a esa conclusión, los países de la UE tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno de al menos 15 países que representen al 65 % de la población.

Bruselas tendría entonces seis meses para plantear las represalias.