El Reino Unido ha comenzado a detener y preparar la deportación inmediata de migrantes llegados en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, en virtud del nuevo acuerdo migratorio sellado con Francia.
Se trata del primer paso del plan piloto "uno dentro, uno fuera", anunciado en julio por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
El miércoles, 155 personas cruzaron el Canal en botes inflables y fueron interceptadas por embarcaciones de la Fuerza Fronteriza británica en la costa de Dover.
Según confirmó el Ministerio del Interior, todos ellos son susceptibles de ser expulsados a Francia en cuestión de semanas, y varios ya han sido trasladados a centros de detención migratoria, como cuenta la BBC.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, no especificó cuántas personas habían sido ya detenidas, pero aseguró que el proceso está en marcha y que el gobierno resistirá cualquier intento legal de frenar las deportaciones.
“Francia es un país seguro, y defenderemos con firmeza cualquier desafío jurídico que se nos presente”, declaró.
El acuerdo bilateral establece que por cada migrante que el Reino Unido devuelva a Francia, el país galo podrá enviar a Londres a un solicitante de asilo que no haya intentado entrar de forma irregular.
Estos candidatos deberán cumplir con requisitos de seguridad y elegibilidad, y podrán expresar su interés a través de una plataforma digital gestionada por el Ministerio del Interior británico.
Expulsión rápida
El objetivo del Ejecutivo británico es realizar la propuesta de devolución a Francia en un plazo de tres días desde la llegada del migrante a su territorio.
Las autoridades francesas dispondrán de dos semanas para aceptar o rechazar el retorno. En paralelo, París podrá proponer a personas consideradas aptas para ser acogidas por Reino Unido.
Aquellos aprobados podrán viajar de forma segura a territorio británico y dispondrán de tres meses para solicitar formalmente asilo o un visado.
Durante ese periodo, no tendrán derecho a trabajar, estudiar ni recibir ayudas públicas, tal y como ocurre con los demás solicitantes de asilo en el país.
El gobierno de Starmer prevé lanzar en los próximos días una campaña informativa dirigida a los migrantes asentados en el norte de Francia y otras zonas de tránsito, con el fin de advertir sobre el nuevo sistema y disuadir los cruces irregulares.
Más llegadas
La presión sobre el Ejecutivo laborista no cesa. Según datos oficiales, más de 25.000 personas han cruzado el Canal en lo que va de 2025, un aumento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior.
Mientras tanto, la oposición conservadora ha criticado el pacto con Francia, calificándolo de insuficiente.
Chris Philp, portavoz de Interior del Partido Conservador, acusó al gobierno de cometer un “error imprudente” al desmantelar el polémico plan impulsado por los tories para enviar migrantes a Ruanda.
“Este acuerdo con Francia no será un disuasivo eficaz ni permitirá devolver a un número significativo de migrantes”, aseguró.
Una legalidad ajustada
La legislación británica e internacional impide expulsar a solicitantes de asilo a sus países de origen antes de que se resuelva su caso.
Sin embargo, sí permite transferirlos a terceros países considerados seguros, como Francia, siempre que estos acepten tramitar su petición de refugio.
“Quien entre ilegalmente en Reino Unido desde hoy debe saber que será detenido y devuelto”, advirtió Starmer.
“Cuando digo que haré todo lo posible por proteger nuestras fronteras, lo digo en serio”, remató el primer ministro.
El programa piloto tendrá una duración inicial de 11 meses y será evaluado antes de considerar su extensión.
En ese tiempo, el gobierno británico aspira a contener la presión migratoria, reducir el poder de las mafias y reforzar su control fronterizo sin recurrir a soluciones controvertidas como las deportaciones a África.