Va contra los migrantes y las minorías, contra el rearme europeo, contra la ayuda a Ucrania e incluso contra el empresario George Soros. No es Donald Trump ni Vladímir Putin, sino Viktor Orbán. El primer ministro húngaro lleva 15 años siendo el socio más incómodo de la UE, pero ahora, a medida que se acerca cada vez más a Rusia, está impulsando con mayor fervor una agenda ultranacionalista que se asemeja cada vez más al manual del Kremlin.
En los últimos meses, el Gobierno de Hungría ha impulsado normativas que tratan de restringir el control de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y el colectivo LGTBI+. Unas decisiones que han tensado la relación con sus socios europeos y que parece que están ahora a punto de desbordarse tras el último atropello: la prohibición de la manifestación contra la homofobia y la transfobia que estaba convocada para el 28 de junio.
Este veto se ampara en una controvertida ley aprobada el 18 de marzo por el Parlamento (donde el partido ultra de Fidesz tiene mayoría) que permite la posibilidad de restringir la libertad de reunión apoyándose en una norma de 2021 para la "protección de la infancia". Un argumento que el Gobierno ha aplicado para para vetar el Día del Orgullo, a pesar de negarlo. "En Hungría no existe la prohibición del Orgullo", insistía János Bóka, ministro húngaro de Asuntos Europeos, a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos en Brusela esta semana.
Pero lo cierto es que la legislación plantea una base legal para prohibir las marchas del Orgullo y permitir a la policía usar cámaras de reconocimiento facial para identificar a las personas que asisten e imponer multas. Un poco antes, en abril, se aprobaron cambios constitucionales que estipulan que Hungría reconoce solo dos sexos: "masculino y femenino".
Este último golpe autoritario parece haber colmado la paciencia de diecisiete países europeos –entre ellos España, Alemania o Francia–, que este martes han acusado a Hungría de contravenir los valores fundamentales de la UE en una declaración conjunta. Y no solo eso: también exigen a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen que tome medidas contra lo que consideran un ataque a "los valores fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos".
Un hombre participa en una protesta contra el proyecto de ley para reprimir a las organizaciones financiadas desde el extranjero, en Budapest, Hungría, el 18 de mayo de 2025.
El Ejecutivo europeo puede emprender acciones legales contra los Estados miembros si considera que están violando la legislación. Y aunque no es posible expulsar a un país del club, sí se le puede despojar del derecho a voto. Es el mecanismo conocido como "botón nuclear" del Tratado de la UE, el Artículo 7, que permite abrir un procedimiento contra un país en el que esté en riesgo el Estado de derecho, la democracia o los derechos humanos, e incluso retirarle el derecho a voto en el Consejo.
El problema, según numerosos analistas, es que no hay suficiente apoyo entre los 27 para dar ese paso –se necesita mayoría cualificada– en una Europa escorada cada vez más hacia la derecha.
De hecho, en 2018 se inició la primera fase de la "opción nuclear" contra Hungría por presuntas "violaciones graves" de los valores y derechos fundamentales del bloque. Pero el proceso se estancó por las divisiones políticas entre los países miembros.
En paralelo, el país ya acumula numerosas multas y denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por arremeter contra diferentes grupos sociales. Además, todavía tiene congelados 22.000 millones de euros de fondos europeos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban.
"La UE debería detener los fondos de la UE, aislar políticamente a Hungría y suspender el derecho de voto para que el gobierno de Orbán quede efectivamente excluido de los procesos de toma de decisiones de la UE y pierda importantes beneficios financieros", sostiene Thu Nguyen, directora adjunta del Centro Jacques Delors.
"Para liberarse de las garras de los gobiernos autoritarios a largo plazo, la UE debe eliminar las causas fundamentales de su propia vulnerabilidad al chantaje, esto significa reformar sus procedimientos de toma de decisiones y reducir los poderes de veto mediante la abolición del principio de unanimidad", opina la experta en un análisis.
La marcha del Orgullo continúa
Por ahora, la Comisión Europea sigue examinando la reforma legal con la que el Gobierno de Orbán pretende blindar la prohibición de las marchas del Orgullo. Aunque Bruselas ha advertido que "no dudará en actuar si es necesario", lo cierto es que las sanciones —si llegan— lo harán tarde.
Ante la inacción institucional, varios eurodiputados y representantes de gobiernos de la UE, entre los que se encuentra, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, han anunciado que viajarán a Budapest para respaldar la manifestación del Día del Orgullo. Y es que pese a la amenaza legal, diversas ONG locales han confirmado en un comunicado que saldrán a la calle y abogarán porque la marcha "sea más grande que nunca".