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Marine Le Pen comparece ante el tribunal de apelaciones de París por presunta financiación irregular del partido Reagrupamiento Nacional.
La Justicia francesa la acusa de desviar fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios para financiar su partido entre 2004 y 2016.
Le Pen fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación política, lo que pone en riesgo su candidatura presidencial en 2027.
Durante el interrogatorio, Le Pen defendió que el Parlamento Europeo nunca le reprochó las prácticas investigadas y cuestionó la existencia de un "sistema" de desvío de fondos.
Mientras la atención en Francia estaba puesta este martes en la aprobación de los presupuestos y en la capacidad de resistencia del primer ministro Sébastien Lecornu frente a las mociones de censura de la izquierda radical y la ultraderecha de Marine Le Pen, la líder del Reagrupamiento Nacional y otros dirigentes del partido comparecieron ante el tribunal de apelaciones de París por el caso de financiación irregular que persigue a las siglas del RN, rebranding del antiguo Frente Nacional.
La Justicia francesa acusa a la heredera de la ultraderecha nacional de ocupar el vértice de un "sistema" que, entre 2004 y 2016, desvió fondos europeos destinados a pagar a los asistentes parlamentarios hacia las cuentas de su partido, maltrechas en esa época tras la concatenación de malos resultados electorales. Un recurso a la desesperada para pagar las nóminas de sus miembros.
Los jueces cifraron el perjuicio económico a la Eurocámara en 3,2 millones de euros, tras descontar 1,1 millones ya reembolsados por algunos de los veinticinco acusados, de los cuales sólo diez apelaron la sentencia condenatoria de marzo del pasado año.
Fue entonces cuando un tribunal parisino condenó en primera instancia a Le Pen a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación política. Una sentencia que le impedía —y le impide— presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.
El duro revés judicial coincidía con su mejor momento en las encuestas y cuando acumulaba más fuerzas que nunca en la Asamblea Nacional, donde el RN cuenta 120 diputados. Era la rival a batir en las urnas para suceder a Emmanuel Macron. Desde el año pasado, sin embargo, su futuro político está en el aire.
El proceso de apelación que comenzó la semana pasada, y que se prolongará hasta el próximo 11 de febrero, puede arrojar algo de luz sobre el lóbrego horizonte judicial de Le Pen, sin embargo. La única alternativa encima de la mesa sería ceder el testigo a su delfín Jordan Bardella, más popular que su jefa en algunos sondeos, para que sea éste quien lidere la carrera por el Elíseo.
Cero reproches
En el interrogatorio de este martes en la primera sala del Palacio de Justicia de París, en la Isla de la Cité, la líder del Reagrupamiento Nacional, de 57 años, subrayó que "el término sistema [institucionalizado de desvío de fondos] me incomoda porque da la sensación de una manipulación".
Vestida con una chaqueta azul marino de mangas tres cuartos sobre una blusa azul claro escotada, Le Pen argumentó frente al tribunal que "los casos de los asistentes parlamentarios deben analizarse uno por uno, ya que me parece que responden a realidades muy diferentes".
La líder ultra, que encadenaba gestos de desaprobación ante las preguntas de la presidenta de la sala, la jueza Michèle Agi, según los cronistas franceses, argumentó que "la masa salarial del Frente Nacional no deja de aumentar en 2014, 2015, 2016. Si realmente hubiera habido la intención de aliviar al Frente Nacional, eso se habría notado por todas partes. No se nota en absoluto".
"Constato que, durante todo este período de diez años, el Parlamento Europeo nunca nos aconsejó ni reprochó haber tenido asistentes que, evidentemente, trabajaban con varios diputados y, a mi juicio, este conocimiento se ponía en conocimiento del Parlamento Europeo", insistió.
Antes que ella había respondido a las preguntas del tribunal su compañero Julien Odoul, una de las caras visibles de la formación de extrema derecha, que a diferencia de su jefa pasó algunos apuros. Y es que mientras el partido lo presentaba como "asesor especial" en la oficina de Le Pen, Odoul tenía un contrato como asistente de la entonces eurodiputada Mylène Troszczynski. Una prueba que abona las sospechas de la Justicia.
Al menos, Le Pen pudo celebrar este martes una buena noticia. En pleno interrogatorio, otra sala judicial la absolvió de una segunda causa en la que estaba implicada. La Justicia desestimó una acusación por injuria que había presentado en su contra una antigua alumna del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, a la que Le Pen vinculó al "islam radical" en un comentario en redes sociales fechado en marzo de 2019.